Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este lunes, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, llamó la atención de las autoridades respecto al trabajo que se adelanta en las Inspecciones Policiales de cada localidad. En primer lugar, el ente de control halló que los inspectores de 18 localidades, excepto Sumapaz y LaCandelaria, tenían asignados 60.312 comparendos para resolver. En segundo lugar, encontró 56.597 querrellas relacionadas con otros asuntos trabados.
De acuerdo con la funcionaria, el balance encontrado por la Personería demuestra que hay una saturación administrativa en Inspecciones de Policía que niegan el derecho al debido proceso para los presuntos infractores, ya que atenta contra sus bolsillos y su derecho al trabajo.
(Lea: Nuevo centro de atención a la comunidad de la Personería de Bogotá)
«La Personería de Bogotá encontró que las Inspecciones de Policía de la ciudad tienen más de 116.000 expedientes sin resolver, generando un represamiento administrativo que no permite la implementación adecuada del Código de Policía y Convivencia, ni cumplir con su función de resolver los conflictos entre vecinos que ocurren en la capital», aseguró Castañeda.
Además, el ente de control señaló que, a junio, laboraban 61 inspectores de policía para cubrir los requerimientos de la ciudad, cuando deberían ser 80 los que tendrían que operar de manera permanente, según el decreto distrital 606 de 2017.
(Lea: Personería de Bogotá indaga circunstancias de la muerte del periodista Mauricio Orjuela)
Sin embargo, está no es la única falencia sobre la que llamó la atención el ente de control, pues advitió que las audiencias públicas en las que se citan a los presuntos infractores, están siendo programadas tres a doce meses después, por cuenta del represamiento administrativo, lo cual va en contravía de los cinco días hábiles de plazo que establece el Código de Policía y Convivencia
Así mismo, según la Personería, se pudo evidenciar la existencia de fallas en la plataforma tecnológica “Si Actúa II”, inadecuados espacios físicos y tecnológicos para el desarrollo de audiencias públicas y falta de recurso humano que se traduce en exceso de carga laboral.
No obstante, Castañeda señaló que hay una vulneración al debido proceso que viola el derecho a la légitima defensa, debido a que la Policía da informacióna los infractores de los recursos de ley y los términos que tienen para presentarlos. «Ante la falta de un criterio unificado sobre el procedimiento y el modo de notificación de los comparendos, la persona infractora desconoce cómo va aumentando día a día su infracción, lo que estaría afectando el patrimonio de esa persona«, añadió.
(Lea también: Personería de Bogotá habilitó sus 20 sedes para el censo de ciudadanos venezolanos)
Es por ello, que la Personería hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a tomar acciones urgentes para evitar que se deniegue el derecho a la justicia de los presuntos infractores, tras la desmedida saturación administrativa de las Inspecciones de Policía.
Respecto a las múltiples falencias señaladas, el ente de control de Bogotá sugirió la unificación de lineamientos administrativos, en la asignación, notificación y toma de decisiones sobre los comparendos, donde se involucre a la ciudadanía, la Policía, alcaldías locales e Inspecciones de Policía.
* * *
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook:
Conoce más