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La apuesta de Santos y Peñalosa en seguridad

Acordaron un trabajo conjunto enfocado a la disminución de homicidios y del hurto de celulares.

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La hoja de ruta con la que la nueva Alcaldía asumirá la seguridad en Bogotá ya está lista. Se concretó este martes, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa firmaron el denominado Pacto por la Seguridad de Bogotá, tras haberse reunido en el Palacio Liévano con el fiscal Eduardo Montealegre, varios ministros, secretarios del Distrito y la cúpula de la Fuerza Pública.

La apuesta para mejorar la seguridad se sostiene en la articulación de las entidades que deben responder por ésta. Ese fue, según las mismas autoridades, un punto flaco durante la pasada administración distrital, en la que la Alcaldía, la Policía y el mismo Gobierno Nacional no lograron un punto de encuentro en sus visiones y propuestas.

Por eso, en el pacto están incluidos los ministerios de Defensa, del Interior y de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Cada gabinete asumió compromisos con la ciudad, que van desde la cofinanciación del pacto hasta el apoyo al desarrollo tecnológico de la Policía y el incremento del pie de fuerza, que actualmente es de 18.000 uniformados. El objetivo es contar con 870 más.

Aunque no quedó expreso en el informe, el discurso del presidente comprometió también a la Fiscalía. El ente investigador, dijo Santos, tiene casi a punto una nueva política de lucha contra el crimen organizado, que es precisamente el que aqueja a la ciudad, donde los delitos de más alto impacto, como la extorsión, el hurto y el microtráfico los controlan las mismas organizaciones delincuenciales. El ataque a estructuras, más que a individuos, es una bandera de este nuevo pacto.

Al cierre de la cumbre, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Hoover Penilla, planteó la necesidad de un trabajo conjunto con la Fiscalía para que las capturas efectuadas por la Policía sean soportadas oportunamente por órdenes judiciales. “La cuestión no es la cantidad de capturas, sino la eficiencia de las mismas”, sostuvo.

La otra apuesta para mejorar la seguridad es la tecnología. En una entrevista con este diario, el general Penilla ya había puesto sobre la mesa las carencias de la Policía de Bogotá. En la ciudad sólo funcionan 239 cámaras de seguridad de la Policía, mientras que Cali, con menos de un tercio de la población de la capital, tiene 1.200. Asimismo, carece de un centro de control y monitoreo de esas cámaras, cuya construcción es uno de los objetivos más ambiciosos de la alcaldía de Peñalosa.

Con estas medidas, el pacto se propone reducir la tasa de homicidios de 17 por cada cien mil habitantes, la cifra de 2015, a 12,3 en 2018. La tarea no pinta fácil, si se tiene en cuenta que la tasa de Bogotá -ya de por sí más baja que la del promedio nacional- se estancó en lo que se ha denominado un “piso de cristal” desde 2012, cuando se logró la última reducción significativa de homicidios.

El otro objetivo para los próximos dos años es la reducción en un 40% del robo de celulares. Este delito es el que mayor impacto tiene en la ciudadanía y el que jalona la percepción de inseguridad, que en Bogotá, según la Red de Ciudades Cómo Vamos, es del 86%, el peor índice entre 10 ciudades analizadas. Precisamente y como un mensaje a la ciudadanía, el encuentro entre el presidente y el alcalde comenzó en una edificación en el centro de la ciudad que fue sellada y está en proceso de extinción de dominio porque allí se vendían celulares robados.

En los discursos de Santos y Peñalosa, y en el mismo pacto, las autoridades asumen que su trabajo no sólo es reducir los índices criminales, pues también deben lograr que la gente se sienta tranquila. Tanto, que se anunció la necesidad de mejorar el aspecto de las calles, el aseo y la organización, porque, sostuvo el alcalde, hacen que la gente se sienta insegura.

En la cumbre quedó claro que el pacto de seguridad es apenas el primero de varios acuerdos que suscribirán la Nación y el Distrito para trabajar en llave. La prueba que tendrá esta alianza serán los primeros 100 días de administración, para los que se propuso, por ejemplo, recuperar 750 lugares “calientes” y desarticular 10 bandas dedicadas al microtráfico en entornos escolares.

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