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Bogotá logró en 2026 reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía a menos del 50 %, pero el problema está lejos de resolverse. Muchos de los centros de detención transitoria, diseñados para estadías de máximo 36 horas, se han convertido en lugares de permanencia extendida, generando sobreocupación; deterioro del sistema carcelario, y en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. La experiencia de la capital revela los retos que representa, no solo articular el sistema penitenciario y mantener las estaciones sin sobreocupación, sino contar con procesos judiciales ágiles y con garantías.
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Hace un año la capital reportaba una situación crítica de hacinamiento en las estaciones de Policía: con una capacidad máxima para 1.227 capturados, la ciudad albergaba más de 3.280 en sus centros de detención. Algunos casos extremos como personas que acumulaban hasta cuatro años en estaciones transitorias, llevaron al Distrito a intervenir en el sistema. Aunque entonces la Personería de Bogotá alertaba de sobreocupación en las estaciones del 167 %, hoy se mantiene el hacinamiento sobre el 45 %.
Y es que el hacinamiento en centros carcelarios es un fenómeno que no cesa año a año en Colombia. Situación que se perpetúa en contravía a la visión que le ha dado la Corte Constitucional, la cual ha reconocido el hacinamiento histórico en centros carcelarios del país (incluyendo las estaciones de Policía) como un “estado de cosas inconstitucional”, es decir, una situación estructural de vulneración de los derechos de los detenidos. Bajo esa línea, la ciudad tiene también el deber de reducir el hacinamiento en estaciones de Policía que están a su cargo, lo que implica acelerar procesos de justicia y un constante “tire y afloje” con el sistema judicial de orden nacional.
“Bogotá se tomó muy en serio la protección a la población privada de la libertad y al cumplimiento de las órdenes de la Corte. Estas se resumen en la sentencia SU 122 del 2022, donde se le ordena a los entes territoriales y al Gobierno Nacional tomar acciones de coordinación conjuntas para resolver el problema. En ese marco, se encontraron vacíos en los procesos de detención, ante lo cual, la ciudad diseñó distintas líneas operativas, jurídicas y otras asociadas a infraestructura”, señaló Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Distrito.
Cabe aclarar que, en el caso de Bogotá, uno de los antecedentes que aceleraron el hacinamiento en las estaciones, fueron las políticas en la pandemia, temporada en la que el Gobierno decidió no permitir el ingreso de personas de estaciones de policía a los centros de reclusión del orden nacional. Según la subsecretaria, el rezago que comenzó en pandemia se prolongó hasta la actual administración distrital: “eso dinamitó una condición que no tenían las estaciones de policía del todo resuelta, porque antes de eso ya estaba desbordado el número de personas en las carceletas de las estaciones de policía”.
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Tecnología y presión jurídica
La búsqueda de reducir el hacinamiento puso en relieve un problema estructural: la falta de información consolidada del sistema. Las entidades no tenían claridad sobre cuántas personas estaban detenidas, cuánto tiempo llevaban o en qué etapa del proceso se encontraban. “Esto impedía tomar decisiones oportunas y facilitaba la acumulación en estaciones de Policía, además de dificultar la implementación de estrategias como las audiencias virtuales en unidades móviles que propuso el Distrito. No se sabía con precisión quiénes estaban detenidos: nombre, cédula, delito, número de proceso y estado judicial”, añadió Toro.
Ese desorden en los datos dio origen a una aplicación desarrollada junto al Consejo Superior de la Judicatura e institucionalizada por presión de Bogotá. Esta permite identificar y hacer trazabilidad de cada persona privada de la libertad. La herramienta, conocida como PP Connect, fue creada en un comité de deshacinamiento, cuando Bogotá tenía cerca de 3.900 a 4.000 personas detenidas en estaciones de Policía, con niveles de hacinamiento del 167 %. Hoy, tras su implementación en 2025, la cifra se ha reducido a alrededor de 1.700 personas en el sistema.
Aunque las medidas del Distrito han logrado reducir el hacinamiento, su alcance tiene límites. Uno de los hallazgos más relevantes de la aplicación es la identificación de personas que llevaban entre 500 y hasta 2.000 días detenidas en estaciones de Policía, es decir, casos de hasta cuatro años sin resolución. Aunque la herramienta hace visibles estos casos ante jueces, fiscales y defensores, permitiendo acelerar decisiones y desocupar las estaciones, esto pueden terminar en condena o, muchas veces, en libertad.
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Adicional, mientras algunas estaciones ya no presentan sobreocupación como Chapinero, Antonio Nariño y la del Terminal de Transporte, otras localidades aún registran presión sobre el sistema, aunque en niveles más bajos frente a meses anteriores. Es el caso de Santa Fe, con 17 %; Kennedy, con 30 %; Engativá, con 28 %; Los Mártires, con 8 %; y Puente Aranda (SIJIN, piso 2), con 9,7 %, lo que evidencia una reducción significativa pero todavía desigual en la ciudad.
Otro reto más es que, aunque Bogotá desahogue sus estaciones y organice su población sindicada, sigue dependiendo de que entidades como el sistema carcelario nacional y de que jueces y fiscales avancen en los procesos. En ese contexto, las estrategias distritales funcionan como mecanismos de contención, pero no resuelven por sí solas un problema que supera el ámbito local.
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Por Juan Camilo Parra
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