Incumplimiento del gobierno español pone en riesgo $1.920 millones

“La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) no ha dado cumplimiento al convenio suscrito con la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en el año 2006 donde se comprometía por su cuenta de la edificación del Centro Cultural, incluida la administración y mantenimiento por un término de 65 años. El proyecto inicialmente tiene una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, que sería asumido por los españoles”, señala el ente de control.

Según el convenio, el citado proyecto arquitectónico aumentaría la competitividad de la ciudad a través del fortalecimiento del uso residencial, cultural, turístico y comercial del Eje ambiental y Cultural de la Avenida Jiménez.

“No obstante, y a pesar de la cuantiosa inversión que la ERU ha realizado por valor de $1.920.000 este aún no ha iniciado con el agravante de que está en riesgo de perderse el costo invertido de la licencia de construcción que fue por un valor de $381 millones de pesos, toda vez, que la AECI debió haber solicitado la prórroga con 30 días calendario anteriores al vencimiento de la misma. Es decir, el pasado 14 junio”, puntualiza el informe de la Contraloría.

Dicha prorroga no se solicitó y la licencia de construcción vence el próximo 14 de julio de 2011. Así mismo, la ERU ha invertido cerca de 1920 millones de pesos en:

Adquisición de un terreno de 2.500mts2 $1.425.850.082 Demolición de inmuebles $ 20.304.000 Cerramiento perimetral $ 33.619.700 Valla informativa $ 2.818.000 Elaboración de cartografía licencia $ 550.000 Licencia de construcción $ 81.233.694 Escritura de uso y usufructo $ 956.706 Demolición muro medianero y cerramiento $30.675.000 “El Distrito podría afrontar millonarias demandas por parte de los propietarios de los terrenos de la manzana cinco que fueron expropiados hace dos años, toda vez que hasta la fecha no se ha dado inicio a la construcción del proyecto”.

Según el artículo 70 Ley 388/97, la entidad que haya adquirido el bien por vía administrativa adquiere la obligación de utilizarlo en un término de tres años, “cosa que no se ha dado lo cual abre la posibilidad de que los propietarios expropiados puedan reclamar nuevamente sus predios, situación que va en posible detrimento.

Para la Contraloría de Bogotá, resulta preocupante que a la fecha el gobierno español no se ha pronunciado sobre el futuro del Centro Cultural España proyecto de la manzana cinco, lo cual podría generar un posible daño patrimonial a las arcas del Distrito.