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Con la entrada en vigencia de la resolución 137609 de 2023, que define las restricciones de circulación y tránsito de los ciclomotores en Bogotá, este martes inició la imposición de multas y comparendos, así como la inmovilización de estos vehículos que en lo corrido del año han lesionado 9 personas, según la Secretaría Distrital de Movilidad.
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Para muchos, esta determinación tomada por la cartera de Movilidad, en cumplimiento a la normativa expedida en 2017 por el Ministerio de Transporte, es un buen paso para aumentar la seguridad vial en los espacios peatonales y de circulación exclusiva o preferencial. Sin embargo, también hay dudas frente a cómo se garantizará el cumplimiento de las normas y cómo estas no terminarán afectando al grupo de ciudadanos, especialmente domiciliarios, que hacen uso de este vehículo.
El experto en movilidad Fernando Rojas, apunta que la resolución es un reconocimiento por parte del Distrito a una petición que hacían varios sectores desde hace unos años. “Puede garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas a fuerza de pedal y evitar que estos ciclomotores generen más accidentes. También es importante en materia ambiental porque algunos de estos vehículos funcionan con motores que contaminan”.
Sin embargo, el profesor José Stalin Rojas remarca el que podría ser uno de los mayores retos que se tiene: hacer que las empresas que contratan domiciliarios pongan de su parte para evitar que su personal emplee los ciclomotores: “Además de la necesidad de establecer infraestructura para esta clase de movilidades (incluidas las patinetas), se deben dar incentivos para que las empresas prefieran, por razones de seguridad vial y ambientales, contratar a ciclistas, antes que quienes utilicen ciclomotores”.
Para los domiciliarios, usar un ciclomotor es un beneficio. No solo porque reduce el tiempo de entrega de un pedido y el esfuerzo que supone el tránsito en una bicicleta, sino también, porque les genera mejores ingresos y calificaciones en aplicativos de domicilios y entregas.
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“El problema es que a uno en la aplicación le miden los tiempos, los clientes se quejan si uno se demora, nos ponen una mala calificación y eso hace que a uno le paguen menos por los domicilios. Además, no hay infraestructura para que nosotros nos movamos y existe la presión de llegar rápido, por eso, uno termina muchas veces usando las ciclovías o ciclorrutas”, cuenta Yohander Rodríguez, quien labora en Rappi.
El también domiciliario Uriel Santiago, concuerda y manifiesta que antes se movilizaba en bicicleta, pero que terminó por adquirir un ciclomotor por agotamiento físico. “No solo me demoraba más, también terminaba muy molido cuando eran domicilios de larga distancia y de subida”.
Ahora bien, los dos hombres sostienen que no estaban enterados de la puesta en marcha de la resolución, pero que lo sospecharon cuando vieron agentes de la Policía de Tránsito de Bogotá inmovilizar dos ciclomotores que usaban una ciclovía. De acuerdo con el Distrito, transitar por alguna de las zonas restringidas supone la inmovilización del vehículo y la imposición de multas entre $522.900 y $1.045.500.
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La Secretaría de Movilidad asegura que no es un tema nuevo para los usuarios del ciclomotor, pues desde noviembre de 2022 ha realizado labores de pedagogía, donde se han entregado más de 12 mil volantes con información acerca de la prohibición de circulación en algunos puntos de la ciudad. En suma, llevaron a cabo mesas de trabajo con empresas de domiciliarios y representantes de los conductores de ciclomotores.
“La pedagogía es un punto difícil y vemos que la entrega de volantes no ha sido suficiente. Se deben hacer otras acciones, como definir qué se hará con los lugares que venden estos vehículos o adaptan bicicletas con este tipo de motores”, dice Fernando Rojas. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el país se importan anualmente cerca de 8 mil bicicletas eléctricas y más de 12 mil patinetas.
Garantizar un espacio seguro para los peatones y ciclistas, y el cumplimiento de esta resolución no solo dependerá de la administración distrital, sino también del compromiso de las empresas que reconocen que tienen personal que emplea este vehículo. Pero vale indicar: con los ciclomotores circulando por las vías principales, ¿quién velará por la seguridad, especialmente de los peatones?
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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