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El Fondo de Vigilancia avanza en el proceso para establecer si existe alguna causal de nulidad para terminar unilateralmente el contrato con Infotic, interventor del convenio con la ETB para la modernización de la Línea 123. Y cómo la terminación parece un hecho, el cuestionado convenio quedará sin vigilancia externa y sería el propio Fondo el encargado de esta tarea. El proceso no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, y como es obvio, para los directivos de la firma interventora, la forma y los motivos que argumenta el Fondo para la terminación del contrato, no solo son arbitrarios, sino que rayan en lo ilegal. Por eso, Jaime Parra, representante legal de Infotic, anunció que demandará al Distrito.
Y es que los argumentos con los que el Distrito abrió el proceso de terminación del contrato, según Parra, no tienen sustento legal y, más bien, esconden otros intereses. El Fondo de Vigilancia les abrió inicialmente el proceso por un posible conflicto de intereses, por ejecutar al tiempo un contrato de integración de cámaras privadas con el sistema de videovigilancia de la Policía, y el convenio de la interventoría. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, apareció un nuevo cargo: buscan establecer si se suscribió un contrato con violación directa de una norma. Especialmente, por subcontratar a la firma Cosinte, quien apoya la interventoría.
Según Parra, quieren establecer que la contratación de Cosinte fue irregular, por los supuestos vínculos que pueda llegar a tener esta firma con la empresa Estrategia y Defensa (E&D), que es uno de los que ofertó para quedarse con el contrato que adjudicará la ETB para modernizar la Línea 123. “Nosotros ya hicimos una verificación y estas empresas no tienen actualmente ningún vínculo comercial. Pueden conocerse, como se conoce todo el mundo en el sector de defensa, pero no tienen relación. Pero eso no es una irregularidad para terminar el contrato”, agregó
“Estábamos cumpliendo nuestro contrato. Es más, no lo terminaron por incumplimiento, sino por otras causas que son bastante cuestionables. Finalmente, todo este asunto, lo tendrá que dirimir la justicia”, concluyó Parra.
De acuerdo con Mery Gutiérrez, jefa jurídica del Fondo de Vigilancia, por ahora la entidad no se puede pronunciar frente al tema hasta que no exista una decisión definitiva. Sin embargo, aclaró que no se trata de un proceso de caducidad, sino de establecer si existe una causal de nulidad para la terminación unilateral del contrato. Al preguntar si están adelantando alguna actuación administrativa frente al convenio de la ETB, respondió que no.
Críticas
Jaime Parra habló con El Espectador.
¿Por qué el Fondo de Vigilancia quiere terminar el contrato con Infotic?
Debo aclarar que no es por incumplimiento. Dijeron que por haber tenido al tiempo un contrato para integración de cámaras privadas con el sistema de la Policía y contrato de la interventoría de la modernización de la Línea 123. Dicen que podríamos incidir en la elección de la firma que se encargará de la modernización, algo imposible, porque no son dos temas tangenciales. Quieren demostrar un conflicto de intereses de dos contratos que ellos mismos nos adjudicaron. ¿Y por qué nos adjudicaron esos contratos? Porque simplemente no hay ningún conflicto.
¿Pero hay un nuevo cargo?
Iniciaron el proceso por el supuesto conflicto de intereses y ahora cambiaron el argumento a una indebida celebración de contratos, dizque porque usamos terceros para ejecutar el contrato de interventoría. Para ellos, lo que hicimos fue ceder el contrato sin avisar al contratista, algo que no es cierto. ¿Que si acudimos a terceros? Claro y los contratamos con todo un proceso transparente. Pero ¿cuál es la diferencia de nuestro contrato al subcontrato que tiene ETB con Itelca, para operar la línea 123? Ninguno.
¿Se trata del contrato con Cosinte para trabajar en la Interventoría?
Sí. Y lo que quieren decir es que Cosinte, que fue el que contratamos, tiene intereses en el contrato que va adjudicar la ETB para la modernización de la Línea 123. Dicen que esta empresa tiene un supuesto vínculo con la empresa Estrategia y Defensa (E&D), que fue una de las empresas invitadas a presentar ofertas a la ETB para modernizar la Línea 123. Nosotros ya hicimos una verificación y estas empresas no tienen actualmente ningún vínculo comercial. Pueden conocerse de antes, como se conoce todo el mundo en el sector de defensa, pero no tienen relación.
¿Y en el pasado?
No hicimos esa validación. Pero el tener un vínculo en el pasado, como hacen muchas empresas, tampoco quiere decir que sea algo irregular. Y si lo tuvieron, eso no es pecado. ¿Por qué quieren mostrar que nosotros tenemos una intención de direccionar el contrato? Esa no es algo que esté en nuestras manos. Nosotros simplemente nos limitamos a vigilar lo que acuerden y contraten la ETB y el Fondo.
¿Qué piensa de esto?
Es una clara persecución. Nos buscan la salida y no sabemos con qué intención. No sabemos qué intereses hay en el Fondo de Vigilancia. Como interventores hemos dejado en evidencia varias anomalías en el convenio del Fondo con la ETB para la modernización de la Línea 123. No sabemos si eso esté generando una molestia a alguien más, pero no vemos qué otro motivo puedan tener para que nos quieran sacar arbitrariamente. En el Fondo están hilando algo que no existe. De hecho, no está prohibido subcontratar. Incluso, la ETB lo hace con Itelca. Están tomando la ley por su cuenta. No están actuando en derecho. Y sabemos, que al ver lo arbitrario que ha sido el proceso, van a terminar el contrato lo antes posible.
¿Es cierto que hay un nuevo anexo técnico en el que ya eliminaron la geolocalización?
Nos comentaron algo de eso, pero no lo conocemos. Al menos, los documentos que manejamos como interventores, no tenemos nada de eso.
¿Han tenido acceso a todos los documentos?
El Distrito ha dicho que tiene todos los anexos del convenio de la modernización. Sin embargo, nosotros, que debemos vigilar el proceso, no los conocemos. Los hemos pedido en varias oportunidades y no nos han respondido. Y la ETB viene cobrando un servicio que han prestado, pero nosotros no hemos tenido acceso a los instrumentos necesarios para autorizar los pagos.
¿Es decir, no existen anexos técnicos ni financieros cómo se ha denunciado desde el principio?
No los conocemos y en ese sentido, para nosotros no existen. Pueden existir, pero cuando los hemos pedido para hacer la interventoría, no lo han entregado. Dicen que hay borradores, que están en ajuste, pero ni a esos hemos tenido acceso.
¿Desde el escándalo, les han impedido el trabajo como interventores?
De alguna manera. Por un lado, no nos han entregado los documentos que solicitamos para hacer una adecuada interventoría. Y en las instalaciones del NUSE, cómo se lo hicimos saber a la directora del Fondo, hemos encontrado cierta aversión contra nuestro personal.
¿Cómo está operando la línea 123?
Sabemos que la ETB no está adelantando el proceso de selección para la modernización y que van a dejar a Itelca (actual operador) hasta el 31 de diciembre. En nuestros informes hemos dejado la traza de que la modernización no se está dando. La ETB está cobrando como si fuera plataforma nueva. Para hacer el análisis se requieren documentos que no nos han entregado.
¿Pero ustedes siguen sin autorizar los giros?
Para autorizar los giros, el Fondo de Vigilancia nos tiene que entregar el modelo de servicio y la forma de pago. Es obvio que se está prestando un servicio y hay que pagarlo, pero el fondo sigue sin definirnos los raseros económicos que vamos a usar para cuantificar lo que se debe pagar. Y no es posible que sigan cobrando lo mismo del convenio viejo, sin existir la modernización. Nosotros no podemos darnos el lujo de que sigan como ellos quieran, sin existir avance en el contrato. Estaríamos haciendo algo ilegal al avalar una modernización que la fecha no existe.
¿Van a demandar?
Totalmente. Una vez declaren la terminación del contrato, demandaremos al Distrito. De hecho, así se lo manifestamos al Fondo y no dijeron nada.