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El desacuerdo entre el Gobierno Nacional, la administración distrital y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con respecto a quién debe asumir los costos de la construcción y el mantenimiento de la segunda planta para la recuperación del río Bogotá, tiene hoy en el limbo la recuperación de uno de los caudales hídricos más contaminados del país.
La triste noticia se conoció este miércoles, justo cuando se venció un nuevo plazo que la Contraloría les dio a las autoridades involucradas en el tema para buscar salidas a la preocupante situación ambiental. Según la Contraloría, ha habido avances parciales, entre ellos una jornada con más de 60 entidades de los 42 municipios por los que atraviesa el río, en la que se discutieron los insumos para desarrollar los Planes de Mejoramiento. Dichos grupos de trabajo deben presentar sus conclusiones al organismo de control para que éste evalúe la viabilidad técnica.
Pero lo preocupante no es la voluntad de las comunidades para ayudar, sino la falta de recursos para sacar adelante la idea. El proyecto costaría cerca de $7 billones, la mitad de los cuales serían para hacer y poner en marcha la citada planta. Bogotá sostiene que en todos los países con idénticas problemáticas es la Nación la que asume la construcción, posición que sigue en discusión. Por otro lado, así el Gobierno central pusiera la mayoría de los costos de la planta, se necesitaría una cifra equivalente para mantenerla en funcionamiento, carga que debería asumir el Distrito —dicen las otras partes implicadas— por ser este el primer beneficiario con el agua pura en el río.
Juan Ricardo Ortega, secretario de Hacienda del Distrito, aseguró a Caracol Radio que la capital no está en condiciones económicas para realizar la recuperación total de este afluente.
“La Corporación continúa avanzando en la consolidación de un préstamo con el Banco Mundial y en las mesas de trabajo con autoridades distritales, departamentales y nacionales, pero no podemos pronunciarnos frente al tema mientras el fallo del Consejo de Estado de 2004, con ponencia de Nelly Yolanda Villamizar, no sea aclarado”, dijo a su turno Diana Serrato, vocera de la Corporación Autónoma Regional (CAR).
La sentencia es del 25 de agosto de 2004 y recoge una serie de acciones populares falladas en contra de entidades como la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) por el vertimiento de aguas residuales al embalse del Muña, en Sibaté (Cundinamarca).
Mientras los entes territoriales se tiran la pelota, el proceso de saneamiento sigue siendo turbio y no se sabe de dónde saldrá la plata para que el río Bogotá pueda correr limpio de aguas negras.
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