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“Los martes y los jueves tenemos que prepararnos, porque sabemos lo que viene”, dice Adriana Arenas, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Acevedo Tejada, uno de los barrios de Teusaquillo que colinda con el campus de la Universidad Nacional sede Bogotá.
Hace 55 años vive en el sector y en su cotidianidad, entre el trabajo, la familia y el ocio, también está anticiparse con tapabocas y el cierre de ventanas, por los disturbios que, entre estudiantes y uniformados de la UNDMO, protagonizan casi como un encuentro “sagrado”.
“En este barrio viven en su mayoría adultos mayores y, a veces, no pueden cruzar las calles. Ya todos sabemos que en esos días es mejor no salir del barrio”, dice Arenas.
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El escenario no es distinto en Quinta Paredes. La presidenta de la JAC, Dalfenis Montes, quien lleva 24 años viviendo en el barrio, también se siente afectada. “Es una costumbre que no debería normalizarse. Mi hija, cada jueves, que tomaba Transmilenio por la 26, debía cambiar de ruta o bajarse y caminar”.
En el sector de El Recuerdo, la vicepresidenta de la JAC, Sandra Villalobos, reflexiona que los disturbios “los inician personas externas o infiltrados de la Universidad. Hemos manifestado, en algunas ocasiones, esas afectaciones por gases o trancones, pero, claro, no responsabilizamos a la universidad como tal”.
Sus testimonios son el reflejo de como la crisis de orden público en la Universidad Nacional trasciende el campus y se convierte en una afectación a la movilidad y a la convivencia ciudadana.
¿Qué hay detrás de los disturbios?
Según estadísticas a septiembre de este año, suministrados por Transmilenio, a causa de las protestas en Bogotá, alrededor de 26.438.727 usuarios se han visto afectados en sus tres componentes siendo el SITP el más comprometido (13.948.794 personas); seguido de Transmilenio (11.713.671), y las rutas alimentadoras (776.262 viajeros).
En el caso de la Universidad Nacional, la UNDMO ha intervenido este año 26 veces (casi tres veces al mes) y Transmilenio reportó el cierre temporal de la estación Universidad Nacional en 23 ocasiones y 16 la estación Ciudad Universitaria, por la troncal Avenida El Dorado.
Pero ¿cuál es la razón de las protestas? En esencia, casi cualquier cosa. Al indagar diversos perfiles de redes sociales, de medios que se autodenominan populares, se encuentran algunas justificaciones. El 6 de junio fue por el día del estudiante combativo; el 9 de junio, por día del estudiante caído; el 28 de agosto, contra el paramilitarismo en los territorios.
A estas se suman la del 4 de septiembre, en rechazo al fallo del Consejo de Estado respecto a la designación rectoral de José Ismael; el 11 de septiembre, en conmemoración de las víctimas de la violencia policial en 2020; el 10 de octubre, por un nuevo modelo de educación, y 22 de octubre, por el asesinato de la estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín, Angie Paola Tovar.
Pero el conflicto no ha sido solo externo, sino también entre la misma comunidad universitaria. El 13 de octubre, sin autorización, irrumpieron al menos 2.000 personas del Congreso de los Pueblos y se instalaron por varios días en distintos edificios. Danna Carolina Naranjo Guerrero y Valentina Muñoz Samboni, hoy representantes estudiantiles de la Facultad de Ingeniería fueron víctimas de violencia política por encapuchados, que las intimidaron para dimitir de su candidatura.
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En septiembre, una persona resultó herida tras la detonación de un artefacto en el parqueadero del edificio de Sociología. El episodio motivó un pronunciamiento de profesores del Departamento, que exigieron redoblar las medidas para asegurar el cumplimiento del calendario académico y otras actividades universitarias. “Nuestras jornadas de trabajo se ven interrumpidas por la explosión de bombas, el ruido de altoparlantes y las órdenes de desalojo”.
De igual manera, la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad, también denunció ser objeto de amenazas de muerte, a tal punto de que el 23 de septiembre, algunas de sus motocicletas fueron incineradas. El hecho violento dejó dos trabajadores y un guarda con lesiones leves, y tres atenciones psicosociales, como consecuencia de las agresiones verbales, según el DVS.
“Las condiciones actuales dificultan cumplir con esta misión. Hemos evidenciado repetidamente el ingreso de personas ajenas a la comunidad sin que se nos permita ejercer controles efectivos”, sentenciaron.
La respuesta institucional
En las 120 hectáreas del campus de la Universidad Nacional, sede Bogotá, confluyen diariamente al menos 50 mil personas. Sin embargo, solo hay 350 vigilantes que protegen los bienes fiscales, que hacen parte de la Universidad y ejercen labores de prevención en la comunidad universitaria. En paralelo, hay instaladas 1.484 cámaras de videovigilancia, de las cuales 94 se encuentran en proceso de mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo con datos entregados por la U. Nacional a este diario.
Carolina Jiménez, vicerrectora, reconoció que, en efecto, es un desafío controlar el ingreso ante tan alto número de personas. “Tenemos un vigilante en cada una de las 116 edificaciones. Intentamos tener un control en los ingresos de las porterías solicitando carné o consultando qué actividades académicas vienen a realizar (…) Los torniquetes no son una opción que la comunidad reciba de buena forma, por una perspectiva de permitir que la universidad esté abierta al público”.
Y es que las dudas sobre la falta de control de quienes ingresan son pertinentes, pues se presume que algunas de las personas encapuchadas, que protagonizan los disturbios, son ajenos a la universidad. Para fortalecer entonces esa seguridad, el nuevo contrato de vigilancia para las nueve sedes de la Universidad Nacional en el país será clave para responder a esta urgente necesidad.
“Ahí se han hecho requerimientos de orden tecnológico para el cuidado efectivo de las sedes y, por supuesto, la de Bogotá. Esto bajo un principio fundamental que es el cuidado de la vida a las personas y el respeto a los derechos humanos. También se está haciendo un contrato independiente para las cámaras de vigilancia”.
Autonomía universitaria
Con toda esta coyuntura de orden público, nuevamente se pone sobre la mesa el cómo ejercer la autonomía universitaria -amparado por la Constitución (Art.69)- que permite regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, sin que sea una especie de escudo, cuando se trata de una afectación del entorno.
Sobre ello, la vicerrectora recalcó que el ingreso de la fuerza pública no está autorizado, por lo que implicaría “una confrontación entre una fuerza armada y otras personas”. Y así también es el sentir del representante estudiantil, Juan Felipe Mora. “La intervención policial no es la solución definitiva. Además, rechazamos que esto pase, pues históricamente se ha puesto en peligro a la comunidad y, sobre todo, al estamento estudiantil”.
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Entonces, ante el ¿qué hacer con estos grupos de encapuchados?, resalta que el diálogo debe primar para encontrar soluciones e incluso entender por qué de las acciones directas tan constantes como medio de protesta. “Sin duda existe un agotamiento por la dinámica de disturbios cada semana o dos semanas, donde incluso, a veces, hay exceso de gases lacrimógenos por la UNDMO. Pero lo que hay que pensar y discutir es cómo estamos habitando y pensando el campus universitario”, argumenta.
Desde el Consejo de Sede para desescalar la conflictividad, proponen medidas como fortalecer los protocolos ante situaciones de riesgo; campañas que promuevan la convivencia, y espacios más amplios de diálogo sobre convivencia con la comunidad universitaria.
El agotamiento es evidente desde todos los estamentos. Por ello, la Universidad Nacional tiene entonces el reto histórico de compatibilizar la autonomía universitaria con el desescalamiento del conflicto y un derecho a la protesta, que no debería traducirse en paralizar el transporte o anticipar a los vecinos de cuidarse. Las estrategias, incluso articuladas con el Distrito, están puestas sobre la mesa.
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Por María Angélica García Puerto
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