Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ad portas de cumplirse dos meses de la salida de las comunidades indígenas del Parque Nacional, su crisis solo parece haber cambiado de escenario. De los casi 1.500, que por casi 200 días ocuparon el espacio público, la mitad optaron por el retorno y la otra mitad, por quedarse en la capital para integrarse a la vida urbana. No obstante, ambos grupos sienten que a la fecha no ven un futuro claro.
En el caso de los que decidieron retornar, pese a que 180 (en su mayoría emberas-katíos) volvieron a sus territorios, aún hay 520 cuya reubicación es incierta. El epicentro de la crisis ahora está en La Rioja (centro del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud Idipron en el barrio San Bernardo) y algunos albergues. Lo más complejo es que los sitios donde debían estar máximo 25 días, parecen haber dejado de ser transitorios (como lo prometió el Distrito) para ser permanentes.
(Lo invitamos a leer: Bicicletas con motor: ¿bomba de tiempo para la movilidad en Bogotá?)
Por este y otros incumplimientos de los acuerdos, con los que convencieron a las familias indígenas de desalojar el parque, dicen que existe una distanciamiento entre las comunidades con la Alcaldía y la nación, pues pese a que la administración señala que el proceso avanza, los líderes indígenas no lo ven así.
Las quejas
Tras la salida del parque el panorama es el siguiente: las familias indígenas están repartidas en casas de apoyo, la UPI del parque La Florida y en La Rioja. Aunque en mejor situación, que cuando estaban a la intemperie, aseguran que viven en hacinamiento y con poca atención. La incomodidad está desde el día que llegaron a los centros transitorios, pues no había camas, la comida era insuficiente y tuvieron problemas con los servicios públicos. Las situación, según ellos, ha causado problemas de salud a adultos mayores y a niños.
“No hay atención real. Desde la salida del Parque han fallecido tres niños y 60 están hospitalizados. Nos duele cada muerte, porque además de la vida, se pierde una oportunidad de potenciar el proceso identitario de los pueblos”, dice Jairo Montañez, líder indígena.
Por su parte, para los que decidieron quedarse en la capital, la promesa de la administración de integrarlos a la vida urbana no la ven cerca. Afirman que en los puntos de apoyo en las localidades el Distrito solo prestó asistencia una vez, y que no ven avances en los emprendimientos propuestos por la Alcaldía, para integrar a las dinámicas de la ciudad a los miembros de las comunidades, en su mayoría sin educación formal.
A pesar de las quejas, otra es la versión del Distrito, desde donde aseveran haber brindado atención oportunamente. Sin embargo, al tratarse de ayudas humanitarias, se debe tener en cuenta que son limitadas a la subsistencia mínima, por lo que es difícil cubrir todas las necesidades de las comunidades.
Promesas difíciles de cumplir
Mientras las quejas de los indígenas crecen y su crisis se mantiene, ahora la incógnita es: ¿por qué no se han cumplido los acuerdos? Las respuestas evidencian que varios de los compromisos fueron más producto de la premura por ponerle fin a un capítulo como el del Parque Nacional, que del análisis de las dificultades que deben enfrentar.
En el proceso de reubicación y retorno, por ejemplo, no hay fecha clara. La razón, como lo explica Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior, es que, a pesar de que el Distrito fijó un plazo de 20 días, no es fácil de cumplir. “Eso fue un poco la discusión con el Distrito, porque ellos decían: toca sacarlos de Bogotá. Y lo primero que hay que buscar es que sea voluntario, y esto toma tiempo. Por eso fue un desacierto establecer un plazo de 20 días”, agrega Rodríguez, quien coincide con los líderes indígenas, que aseguran que la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería de las Víctimas se han tardado para avanzar en este punto.
Podría interesarle: Denuncian despidos y ausencia de medicamentos en la Subred Centro Oriente de Bogotá
En cuanto a la reparación de las víctimas, las complejidades parecen mayores, en especial cuando se debe velar por proteger la identidad cultural e identitaria de los pueblos. “Hoy se están reformulando las políticas públicas étnicas de hace 10 años. Por primera vez en Bogotá, el Plan de Desarrollo plantea que todos los programas relacionados con poblaciones étnicas deben involucrar a sus autoridades”, explica Horacio Guerrero, asesor de la Secretaría de Gobierno en asuntos étnicos.
El legado del Parque Nacional
A pesar de la controversia alrededor de los compromisos y la crisis humanitaria de la que fue testigo la ciudad, para los líderes indígenas, a la larga, sí lograron una victoria en medio de este capítulo, que está lejos de cerrarse. Si bien en atención persisten las quejas, políticamente sí impusieron una de sus demandas: el reconocimiento de las Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB). “Esa fue nuestra victoria: que el Distrito y el Gobierno reconocieran este proceso organizativo. Es el primer paso para la materialización de los derechos, aunque sea, de momento, algo simbólico”, declara Jairo Montañez, líder indígena wayuu.
Aunque el reconocimiento de dicha autoridad fue a regañadientes, ya que algunos funcionarios calificaron como algo no deseable que puede desembocar en la creación de organizaciones que rechazan a sus autoridades ancestrales en sus territorios, van a dar un compás de espera. “Aquí hay que garantizar cada uno de los espacios de participación. Además, hay que procurar que estos proceso se hagan con gobernadores y representantes identificados. Por el momento, ellos son interlocutores válidos, pero tienen que ir de la mano con las autoridades legítimas”, dice Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas.
Las lecciones de estas crisis humanitarias son claves para el contexto del país y la capital en materia de víctimas. Se estima que al menos 9.000 víctimas del conflicto armado han llegado a Bogotá, lo que corrobora la alerta de la Alta Consejería de Víctimas de Bogotá, que señala que en los últimos años la población víctima del conflicto armados aumentó en 11 % en los últimos dos años.
Lea también: “Queremos que nos diga por qué lo hizo”, hermana de Adriana Pinzón
Por el momento, mientras las comunidades indígenas asentadas en Bogotá continúan a la espera de una solución definitiva a su problemática, la ciudad debe seguir buscando los caminos para enfrentar los desafíos que, por cuenta de la violencia y el desplazamiento en el país, debe enfrentar cada vez que las víctimas llegan a la capital en busca de seguridad.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Fernán Fortich
Conoce más