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De cara a un nuevo gobierno distrital, la fundación Probogotá Región comenzó un ciclo de diagnósticos y estudios denominados ‘Camine Le Contamos Bogotá’, en los que se analizan los puntos clave y desafíos que enfrenta la ciudad. El primer informe se enfocó en la seguridad ciudadana. Allí, de la mano de expertos, la fundación entregó un balance de los puntos más críticos, así como estableció las necesidades que tienen los capitalinos en esta materia que tanto preocupa a la ciudadanía.
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Entre los datos más relevantes está la reducción de la tasa de homicidios en la ciudad, que es la más baja de las últimas cuatro décadas, según la entidad, sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, este año el homicidio va en un aumento del 9,1% con respecto al año 2022. Entre enero y mayo de este año se han reportado 445 homicidios, 37 más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo.
Por otro lado, el 77% de los bogotanos considera que la inseguridad aumentó y el hurto a personas tuvo un incremento del 26%. En cuanto a violencia intrafamiliar, en el 2022 se presentaron casi 30 mil casos, la cifra más alta en toda la historia de la ciudad.
El informe detalla, además, la insuficiente cobertura de policías en la capital, con respecto al número de habitantes. La entidad afirma que la ciudad tiene 194 policías por 100 mil habitantes, cuando el promedio global debería ser de 300 policías por cada 100 mil habitantes. En cuanto a justicia, ocho de cada diez ciudadanos en Bogotá tiene necesidades jurídicas insatisfechas y hay un hacinamiento del 16.5 % en las tres cárceles.
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¿Qué dicen expertos?
El informe estuvo acompañado del diagnóstico de expertos como los exsecretarios de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero y Daniel Mejía, y la abogada y experta en seguridad y justicia, Mónica Pedraza.
Según el exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, el crimen en la ciudad es cada vez más estructural y organizado. “Cerca del 55 % de los casos de violencia tienen que ver con sicariato, no con convivencia, sino con estructuras criminales. Los desmembrados tienen que ver con estructura criminal, otro 13 % o algo menos, de personas mueren o son asesinadas en medio de un atraco o hecho delincuencial. Entonces, tenemos por delincuencia algo más del 60 % de muertes y ahí hay que concentrar los esfuerzos. Por ejemplo, el robo de celulares no es de gente que va a ver qué consigue para la comida, algunos desde luego están en esa situación, pero la gran mayoría de celulares se lo roban para exportarlos”.
La violencia intrafamiliar y los feminicidios están teniendo una incidencia importante en la inseguridad de la ciudad. Para Mónica Pedraza, “el feminicidio está disparado. En materia de justicia el problema es tremendamente delicado. En la revisión de las cifras con corte a marzo de este año, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia evidencia que se disminuyó el acceso a las casas de justicia. En el análisis de la violencia intrafamiliar se deben tener en cuenta transformaciones culturales, situación urbanística, complicaciones económicas, seguridad alimentaria y oferta social”.
“Hay que articular de manera correcta la oferta social de atención con la demanda de justicia. Hay una demanda de justicia creciente por violencias contra las mujeres y una oferta muy restringida de los cupos de este servicio para las mujeres que tiene la Secretaría de Integración Social. Ese cupo es muy limitado”, añadió la experta.
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Atracos en vías principales de la ciudad
Los hurtos a plena luz del día y en corredores principales de Bogotá se han vuelto recurrentes. La ciudad ha visto cómo delincuentes atracaron en la carrera 7 hace dos semanas, y más recientemente en la calle 80. Frente a este fenómeno, Daniel Mejía explicó que “en ese punto específico no hay una cámara. Pero pongamos las cosas en perspectiva, en Bogotá hay más de 137.000 cuadras y hay seis mil cámaras. Hay muchos sitios de Bogotá sin cámaras y se priorizaron los puntos críticos. Este no es un lugar donde ocurran normalmente estos delitos. Los delincuentes pueden observar y pueden saber dónde delinquen, porque las cámaras son visibles a los ciudadanos, lo que faltó, ahí fue una reacción de la Policía mucho más oportuna”.
“En muchos casos, las cámaras están instaladas, pero están sucias, un árbol no se ha podado y no tienen visual. El cálculo que yo hacía cuando proyectamos 4.500 cámaras es que solo el mantenimiento podría costar alrededor de 10 mil millones de pesos al año, pero es una inversión. Imagínense uno tener 4.500 cámaras y la mitad desconectadas “, precisó Mejía.
¿Grupos armados en la capital?
Frente a la presencia de grupos armados organizados en Bogotá, Daniel Mejía sostuvo que “otra vez se están acercando. Vimos unas banderas del ELN en sectores de Ciudad Bolívar y Soacha. Es preocupante. Una vez estos grupos logran ingresar a Bogotá y tienen los canales de entrada, empiezan a generar acciones terroristas con pequeños artefactos explosivos como el MRP en 2014. Y eso terminó en el atentado en El Andino. Hay que poner atención temprana a estas células urbanas y en eso hay que trabajarlo muy articuladamente con el gobierno nacional”.
En cuanto al tema de la microextorsión, el exsecretario Mejía explicó que es esa extorsión que se da en tiendas, en pequeños negocios, de montos muy bajos de dinero, pero diarios o semanales y que haciendo el análisis costo beneficio básico, el tendero decide que es mucho más rentable pagar, quedarse callado y no sufrir las consecuencias de una denuncia. Mejía sostuvo que “falta mucha más labor de inteligencia para desarticular, no solo atrapar al joven o el menor de edad que mandan a cobrar los 20 mil pesos diarios o los 50 mil, sino capturar la organización que está detrás acá. Yo creo que falta voluntad y concientización para facilitar los canales de denuncia, sin poner en riesgo a los pequeños empresarios y tenderos”.
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¿Cómo hacerle frente a la delincuencia?
Para hacerle frente a estos desafíos de seguridad, según los expertos, es necesario fortalecer dos labores fundamentales: “uno es la inteligencia, fortaleciendo equipos, hombres y mujeres, y dos la investigación criminal, lo que supone más fiscales dedicados a esa labor. Inclusive asignar más fiscales en los temas de homicidio, de vida, pero también de hurto y para ello se requiere un esfuerzo importante de Fiscalía y de Policía Judicial, dijo Hugo Acero. Agregó que “va a ser muy difícil, no solamente para Bogotá sino para cualquier ciudad del país que a los nuevos alcaldes y gobernadores les prometan más policía. El gobierno nacional dijo que es la que hay y parece que eso va a ser así. Por eso, hay que focalizar en esas dos acciones”.
Sobre el hurto de bicicletas, Acero insistió en que se debe perseguir toda la cadena, “no solamente quien roba, sino la manera de comercializar este tipo de bicicletas, inclusive bicicletas de alta gama que en algunos casos son vendidas en otras ciudades e inclusive fuera del país”.
“Mi crítica fundamental a la labor que ha ejercido la alcaldesa Claudia López en materia de seguridad, es la constante pelea con la Policía, la Fiscalía, los migrantes venezolanos, los empresarios, los gremios y con el gobierno nacional. Esas discusiones hay que darlas en privado”, dijo Mejía.
En esa línea, Mónica Pedraza resaltó que es trascendental que los nuevos mandatarios que se elegirán para gobernar a partir del 2024, tengan una relación adecuada con la policía. “Hay asuntos que por su delicadeza y por su carácter técnico deben ser discutidos a puerta cerrada. Hay que restablecer los niveles de confianza para que no afecten la seguridad. La Policía es determinante en el control del territorio”.
Hugo Acero finalizó diciendo que la institucionalidad debe trabajar en equipo. “Hay un reto nacional y es que las instituciones de seguridad y justicia deben actuar juntas. Si uno ve al Presidente con el Fiscal peleando y a los consejos de seguridad que se hacen en palacios no asiste, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría va a ser muy difícil solucionar los problemas de seguridad a nivel nacional. Ojalá eso se solucione porque los nuevos mandatarios también van a tener que coordinar con el gobierno nacional. Hoy los gobernadores y alcaldes se sienten solos, le están pidiendo al Presidente que los atienda, que por favor les ponga cuidado porque se está deteriorando el orden público y la seguridad”, concluyó el exsecretario.
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