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La controversia por las fotomultas en Bogotá sigue escalando. Mientras la Superintendencia de Transporte avanza en una investigación administrativa por presuntas irregularidades técnicas en cámaras de fotodetección, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y autoridades de tránsito de municipios como Zipaquirá salieron a defender la legalidad del sistema y a pedir que no se genere desinformación sobre una supuesta anulación masiva de comparendos.
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La investigación, conocida esta semana, involucra a cerca de 293.869 fotomultas impuestas en Bogotá, entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020, periodo en el que, según las autoridades nacionales, 128 cámaras “salvavidas” habrían operado sin contar con el concepto técnico metrológico exigido para validar plenamente su funcionamiento.
Durante ese tiempo, además, se habrían recaudado más de COP 70.000 millones por comparendos. En el caso de Cundinamarca, la Superintendencia de Transporte también investiga presuntas irregularidades relacionadas con la operación de estos sistemas, pues, según el ente de control, habría operado apoyándose en un concepto expedido a favor de un tercero, lo que no estaría permitido.
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El caso hace parte de una macroinvestigación nacional contra 37 organismos de tránsito y se sustenta en resoluciones expedidas por la Supertransporte, en las que se argumenta que la entidad tiene competencia para vigilar y controlar los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST).
En los documentos oficiales, la Superintendencia recuerda que las autoridades de tránsito están obligadas a garantizar el cumplimiento de criterios técnicos y legales para la operación de estos sistemas y advierte que, en caso de comprobarse incumplimientos, podrían imponerse sanciones económicas e incluso la devolución de recursos cobrados por comparendos.
El posible impacto para Bogotá
El panorama financiero podría ser delicado para Bogotá. Según cifras conocidas del proceso, el 36 % de los comparendos cuestionados ya habrían sido pagados, es decir, más de 107.000 multas, lo que abriría la puerta a reclamaciones por devolución de dinero. Además, cerca de 186.000 procesos seguirían activos y eventualmente podrían entrar en revisión. Sin embargo, tanto el Distrito como el Comité Técnico de Autoridades de Tránsito insistieron en que todavía no existe una decisión definitiva y que el proceso apenas se encuentra en una etapa inicial.
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En un comunicado oficial emitido este viernes, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que fue notificada formalmente de la investigación el pasado 19 de mayo, a las 4:30 p. m., y subrayó que la actuación administrativa “no constituye una decisión de fondo”. “La actuación administrativa deberá surtir todas las etapas previstas en la ley, incluyendo formulación de cargos, presentación de descargos, etapa probatoria y decisión final, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas”, señaló la entidad.
Agregó que actualmente está revisando el contenido jurídico y técnico de la resolución y precisó que, hasta ahora, el expediente administrativo ni siquiera contiene el listado exacto de comparendos presuntamente afectados. Defendió, además, la operación de las cámaras de fotodetección y afirmó que todos los dispositivos de Bogotá cuentan actualmente con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Para el Distrito, estos sistemas son una herramienta clave para prevenir accidentes y controlar excesos de velocidad. “Las cámaras de fotodetección permiten tener una capacidad de control permanente, mantener la vigilancia continua en puntos estratégicos sin depender exclusivamente de la presencia física de agentes de tránsito”, indicó la entidad. Incluso, la administración sostuvo que estos dispositivos han sido fundamentales para mitigar el exceso de velocidad, identificado como uno de los principales factores de riesgo en la ocurrencia de siniestros viales.
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“No se puede interpretar como una invitación al no pago”
A esta posición se sumó el Comité Técnico de Autoridades de Tránsito. En declaraciones entregadas a El Espectador, su presidente, Joan José Botello, pidió prudencia frente a las interpretaciones que se han generado alrededor del caso. “Los organismos de tránsito tenemos el derecho constitucional a la defensa y la contradicción. Por eso es la invitación muy especial a los medios de comunicación y a los líderes de opinión a no especular en el número o en la cantidad de comparendos afectados”, afirmó Botello.
El vocero explicó que las autoridades aún esperan que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia entreguen la relación concreta de comparendos que eventualmente entrarían en revisión, con el fin de adelantar una validación técnica y jurídica. “Dicho anuncio emitido por los organismos nacionales no puede interpretarse como una conducta de no pago o al incumplimiento de la norma”, agregó.
El Comité también enfatizó que, mientras no exista una decisión definitiva, los procesos de cobro coactivo continúan vigentes y las obligaciones de los ciudadanos frente a multas y comparendos siguen activas. “Seguiremos con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la norma y salvaguardar la vida de los colombianos en torno a la seguridad vial”, señaló el pronunciamiento.
El debate de fondo
De fondo, el debate revive una discusión que lleva años en Colombia: el equilibrio entre el uso de tecnología para controlar infracciones y las garantías jurídicas que deben existir para sancionar ciudadanos mediante sistemas automáticos.En las resoluciones conocidas, la Supertransporte insiste en que la vigilancia sobre estos sistemas busca precisamente proteger la legalidad de los procesos y asegurar que las ayudas tecnológicas operen bajo estándares técnicos confiables.
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Además, las investigaciones advierten que, si se comprueban irregularidades en la operación de las cámaras, las autoridades de tránsito podrían enfrentar sanciones económicas que incluso superarían lo recaudado por las fotomultas cuestionadas. Por ahora, el proceso sigue abierto. No hay comparendos anulados automáticamente, tampoco devoluciones inmediatas de dinero. Pero sí una investigación que podría convertirse en uno de los mayores remezones administrativos y fiscales recientes para los sistemas de fotodetección del país.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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