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Algunos de los indígenas embera, que el pasado 8 de septiembre partieron desde Bogotá a recuperar sus vidas en resguardos de Risaralda y Chocó, no duraron ni dos semanas en sus territorios. Los supuestos riesgos y amenazas de los grupos ilegales los obligaron a desplazarse de nuevo. Así lo narra, desde Pereira, el líder embera Leonival Campo, quien huyó nuevamente del Alto Andagueda (Chocó), sin importar las consecuencias, como la pérdida de las ayudas que les prometió el Gobierno. Esto, para él, pasa a segundo plano cuando la vida sigue en riesgo.
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Campo recalca que el sueño de muchas familias, que retornaron con la esperanza de recuperar su vida en la tierra donde nacieron, se diluyó por cuenta del hostigamiento de grupos al margen de la ley, que llegaron a su resguardo el pasado fin de semana. “Entraron 15 personas, entre mujeres y hombres, a realizar listas y a pedir información de los menores que regresaron. Salí huyendo con mi familia y ahora estoy en Pereira buscando ayuda humanitaria”, contó.
Luego del retorno liderado por la Unidad para las Víctimas y la Consejería de Víctimas del Distrito, aún son inciertas las condiciones de seguridad en sus regiones. Vale recordar que el pasado 11 de septiembre partió el último grupo, conformado por 350 indígenas, rumbo al municipio de Pueblo Rico (Risaralda), de donde luego se movilizaron hacia sus resguardos ancestrales, ubicados en zona rural de Chocó y Risaralda. Con este grupo fueron un total de 1.401 indígenas embera, de los cuales 744 llegaron al Alto Andágueda, donde Leonival reportó los hostigamientos.
“Por toda esta situación”, señala un comunicado emitido por el cabildo indígena del Alto Andágueda, “los retornados de Bogotá están asustados y quieren volver otra vez a diferentes ciudades, la comunidad de Aguasal, se encuentran confinada porque tienen miedo. Solicitamos presencia de entidades como unidad para las víctimas, personero municipal de Bagadó y defensoría del pueblo, también advertimos si no hacen presencia las entidades, la comunidad están listo para el desplazamiento a diferentes ciudades”, dice la denuncia que enviaron a la Defensoría, Unidad para las Víctimas y demás autoridades competentes.
¿Sin garantías?
Jairo Montañez, defensor de Derechos Humanos y analista en temas de derechos indígenas, ha recogido las denuncias provenientes de Chocó. Según él, las autoridades desestimaron las condiciones de seguridad: “el retorno fue autorizado, a pesar de las dudas en términos de seguridad y otras condiciones más. Luego de casi 15 días del retorno, hizo presencia el grupo armado identificado con símbolos alusivos al ELN”, asegura el líder.
De acuerdo con Leonival, este grupo “se tomó la casa de gobierno o la casa del cabildo y ahí estuvieron solicitándoles a los profesores los listados de alumnos, así como la de niños, niñas y adolescentes que habían retornado, con la probabilidad de llevárselos. Esto generó que muchas de las familias, que habíamos regresado, emprendiéramos un nuevo desplazamiento, por seguridad y prevención a este tipo de situaciones. Algunos pudieron salir, otros no”, dijo Campo.
Sin embargo, lo que dijo la Consejería de Víctimas antes del retorno contrasta con la actual denuncia de los líderes indígenas. En su momento, señalaron que no había alertas sobre la presencia de grupos armados en la zona, que afectaran la seguridad. No obstante, o no hubo una debida valoración o los grupos volvieron casi que al tiempo con los indígenas.
Esto, si se tiene en cuenta, la última alerta de seguridad en Chocó la emitió la Defensoría en mayo pasado y se concentró en San José del Palmar, ubicada a horas de Alto Andágueda, detalla un interés de expansión y una profundización de las dinámicas de control de grupos como “el Frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al Frente de Guerra Occidental del ELN y del denominado Ejército Gaitanista de Colombia -antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.
A lo que se suma un pronunciamiento, en agosto (un mes antes del regreso de las comunidades a sus resguardos), de la Unidad para las Víctimas, en el cual afirmó que, “en la actualidad Chocó es una de las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento, debido a la disputa armada entre ELN y el Clan del Golfo, con efectos especialmente devastadores sobre comunidades afro e indígenas”. Es decir, aunque la alerta existía, no la contemplaron como un factor que pusiera en riesgo la seguridad de los indígenas, que participaron en el retorno.
Según la Defensoría del Pueblo, este lunes llegó a Bogotá un grupo proveniente del Alto Andágueda, pero, según ellos, por conflictos internos de las comunidades. Mientras tanto, la Unidad para las Víctimas señaló que tuvieron conocimiento de los hechos que relata Leonival y los líderes que dicen están dispersándose por Risaralda y otros departamentos.
Montañez añadió: “la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de sacar las alertas tempranas en el marco de condiciones de seguridad. Hay que recordar, efectivamente, los últimos sucesos que se han venido presentando, como el secuestro de funcionarios de altos cargos. Ha habido confinamiento en este último año; se han presentado otras situaciones de paramilitares, o sea, todas estas condiciones siembran la duda sobre la seguridad. De hecho, si miramos cuáles son las tasas de expulsión o de población que ha migrado del Chocó a otros departamentos por seguridad, es bastante amplio”, apunta el defensor de derechos.
¿Qué hacer?
La complejidad de este proceso es clara: entre 2021 y 2024, se han realizado 12 retornos bajo la responsabilidad de la Unidad de las Víctimas, la mayoría de ellos infructuosos. Incluso, pese a los más de $1.800 millones en transferencias económicas a las familias que retornaron, durante los meses posteriores a su llegada al territorio, líderes como Leonival, señalan que esto no solucionará los temas que los aquejan fuera de Bogotá. “Las transferencias llegan, pero no alcanzan. Traslado para retirarlo y la comida de la comunidad y niños es limitada”, añadió el líder.
Acá, en Bogotá, la situación no es mejor. Rosamira Campo, quien llegó a la capital del Alto Andágueda, continúa denunciando condiciones precarias en la UPI La Rioja, de donde y deberían haber evacuado, como lo ordenó un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ella decidió quedarse en la ciudad, debido a su “desconfianza” con lo que puede pasar en el territorio. “Sabemos cómo es y por eso decidimos permanecer”, señaló a este diario. Pero asegurar tanto el retorno como condiciones para que permanezcan en la capital, trae inmensos retos.
“Las transferencias, hay que reconocerle a la entidad, se hacen y se reciben, pero hay que ir más allá y pensar si es la medida que se requiere, pues para restaurar social y económicamente a esta población, que se reinserta nuevamente a los territorios, volverlos a naturalizar allí, requiere otro abordaje. Recordemos que esta es una población, que no salió hace una semana ni hace un año, lleva flotando alrededor de cinco a siete años aproximadamente en distintas y diversas ciudades”, analizó Montañez.
La Unidad para las Víctimas continuará monitoreando la situación de las comunidades que permanecen en Chocó. Según informaron, todavía se encuentran verificando los hechos denunciados en Alto Andágueda y las garantías en los territorios. Mientras tanto, en Bogotá, todavía no han hecho presencia integrantes de la comunidad, no obstante, los ojos están puestos en la “ruta local”, para quienes se quedaron.
“Definitivamente, los procesos de retorno no deben ser un ejercicio de traslados del punto A al punto B. Efectivamente, se deben de tener muy en cuenta las condiciones de seguridad, sobre todo en estos tiempos, que se están recrudeciendo el asunto del conflicto de estos territorios distantes y aislados”, concluyó Montañez.
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Por Juan Camilo Parra
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