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“Yo me salvé, porque estaba atendiendo adentro del negocio, pero afuera se escuchó una explosión fuerte. Cuando salí, las imágenes eran duras: gente corriendo y heridos, muchos de ellos compañeros meseros”, relata uno de los empleados del establecimiento al que, en la noche del jueves, dos individuos en moto le lanzaron una granada.
Casi 24 horas después, en pleno viernes —cuando los bares esperan la mayor afluencia de clientela—, la carrera 16, conocida por su vida nocturna, lucía desierta, salvo por una leve actividad en algunos clubes aledaños, que se atrevieron a abrir. La explosión, además de sembrar terror, marcó un punto de quiebre en la tensa calma que empleados y transeúntes frecuentes describen como habitual.
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El barrio Santa Fe es uno de los sectores más antiguos y complejos del centro de Bogotá. Desde finales del siglo XX y con mayor fuerza en las últimas dos décadas, funciona como zona de tolerancia —o Zona Especial de Servicios de Alto Impacto (ZESAI)—, en la que existe cierto control sobre las actividades sexuales pagas.
Sin embargo, aunque las autoridades defienden que esta delimitación facilita la fiscalización, diversos estudios académicos subrayan que este entorno propicia dinámicas asociadas a economías ilegales, como el microtráfico.
En ese contexto, Santa Fe no opera solo como una zona de servicios sexuales pagos, sino como territorio para economías ilegales, donde la fragmentación institucional y la intervención estatal intermitente han permitido que los conflictos por el control del espacio se expresen cada vez de formas más violentas.
En efecto, trabajadores del sector y visitantes frecuentes, que hablaron con El Espectador tras el atentado, confirmaron la presencia de diversas prácticas delictivas asociadas al narcomenudeo, que operan bajo una capa de aparente tranquilidad. “Todo el mundo sabe de dónde viene la droga; dónde están ‘las ollas’, y quién las dirige, pero funciona con normalidad, porque lo importante es que la venta fluya y los negocios no cierren”, dicen.
Aquí todo el mundo viene y se divierte con la seguridad de que no le va a pasar nada, pero todos sabemos que esa seguridad tiene reglas que nadie se atreve a romper”, agrega una trabajadora sexual del sector, que pidió mantener su identidad en reserva.
Ollas y fronteras invisibles
El funcionamiento de las llamadas ollas es un elemento clave en este oasis de clandestinidad controlada. El término se utiliza para referirse al origen de las sustancias psicoactivas, que se distribuyen en el sector, es decir, al actor delincuencial que las comercializa.
Desde hace un par de años, el control del microtráfico en la zona se disputa entre estructuras criminales como los “Maracuchos”, pero también otras como Los Paisas y distintas facciones que, según un taxista que suele hacer carreras en el sector, suelen ser identificadas como “los venezolanos”, conocidos por ser muy celosos con “la droga que mueven y donde se consume”.
Este punto lo confirma la trabajadora sexual consultada por este diario, quien explica la dinámica de forma sencilla. “Todo el que consume y compra droga sabe de qué olla viene. Es fácil por los distintivos de las papeletas, el color (como el del tusi). Pero también por el bar donde se consume. Si usted no compró una bolsa de cierto color a los distribuidores de ese bar y lo ven consumiendo ahí, empiezan los problemas”, explica.
Por lo general, el inconveniente comienza con una advertencia o una intimidación que no pasa a mayores. En el mejor de los casos, se resuelve con la expulsión del consumidor que compró droga “no autorizada” del establecimiento.
Sin embargo, esta es apenas una de las capas que revela la disputa entre las bandas que controlan el microtráfico en la zona. Cuando hay reincidencia, cuenta la mujer, la situación se complica. “Ya toman represalias contra el consumidor. La semana pasada, a una de las muchachas le pegaron, le raparon la cabeza y la botaron a la calle malherida por fumar marihuana de otra olla, en un lugar donde mandaban los de la otra”.
Un cliente que vivió una situación similar narra cómo lo amenazaron con arma de fuego, en la oficina de uno de estos bares, hasta que dijo de dónde había sacado el tusi. ”Al final me quitaron la droga, me golpearon con la pistola en la cabeza y me advirtieron que no volviera a pasar por ahí”. Esta podría considerarse la segunda capa del mundo oculto de las drogas que opera detrás de los bares nocturnos y la actividad sexual paga en esta zona de tolerancia.
Luego aparece la tercera capa, la más profunda y, quizá, la más violenta. Es la que se activa cuando un distribuidor o banda delincuencial intenta vender droga traspasando las fronteras invisibles o las plazas establecidas entre los grupos que operan en la zona.
“En los últimos días hemos sabido del asesinato de cinco muertos que se movían por aquí. Todos sabemos por qué los mataron: seguramente por meterse a vender vicio en bares o a personas que ya estaban bajo el control de otra olla. Pero, al final, todos seguimos, comentamos que la cosa está caliente, pero no decimos nada”, cuenta otra trabajadora.
Las disputas
Esa lógica de control fragmentado y violento no es nueva. De hecho, responde a una disputa más amplia por el dominio territorial, en lo que expertos en seguridad denominan la “L del centro”, un corredor que va desde la calle 26 y atraviesa barrios como Santa Fe, La Capuchina, La Favorita, San Bernardo y Las Cruces.
Allí, explica Andrés Nieto, experto en seguridad e investigador de la Universidad Central, desde hace al menos dos años se viene gestando una confrontación entre estructuras criminales, que se reconfiguraron tras los golpes policiales de 2023 y 2024. “Hemos advertido disputas muy fuertes entre lo que se conocía como Satanás 2 e, incluso, la configuración de Satanás 3, en confrontación con los llamados costeños”, señala.
Según Nieto, estas disputas no se limitan al microtráfico, sino que atraviesan varias economías criminales, que se superponen en el territorio. “La confrontación se da en tres grandes situaciones: el secuestro exprés o paseo millonario; el microtráfico, y la extorsión. Incluso, con el alquiler de armas por horas”, explica.
Esta multiplicidad de negocios ilegales ayuda a entender por qué el control del espacio resulta tan sensible y por qué las reglas no escritas, que describen trabajadores y clientes del sector, se hacen cumplir con distintos niveles de violencia.
Para el experto, lo que ocurre en Santa Fe no puede leerse solo como una disputa por la venta de droga, sino como una lucha por el control integral del territorio y de quienes lo habitan. “Hoy lo que pasa en el barrio son mensajes de control territorial y ese control no está ligado solo a la droga, sino a las barreras invisibles y a los espacios de coordinación”, afirma.
En ese entramado entran los permisos para habitar el espacio público, las actividades sexuales pagas, el parqueo informal y los mercados que orbitan alrededor de la vida nocturna. Esas mismas “fronteras invisibles” son las que, en la práctica, determinan quién puede vender, consumir o simplemente circular sin consecuencias.
La ruptura de esos acuerdos tácitos, añade Nieto, explica el aumento de hechos violentos que sacuden periódicamente al sector. “Lo que hay es una disputa de bandas que quieren quedarse con el territorio y, al parecer, se han roto los acuerdos que se traían hace unos años”.
En ese escenario, la violencia deja de ser excepcional y se convierte en un mecanismo para reordenar el poder, enviar mensajes y reafirmar control. Así, atentados como el ocurrido el jueves no aparecen como hechos aislados, sino como síntomas de una disputa más profunda que atraviesa la cotidianidad del barrio y quiebra, una y otra vez, esa tensa calma que muchos insisten en normalizar.
Hipótesis
Horas después del atentado, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá, informó a la opinión pública que, en efecto, la hipótesis principal corresponde a la disputa territorial por el tráfico de drogas.
Si bien, en principio se llegó a hablar de un intento de extorsión, teniendo en cuenta que la modalidad de utilizar una granada también es habitual en este tipo de intimidaciones, Cristancho aseguró que la denuncia por este tipo de actos se realizó en junio del año pasado.
A pie de calle, en las calles de esta zona de tolerancia, todavía se cuestionan por qué el atentado se dirigió a un establecimiento en particular. Las fuentes consultadas señalan posibles choques por la venta de sustancias, aunque todavía todo se mantiene en el espectro de lo presunto y de las pesquisas policiales.
Cuando la violencia se convierte en el principal mecanismo de disuasión para proteger estos territorios invisibles, y cuando hechos como el del jueves empiezan a resquebrajar el statu quo del sector, saltan a la vista problemas estructurales que deben ser abordados desde la institucionalidad de una forma distinta a la actual.
Resulta inadmisible que esta zona, y en general las zonas céntricas de la capital del país, se conviertan en una especie del “Disney del crimen”, en donde se mueven drogas, explosivos y muertos bajo una mendaz bruma de normalidad.
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