¿Garrote contra zanahoria?

Los hechos: un enfrentamiento armado con cinco muertos de saldo, un consejo de seguridad convocado por el presidente Juan Manuel Santos, el despliegue y el aumento del pie de fuerza policial en la localidad de Usaquén, la captura de tres de los presuntos responsables de la balacera que desató el escándalo y la desaparición de un agente de la Policía atribuida en un primer momento a estos grupos delincuenciales y luego “esclarecida” con el hallazgo del cadáver y el dictamen de una “muerte accidental” hecho por Medicina Legal.

“Los Pascuales se encuentran en el punto medio entre una banda criminal y una pequeña banda delincuencial. No son una bacrim, pero se relacionan con éstas para adquirir la droga que luego venden en las calles; no tienen una presencia territorial consolidada con patrullajes y estructura uniformada, pero tampoco la necesitan, ya que controlan las economías ilegales y a algunas pandillas en un territorio”, sostuvo Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, en un artículo publicado por este diario el 17 de enero de este año.

Por otro lado, Gina Parody, alta consejera presidencial para Bogotá,  coincide con Ávila en que las bandas de Usaquén no pueden ser catalogadas como bacrim. Sin embargo, “en Bogotá, las autoridades no han identificado la presencia de bacrim, pero hay razones para prender las alertas sobre el crimen organizado y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los Pascuales en Usaquén operan con mentalidad mafiosa para tratar de controlar la venta de droga y presionar a los habitantes de la zona para que no denuncien”.

Pero hay quienes dicen que la visión del Gobierno y de los académicos está sobredimensionando a Los Pascuales y a las bandas de la localidad. Según el Ceacsc, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, que depende de la Secretaría de Gobierno del Distrito, estas bandas están muy lejos de tener características similares a las bacrim o de tener alianzas profundas con ellas.

“Los Pascuales y Los Luisitos son bandas delincuenciales, no mantienen alianzas corroborables con las denominadas bacrim. Son grupos que, con casi 40 años de existencia, no se han salido de la órbita barrial”, dice Rubén Darío Ramírez, director del Ceacsc.

Según el mismo funcionario, el consejo de seguridad que adelantó el presidente Santos, días después de la matanza de cinco miembros de esas bandas, fue una exageración. “Es un acto que genera una sobredimensión del fenómeno. Los consejos de seguridad, por lo general, se adelantan en circunstancias como las que se han vivido en el Cauca o con los paros armados en el norte y nororiente del país. Circunstancias que sí minan la gobernabilidad”.

Y es que, de acuerdo con investigadores sociales de la misma entidad, que está encargada de generar estudios en los que se basan políticas públicas del Distrito, como Henry Benavides, “a estos grupos delincuenciales no les interesa controlar territorio, tener el monopolio de rentas, ejercer poder político ni tienen una estructura piramidal”, como sí ocurre con las bacrim.

Por el contrario, “han tenido un comportamiento que se ha sustentado en el atraco, la pequeña extorsión y en el menudeo de drogas en un territorio muy reducido. Ellos no se asocian con una bacrim. Van a las zonas donde se produce base de coca y compran de a dos o tres kilos, con un contacto que les sugieren, los rinden acá, los venden y vuelven a comprar en esa u otra zona. La marihuana se la compran a campesinos. Eso no lo hace una megaestructura criminal”, sostiene el mismo funcionario.

Es más, en un informe del mismo Benavides sobre la criminalidad en Bogotá de 2011, se dice que el afán de los políticos y estudiosos del tema por generar categorías de análisis que engloben todos los actos delincuenciales de la ciudad “le han quitado importancia y pertinencia a la delincuencia común como la principal activadora de la violencia homicida, para darle paso a una categoría como: organización criminal”. Una tesis que impera en los estamentos gubernamentales y de policía para afrontar los problemas de seguridad de la ciudad.

Pero ese no es el único fenómeno criminal que preocupa a las autoridades policiales, de los gobiernos central y distrital. El diagnóstico del microtráfico y las acciones que contra él se han desarrollado en el sector conocido como el Bronx, por la Policía Metropolitana y la administración de la ciudad, pueden entrar en contradicción.

“La tarea de las autoridades no interfiere en la labor del Distrito. La obligación de la Policía consiste en atacar a las mafias que se aprovechan de los habitantes de la calle del Bronx, no a las personas vulnerables de esta zona”, dice Gina Parody, quien ha venido desarrollando actividades contra la pobreza y por la seguridad de los bogotanos.

Dos operativos policiales de gran envergadura durante este año han desatado una polémica. Si bien se han capturado a tres “ganchos” (distribuidores del microtráfico) y decomisado pistolas “matapolicias” y material bélico, existen dudas sobre el verdadero alcance de estas acciones, dado el enfoque que ha hecho la administración en los consumidores de droga como sujetos de derechos.

Para Ramírez, “si bien hay 3.500 consumidores de droga que habitan y están inmersas en las lógicas del Bronx, es necesario que la acción policial esté unida a la acción judicial. Esa acción policiva debe focalizarse en las personas que han victimizado a los habitantes de la calle a través del consumo y de las lógicas del microtráfico”.

Para el funcionario, sólo a través de la acción judicial se podrá saber cómo es el mapa delictivo de esa zona de la ciudad.

Sin embargo, ese diagnóstico está ahora en manos de la Policía. “El general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, ha ordenado un “inventario criminal” en la ciudad para determinar exactamente qué tipo de delincuencia está afectando a cada localidad, cuáles son los principales riesgos en materia de inseguridad y cómo combatir a las organizaciones delincuenciales que ya existen”, dice Parody.

Y es que, como cuentan los investigadores sociales del Ceacsc, el Bronx se ha configurado como un centro de consumo, más que un centro de distribución. “No se puede decir que de ese sector sale toda la droga que abastece a la ciudad. Según los cálculos que nosotros hacemos, sólo el 20% de la droga llega al Bronx y de allí se distribuye a los barrios periféricos. Podríamos decir que cada localidad se autoabastece”, dice Gerardo Bazante, del Ceacsc.

El problema radica en que, si bien la administración distrital ha diseñado un plan de impacto frente a la población habitante de la calle, enfocada en la garantía de los derechos humanos con programas como los Camad, los operativos policiales han resultado en una desbandada de pequeños expendios y de consumidores problemáticos de estupefacientes hacia otras zonas de la ciudad

Ambos sectores de la polémica coinciden en que la reducción de la criminalidad mediante la acción policial y las estrategias para tratar a los drogodependientes como sujetos de derecho no son incompatibles. Lo cierto es que, en materia de seguridad, la ciudad está enfrentando un reto que puede crecer o mutar si no existe una articulación entre las autoridades.