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Desde hace varios años el hacinamiento carcelario es un tema sobre la mesa, en especial en Bogotá, donde están los índices de hacinamiento más complejos del país, al punto de que, actualmente, las cifras superan el número límite de reclusos permitidos en 175%.
En contexto: El jalón de orejas de la Personería a Minjusticia por el hacinamiento carcelario
A pesar de que el hacinamiento en cárceles es una problemática que por años ha retado a las autoridades locales y nacionales, este 2024, mes a mes, las condiciones carcelarias han empeorado considerablemente, agravando la ya deteriorada habitabilidad en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de Bogotá. Por ejemplo, de enero a mayo, el hacinamiento aumentó de 142 %, a 165 %, según halló el ente de control.
Con corte al 12 de julio de 2024, en los CDT se encontraban 3.296 personas privadas de la libertad, cifra que sobrepasa la capacidad máxima estimada para 1.227 personas. Lo más preocupante es lo que ha pasado este año: un aumento sostenido del hacinamiento. Para julio, el hacinamiento supera el 168 %, cuando en junio se encontraba en 161 %. Del total de personas privadas de la libertad, 611 son condenados; 2.643, procesados (imputados y acusados), y 42 son personas cobijadas por prisión domiciliaria.
Como se ve, la situación es insostenible, y con el tiempo, tiende a empeorar. Incluso el pasado 12 de julio, la Personería radicó un documento solicitándole, directamente al Ministerio de Justicia, acciones concretas para mitigar la situación.
“Es oportuno resaltar que la Policía Metropolitana de Bogotá ha informado que la imposibilidad de trasladar a las personas privadas de la libertad a los diferentes establecimientos penitenciarios y/o carcelarios, lleva a que se sobrepase la capacidad logística, presupuestal y humana de la institución, debiendo disponer de más de 400 policiales entre hombres y mujeres del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para cumplir labores de custodia, debilitando la disponibilidad de personal para la prestación del servicio de vigilancia en la ciudad”, indica el documento.
Con este contexto bajo la lupa, la solicitud que hace la Personería al Ministerio de Justicia es la siguiente: “La Personería Distrital de Bogotá se plantea la necesidad urgente de reubicar a las personas condenadas en dichos establecimientos, así como trasladar a su lugar de residencia a las cobijadas con la medida de prisión domiciliaria una vez sea instalado el mecanismo de seguridad electrónica, como un primer paso para disminuir los indicadores de hacinamiento”.
El hacinamiento sigue en aumento
Pese a la solicitud que la Personería de Bogotá le hizo a Minjusticia, los índices de hacinamiento continúan aumentando. El Espectador conoció las cifras de personas recluidas en los Centros de Detención Transitoria de la ciudad y, con corte al 8 de agosto, la evidencia muestra que el número de reclusos hacinados aumentó.
De 21 centros carcelarios, solamente en dos no hay hacinamiento; en el centro de detención de la localidad de Antonio Nariño, que tiene 46 presos de 50 permitidos, y en el centro de reclusión de Chapinero, que no está habilitado. En los 19 centros restantes, el común denominador es el hacinamiento.
Los casos más dramáticos se presentan en los centros de detención de Usaquén, con un 440%, San Cristóbal, con 374%, Usme, con 360%, Ciudad Bolívar, con 377% y Terminal, con 340%.
En total, de 1.227 reclusos posibles, actualmente hay 3.375, cifra que, comparada con los índices de hacinamiento del mes anterior, representa un aumento de 79 personas. De esas 3.375 personas, la gran mayoría, 2.675 se encuentran recluidos en calidad de imputados, 654 están condenados y 46 están surtiendo el proceso de revisión para establecer si es posible dictarles una pena domiciliaria.
Por otro lado, los centros de detención son custodiados por 367 policías, cuyo número representa a los integrantes de aproximadamente 184 cuadrantes.
Además de los problemas relacionados con la administración de justicia, pues uno de los problemas que propicia el hacinamiento tiene que ver con que los centros penitenciarios como La Modelo, o La Picota, por ejemplo, a donde deberían ser trasladadas las personas condenadas, tampoco dan abasto, los problemas de índole humanitaria son palpables.
Por la cantidad de personas que superan la capacidad logística y de espacio, el acceso a las duchas, a los sanitarios y a la comida, no es el adecuado. Juan, un hombre que duró recluido en la URI de Puente Aranda durante ocho meses, le contó a El Espectador su experiencia en este particular.
“Muchas veces los sanitarios se rebasan por la cantidad de gente. La comida a veces se nota dañada o cruda. Además, a quien no come, a veces lo castigan. Cuando estuve en el sótano éramos 120, y en la celda de al lado había 80 más. Para esas 200 personas solamente estaban disponibles tres duchas y tres sanitarios, hecho que generaba situaciones complejas de salubridad, como infecciones. Además de dormir unos encima de otros, casi que teníamos que hacer nuestras necesidades y bañarnos de la misma forma”, señala Juan, quien ya purgó su pena por violencia intrafamiliar. Esta situación, lamentablemente, se replica en la mayoría de los centros penitenciarios y de detención de la ciudad, e incluso del país.
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Entonces, ¿qué hacer?
Desde que empezó su administración, el alcalde Carlos Fernando Galán se ha referido al tema en varias oportunidades e incluso anunció un plan de mitigación de la problemática que consiste en la adquisición o arrendamiento de bodegas que cumplan con la función de centro de detención para evacuar las estaciones y las URI.
Por otro lado, la construcción de la cárcel Distrital 2, planteada para albergar 2.000 reclusos, se avizora como la solución más viable, y más cercana, pues los terrenos destinados para su construcción, ubicados en inmediaciones de la cárcel La Picota, ya fueron adquiridos por el Distrito.
En marzo de este año el alcalde Galán recibió el terreno de tres hectáreas en donde se construirá el centro penitenciario. Con la entrega del predio, se podrá empezar el proceso de contratación de estudios y diseños, para lo cual se anunció un presupuesto de $3.300 millones. Posteriormente se contrataría la obra, cuya inversión prevista es de $280 mil millones.
“Recibimos el predio para avanzar este mismo año en la contratación de estudios y diseños, para poder iniciar la construcción a principios del año entrante y entregar así en el curso de los próximos 3 años lo que será esa segunda Cárcel Distrital para la ciudad”, afirmó Galán durante el acto de entrega del predio.
Según anunció el Distrito, “La Cárcel Distrital II contará con los más altos estándares internacionales en temas de atención integral a las personas privadas de la libertad, seguridad e infraestructura, así como actualmente funciona la Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres, administrada por el Distrito y certificada a nivel internacional por la Asociación Americana de Correccionales – ACA (por sus siglas en inglés)”.
2.700 cupos carcelarios nuevos
Por otro lado, el pasado viernes 9 de agosto, el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La reunión se produjo luego del jalón de orejas que, hace un par de meses, la Personería de Bogotá le hizo al ministerio por el tema del sobrecupo en las estaciones de Policía y cárceles de la capital.
Entre otros temas, el punto clave del encuentro fue la situación de hacinamiento carcelario que presenta la ciudad. Los anuncios dejaron buenas sensaciones de cara al trabajo conjunto entre Distrito y Nación para enfrentar la problemática.
Se anunció que el Gobierno Nacional se encuentra realizando un estudio con la Sociedad de Activos Especiales con el fin de identificar predios que puedan facilitar el aumento de cupos carcelarios. Entre tanto, mientras se realizan los análisis, se habilitarán 2.700 cupos de detención en el transcurso de los próximos meses.
Por otro lado, según anunció el alcalde, el Ministerio de Justicia se comprometió a revisar la propuesta de crear centros de reclusión especiales en donde se trabaje de la mano con entes privados, propuesta que a mediano y largo plazo busca enfrentar el hacinamiento.
Así las cosas, parece que el panorama que viene respecto a esta problemática es esperar a que el plan de choque anunciado por la Alcaldía comience a andar y que la construcción de la segunda fase de la cárcel Distrital se materialice, hecho que hasta ahora se vislumbra demorado, pues no hay una fecha estimada de entrega ni de inicio de obras.
Entre tanto, como explica este artículo, los índices de hacinamiento y las condiciones humanitarias de las personas privadas de la libertad, empeoran mes a mes.
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