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El juez diecinueve administrativo del circuito judicial de Bogotá resolvió rechazar la Acción Popular interpuesta por Yuri Chillan Reyes, secretario General y Juan Ricardo Ortega López, secretario de Hacienda, en contra de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), respecto al pago del 10% de lo recaudado en las multas de tránsito.
Dicha determinación fue tomada en consideración de que la demanda contrariaba el principio constitucional de cosa juzgada, dado que el asunto ya había sido decidido en primera y segunda instancia dentro de la Acción Popular adelantada en el juzgado 35 administrativo y resolvió finalmente rechazar la demanda por agotamiento de la jurisdicción.
"La Alcaldía Mayor de Bogotá deberá atenerse a lo que se decida en la acción popular 2007-33, sea o no revisado el proceso por el Consejo de Estado", señaló el juez, indicando que "todos los argumentos ahora esgrimidos con la presente acción han debido enfilarlas los apoderados en la defensa de sus intereses pero dentro del proceso que realmente importaba y no utilizarlos cuantas veces creen necesario para que en última la decisión sea de su acomodo".
Pleito jurídico
El 5 de octubre de 2009, la Administración Distrital anunció una tutela en contra de Fedemunicipios para evitar multimillonario pago.
El 22 de octubre de 2009, el Consejo de Estado ordenó suspender el pago de $80 mil millones a Fedemunicipios. Luego de una tutela interpuesta por la Alcaldía Mayor tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligaba al Distrito a pagarle a la Federación el 10% del recaudo de multas de tránsito; el Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal de la deuda mientras se analizaba el proceso.
El 11 de noviembre de 2009, la Fiscalía anunció que iniciaría una indagación por el lío jurídico entre Bogotá y Fedemunicipios. El fiscal general (e), Guillermo Mendoza, designó a un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública para que se investigaran las actuaciones de los funcionarios del Distrito, tanto de la actual como de los anteriores gobiernos, a raíz de esta disputa.
El 30 de noviembre de 2009, Bogotá y cuatro ciudades más anunciaron ruptura con Fedemunicipios. A través de una carta, los alcaldes de Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena expresaron su intención de abandonar la Federación.
El 1 de diciembre de 2009, el presidente de la Federación, Gilberto Toro, dijo que la administración de Samuel Moreno se inventa teorías para persuadir la ley. El rifirrafe entre la Administración Distrital y Fedemunicipios se agudizó luego de que Toro, calificara de poco seria e irresponsable a Bogotá por anunciar su retiro del gremio y rechazó que el Alcalde Mayor haya convencido a los alcaldes de Medellín, Cartagena, Barraquilla y Santa Marta de lo mismo.
El 11 de diciembre de 2009, la Administración Distrital ganó una tutela interpuesta en contra de la Federación Colombiana de Municipios en relación con el pago de $80 mil millones por concepto de multas de tránsito.
Un fallo judicial a favor de Bogotá, emitido por el Consejo de Estado, benefició a la capital con respecto al no pago de la multimillonaria suma. Los argumentos de Bogotá, para evitar el pago, se centran en que según el secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, la Federación está cobrando más de lo que debe y así mismo, no ha tenido en cuenta la diferencia entre multa y comparendo.
El funcionario distrital ha reiterado en repetidas ocasiones que Fedemunicipios está cobrando lo recaudado en los años 2002 y 2003, época en la que el Sistema de Información de Multas de Tránsito (SIMIT) todavía no estaba operando.