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Una serie de denuncias por presuntos abusos policiales ocurridos en el entorno del CAI del parque de Los Hippies, en Chapinero, vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos policiales en uno de los sectores culturales más reconocidos de Bogotá. Artistas urbanos, gestores culturales, comerciantes, habitantes de la zona y una defensora de derechos humanos aseguran que los casos no corresponden a hechos aislados, sino a una serie de detenciones cuestionadas, uso desproporcionado de la fuerza, amenazas y represalias contra quienes hacen seguimiento a los procedimientos policiales.
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Todo ocurre en medio de una disputa más amplia sobre quiénes pueden habitar ese espacio; cómo debe gestionarse, y hasta dónde llega la intervención de las autoridades. La discusión tomó fuerza después de que la Fundación Trípido difundiera testimonios de quienes aseguran haber sido víctimas de agresiones o actuaciones irregulares de uniformados en el sector.
Son relatos de artistas urbanos, gestores culturales y vecinos que frecuentan el corredor de Chapinero Central, zona que durante los últimos años ha sido promovida por las autoridades distritales como enclave cultural en donde, precisamente, el valor de la diversidad es uno de sus valores.
Uso excesivo de la fuerza y ausencia de enfoque de género
Uno de los episodios recientes ocurrió en la madrugada del 21 de junio (día de elecciones y ley seca). Cuentan que un grupo de 20 personas, entre artistas plásticos, muralistas y grafiteros caminaba por el sector, cuando se dio la intervención de las autoridades, tras un incidente relacionado con una pintada sobre una fachada. La situación escaló rápidamente y varias patrullas llegaron al lugar. Algunos integrantes fueron reducidos y esposados, en medio de insultos, empujones y un despliegue que califican de desproporcionado.
El grupo exigió explicaciones sobre los motivos del procedimiento y el destino de las personas retenidas. Para ese momento, señalan, había 15 uniformados atendiendo la situación. Durante los hechos, una mujer asegura haber recibido una descarga de pistola eléctrica, cuando intentaba hablar con uno de los detenidos, para seguir el procedimiento. Luego de caer al suelo, dice, fue golpeada, arrastrada del cabello y trasladada al CAI. Allí permaneció varias horas, mientras los uniformados hablaban de posibles cargos de vandalismo y daños a la propiedad privada.
La mujer sostiene que nunca participó en acciones contra bienes públicos o privados y que, durante la retención, no recibió razones jurídicas que justificaran su permanencia en el CAI. “Lo grave no fueron solo los golpes. Lo que queda es la sensación de que cualquiera puede terminar en prisión por preguntar qué está pasando”, señaló. El procedimiento terminó horas después tras la intervención de un grupo de veedores y defensores de DD.HH que documentaron irregularidades y evidencias del uso abusivo de la fuerza.
“De no haber contactado al grupo de profesionales que llegó a ayudarnos, no sé qué hubiera podido pasar con nosotros. ¿Qué pasa con los procedimientos que no tienen veeduría y en sitios menos expuestos que Chapinero?”, señala la mujer, quien advierte que varios de los uniformados tenían pasamontañas y se aseguraron de cubrir sus identificaciones institucionales.
La denuncia coincide con otros testimonios conocidos por organizaciones de derechos humanos. Como el propietario de un reconocido espacio cultural del sector, quien denunció haber sido golpeado por uniformados días después, en circunstancias distintas (a la salida de un concierto), pero también en inmediaciones del mismo cuadrante policial. Su caso está en proceso de documentación por organizaciones que acompañan a las presuntas víctimas.
Las denuncias de quienes intentan ejercer veeduría
A los relatos de artistas y gestores culturales se suma el caso de una abogada, de 30 años, defensora de derechos humanos y visitante constante del sector, quien asegura haber enfrentado consecuencias administrativas después de intervenir como observadora en un procedimiento policial. Según relató, el episodio ocurrió cuando presenció la retención de un joven cerca del CAI de Los Hippies y se acercó para verificar el procedimiento. Sostiene que se identificó como veedora, mostró sus credenciales profesionales y solicitó información. Sin embargo, recibió un comparendo y la amenaza otro más.
“A manera de represalia por intervenir, me aplicaron un comparendo supuestamente por no identificarme cuando justo eso estaba haciendo desde que me di cuenta de lo que esteban haciendo. Luego me amenazaron con ponerme otro por tráfico de influencias, por decirles que iba a llamar a un alto mando para que verificara la situación”, advierte la abogada, para quien el episodio plantea interrogantes sobre las garantías de los ciudadanos para realizar control social sobre la actuación de las autoridades. Su caso, se suma a las denuncias de organizaciones de derechos humanos que han acompañado algunos de los procedimientos realizados en la zona.
“La veeduría ciudadana existe para verificar que las actuaciones de la autoridad se ajusten a la ley. Si ejercer esa función genera represalias, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional. Ninguna persona debería tener que escoger entre ejercer control ciudadano o exponerse a una sanción. La observación de derechos humanos no puede entenderse como una provocación”.
Patrón que se repite
Para Gustavo Trejos, director de la Fundación Trípido y padre de Diego Felipe Becerra (el joven grafitero asesinado en 2011 por la Policía y cuyo caso mostró las fallas de la actuación institucional frente al graffiti en Bogotá), las denuncias muestran un patrón de comportamiento policial identificado que se caracteriza por el perfilamiento y la estigmatización de jóvenes, grafiteros, punkeros, defensores de derechos humanos, raperos, abogados y skaters, entre otras figuras del ecosistema diverso del sector.
“Tenemos evidencia del uso excesivo de la fuerza, que se manifiesta en golpizas en el suelo, arrastramientos, traslados ilegales y el uso de choques eléctricos (táser) sin seguir protocolos de género o de uso de la fuerza. Asimismo, cuando las víctimas intentan dialogar o argumentar con base en el conocimiento de sus derechos, los agentes lo asumen como una ofensa, lo que detona detenciones arbitrarias y un incremento en la hostilidad hacia ellos”, advierte Trejos.
Para justificar las detenciones y el llevar a los jóvenes al Centro de Traslado por Protección (CTP), Trejos afirma que en casos documentados por la organización, los patrulleros habrían utilizado figuras jurídicas más graves que las relacionadas con las conductas inicialmente observadas, lo que habría permitido justificar traslados o retenciones. En lugar de registrar infracciones menores como pintar grafitis con marcadores —las cuales solo dan para una amonestación o comparendo y no para detención—, “los agentes registran que los jóvenes participaban en riñas o cometieron agresión contra servidor público”.
Una disputa por el uso del parque
Las denuncias por los procedimientos policiales coinciden con una discusión más amplia sobre la manera como se está gestionando el espacio público en el Parque de los Hippies y sus alrededores. Para Katherinne Garavito, edil de Chapinero, los casos reportados deben analizarse con la implementación de la estrategia de gestores del orden, figura creada por el Distrito para intervenir conflictos en el espacio público.
Según Garavito, desde la llegada de estos funcionarios, han aumentado los cuestionamientos de habitantes y colectivos culturales que aseguran sentirse vigilados o estigmatizados. La edil afirma que algunos gestores han tomado fotografías de personas que consideran problemáticas y han trasladado esas alertas a la Policía, pese a que no tienen funciones sancionatorias.
“Para mí hay una relación entre la estigmatización que existe hacia ciertos sectores del parque y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. La intervención deja de partir del diálogo y pasa a partir de la sospecha”, señaló Garavito.
Más allá de los grafiteros
A los casos ya conocidos se suman otros testimonios. Aunque no todos han querido hacer públicas sus historias, varios coinciden en describir procedimientos agresivos, requisas consideradas arbitrarias y un uso de la fuerza que consideran injustificado. Las preocupaciones también se extienden al impacto que estos hechos pueden tener sobre la confianza ciudadana. Algunas de las personas entrevistadas afirman haber modificado sus rutinas cotidianas después de los incidentes y dicen sentir temor frente a nuevos encuentros con los uniformados involucrados.
la Fundación Trípido insiste en que las denuncias deben ser investigadas por los organismos de control para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias o penales. Por ahora, las organizaciones que han acompañado a las presuntas víctimas continúan recopilando testimonios y documentación sobre hechos ocurridos en el sector. La intención, explican, es establecer si se trata de eventos aislados o de un patrón de actuación que requiera intervención institucional.
Este diario consultó a la Secretaría de Seguridad, la cual indicó no tener conocimiento de estas denuncias e invitó a los afectados a usar los canales institucionales para dar a conocer los hechos. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha enviado una respuesta oficial.
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