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Si algo aprendió la administración, tras su estrategia “Bogotá a cielo abierto” (plan de reactivación económica tras la pandemia), fue que detrás de la explotación del espacio público o antejardines hay una fuente de recursos. Y ya tiene todo listo para empezar a cobrar: los primeros en lista serán los negocios de comidas, concentrados en ejes comerciales de la ciudad, que ya expresaron su inconformidad.
Según la norma distrital, los antejardines son parte del paisaje urbano, al ser zonas de transición entre el espacio público (andén) y el privado (inmuebles); que deben estar libres de construcciones y priorizar al peatón. Los llaman “espacios privados de uso público”. Sin embargo, bajo el concepto de que son exclusivamente privados, muchos incumplen las reglas, cerrando el perímetro o instalando mesas para ampliar la capacidad de locales comerciales. Pero esto parece estar a punto de cambiar.
Luego de reglamentar el año pasado los artículos del POT de 2021 que permiten el aprovechamiento del espacio público, el IDU será una de las primeras entidades en tratar de llevar esta idea a la realidad. Como entidad gestora de las actividades de comercio en antejardines, pule las reglas que los negocios deben cumplir para tramitar el permiso temporal y la fórmula para calcular la retribución a pagar. Lo que se recaude se destinará a mejorar el espacio público de la zona de explotación.
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El borrador del proyecto de reglamentación se sometió a comentarios del 25 de febrero al 4 de marzo. Desde entonces, según el propio instituto, están “analizando e incorporando algunas de las 41 observaciones que radicaron al documento y, una vez finalicen los ajustes”, informarán cuándo se expedirá la versión definitiva.
Lo que sí está claro es que aplicará a predios ubicados en ejes comerciales (calles con fuerte concentración y gran variedad de comercios), caracterizados en los estudios técnicos que realice la entidad, y que el cobro se calculará según el valor del metro cuadrado de la zona, el avalúo comercial del inmueble y el tiempo que dure el permiso. Si bien, el documento resalta que se trata de una retribución “justa, razonable, que no afecta gravemente la rentabilidad de los comerciantes”, otra cosa piensan los comerciantes. En especial, los dueños de restaurantes que por años ampliaron la capacidad de sus negocios, aprovechando los antejardines, sin pagarle al Distrito. Juan Manuel Rivera, dueño de un café en el barrio San Luis y que utiliza un antejardín de dos metros como parte del negocio, lo considera un golpe a su bolsillo. “Nunca había escuchado de este cobro. Así sea mínimo, igual al año o dos, ¿cuánto genera? ¿Dónde está la fortaleza de un microempresario si todo lo tiene que devolver en impuestos? Ojalá se concienticen”, instó.
Si nada cambia en la resolución, sobre el trámite de la autorización temporal para explotación de antejardines, los comerciantes tendrán que ceñirse a las nuevas reglas: que empieza con la radicación de la solicitud, aportando al menos 12 documentos como RUT, fotografías y planos, entre otros; esperar a que le informen cuánto debe pagar como retribución y cancelar en menos de 15 días. En cuanto al espacio, se debe comprometer a darle continuidad a la circulación de peatones y biciusuarios; no hacer cubiertas ni encerramientos, y usar estructuras desmontables, entre otros. La autorización la podrá pedir por un día o máximo dos años y podrá ser prorrogable hasta por el plazo inicialmente otorgado.
¿Público o privado?
Según la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, en Bogotá hay más de 769 restaurantes, que generan empleo a más de 16.260 personas, y que en un gran número han aprovechado el potencial económico de los antejardines de los inmuebles donde tienen su local, como se puede apreciar en sectores como las zonas G y T en Bogotá. Por eso, las nuevas reglas representarían un traspié para los negocios que se han beneficiado de su potencial, ya que ahora “se cuentan como parte de los indicadores de espacio público del Distrito”, dice el POT.
El ingeniero Felipe Alberto Durán lo explica en palabras más sencillas: “Si bien es un espacio privado, está destinado para el goce y disfrute de todos. Es decir, es un espacio público usufructuado por una minoría (comerciantes) con el ánimo particular de alcanzar mayores ingresos”, argumenta. En esto coincide Eduardo Chica, profesor de la Utadeo y líder de Urban Lab Bogotá Región: “El hecho de que sea privado no quiere decir que puedan hacer lo que quieran allí. Hay una normativa. Y entendiendo que su régimen de propiedad sigue siendo privado, pero por configuración espacial tiene valor público, ese cobro debería hacerse cuando exista aprovechamiento económico de ese espacio”.
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Pero Fenalco hace otro análisis. En un documento de observaciones que envió al IDU y a través del cual pidió eliminar el cobro, señalan que el proyecto “contradice el derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución, por el cual ya tributan a través del impuesto predial” y que el POT no podría establecer un cambio de condición de estos bienes a privados, sin soporte de ley ajustada a los mandatos constitucionales. Finalmente, rechazan el largo listado de requisitos para tramitar la autorización del uso de aprovechamiento económico del antejardín, en contravía del Acuerdo 937 de 2024 del Concejo de Bogotá, que simplifica los trámites en la capital.

La Cámara de Comercio de Bogotá también hizo observaciones al proyecto, como la de ajustar la definición del área de actividad de proximidad; definir con exactitud en qué casos se requiere licencia de intervención y contemplar incentivos al aprovechamiento, “para fortalecer el comercio y los servicios gastronómicos en la ciudad”. Por su parte, el ciudadano Alejandro Martínez sugirió eliminar algunos requisitos, reducir la compensación, contemplar el pago por cuotas y permitir encerramientos móviles en los antejardines, para mayor seguridad de los clientes, ya que, de lo contrario, “modificar la normativa, perjudicaría las inversiones hasta ahora hechas por los comerciantes”.
El IDU tiene la tarea de acoger los comentarios para ajustar la medida final, identificando también a cuántos y cuáles predios ubicados en ejes comerciales les aplicaría el cobro que, sin duda, impactará el bolsillo de los comerciantes.
Calcule cuánto pagará por explotar el antejardín
Para calcular la retribución, el Distrito fijó esta fórmula, que varía dependiendo del valor del metro cuadrado, el área y el tiempo del permiso. Para despejarla, primero debe multiplicar el valor comercial del metro cuadrado (m2) por el factor indicativo de renta (0,005). Segundo, debe multiplicar el área del antejardín por los días de permiso y el factor de amplificación (0,4, para permisos de más de 181 días). Ambos resultados se multiplican y se tiene el valor. Así las cosas, una vez se apruebe la reglamentación, un comerciante que quiera explotar por un año un antejardín de 10 m2, en un sector como la Zona T (donde el m2 mínimo cuesta $10 millones), tendrá que alistar una retribución de $7 millones. Es decir, $700.000 por m2. A mayor área y tiempo, el valor aumenta.
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