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Con la radicación del Plan de Desarrollo en el Concejo Distrital, el alcalde Enrique Peñalosa formalizó una de sus mayores apuestas: la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB). Dijo que los recursos del negocio los destinaría a inversión en colegios, hospitales y vías. Antes de concretar la venta, tendrá que recibir el visto bueno del cabildo, donde tiene el respaldo de las mayorías. (Lea: Peñalosa pide autorización para vender la ETB)
En diálogo con El Espectador, el presidente de la empresa de telecomunicaciones, Jorge Castellanos, explicó que si vendiera hoy la compañía, según la capitalización bursátil, obtendrían $1,9 billones. Por esta razón, la idea es añadirle valor antes de sacarla a la venta, para obtener más recursos.
¿La propuesta inicial es la venta total o parcial de la participación del Distrito en la ETB?
Es la enajenación total de las acciones que el Distrito y otras entidades públicas poseen en la empresa, que es aproximadamente el 89%. El resto ya está en manos de privados y se transa en la Bolsa de Colombia.
¿De dónde sale el valor de $2 billones al que se refirió el alcalde?
Él dijo eso como una pista. Si uno ve que el precio de cada acción cerró ayer en $600, y lo multiplica por la totalidad de las acciones de la empresa, lo que se llama la capitalización bursátil, es $1,9 billones. Pero eso es un precio indicativo, no una valoración de la empresa. Es todavía temprano para eso. Primero el Concejo tiene que aprobar esta venta y después haríamos una valoración. Pero eso nos da una idea sobre el precio base del que vamos a arrancar.
Si el Concejo lo aprueba, ¿qué proceso sigue?
El proceso reglado por la ley 226, que regula las privatizaciones de activos estatales. La misma que tienen que seguir en Bogotá o cualquier otro tipo de autoridad regional.
Pero denos una idea de lo que se debe hacer…
Lo primero es hacer un concurso para contratar un banco de inversión. Este hace una valoración. La llevamos a unas instancias internas del Distrito para que la aprueben. Cuando eso haya ocurrido, se publica un precio mínimo para la venta y se abre un proceso competitivo. Esto, en la ley 226, tiene dos rondas: la primera, con el sector solidario, donde se ofrece a todo el mundo, sin puja, a un precio mínimo. Por ejemplo, fondos de pensiones, de empleados, los mismos empleados de la entidad pueden ofrecer en esa etapa y generalmente compran pedazos pequeños de la entidad. Finalmente viene la ronda de competencia entre los posibles competidores privados.
Obviamente eso es demorado. ¿Qué hará el Distrito mientras pasa todo eso y la empresa sigue siendo mayoritariamente pública?
Trataremos de añadirle valor a la empresa. Recuerde que desde el primero de enero de este año al cierre ayer en bolsa el precio de la acción creció 16%, casi el doble de lo que creció en los cuatro años anteriores.