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Cuatro ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) serán interrogados por un fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de los andenes de la calle 116.
El llamado a interrogatorio se debe los inconvenientes que se han presentado en la finalización del contrato de la obra, el cual fue asumido en principio por el consorcio ID y cedido tiempo después a la firma Oceisa.
Los ex trabajadores del IDU que deberán responder por esa situación son: Ana Lucía Cruz, ex directora técnica de Espacio Público; Claudia Patricia Barrantes, ex asesora jurídica de la Dirección Técnica Legal; Inocencio Melendez, ex director técnico legal; y Tomas Eduardo Pachón, ex director técnico de Espacio Público.
En abril de 2008 los obreros se tomaron la calle 116 entre carreras 15 y 19 para construir andenes, renovar redes de servicios públicos y mejorar el espacio público de esta popular vía en el norte de la capital.
En 2007 fue firmado el contrato con la firma ID por $2.600 millones y en marzo de 2009 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) decidió dar por terminado el contrato con dicha firma.
En esa fecha el contratista, a quien le fue concedida una prórroga hasta marzo debido a los problemas que encontró en las redes de servicios (muchas de ellas instaladas en los años 50), había ejecutado tan sólo el 54% de la obra. En el 46% aún sin intervenir había problemas serios: excavaciones profundas sin cerrar, tubos mal emplazados, entre otras anomalías.
El IDU, amparado en la figura de la urgencia manifiesta (que fue avalada por la Contraloría en julio de 2009), escogió un nuevo contratista para finalizar los trabajos, la firma Oceisa. Entre abril y agosto de ese año, ésta se dedicó a cerrar huecos, poner losas y arreglar tubos.
Paralela a la recomposición estética, el nuevo contratista, al que se le asignó un presupuesto de $2.500 millones, emprendió una labor menos glamorosa y que, en últimas, arrojaría resultados preocupantes. Con cámaras de video recorrió las redes que ID había instalado y comenzaron a observar imágenes de tubos de agua atravesados por otros tubos, mal empatados, con grietas, sin el ángulo necesario para que el líquido fluyera, perforados por piedras y otros materiales, taponados con basura y un largo etcétera que, en últimas, obligó a Oceisa a intervenir las redes que se suponía ya estaban listas.
Para agosto de 2009, el 70% de los errores que se habían realizado estaba corregido, los andenes por fin se veían en su lugar, los escombros habían sido recogidos y los dueños de los locales respiraban algo más tranquilos.
De los $3.300 millones que costaba el contrato firmado con ID, el contratista sólo recibió $1.300 millones por cuenta de los atrasos en las obras que cada día se hacían más evidentes y que obligaron a la declaración de la urgencia manifiesta en marzo de 2009.
En resumen, la construcción comenzó en abril de año 2008 y tenía que estar lista en siete meses, sin embargo, luego de dos años la obra no ha finalizado por problemas con las redes de servicio público.
Al parecer, los trabajos podrían tardar otros siete meses. Mientras tranto el IDU busca jurídicamente recuperar los recursos que le fueron entregados al consorcio ID, quien justifica sus incumplimientos argumentando fallas por parte de la Administración Distrital.
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