La catástrofe ecológica del río Bogotá

Los “completos informes” con los que los ministerios de Ambiente y Minas, el Distrito, la CAR, la Empresa de Acueducto, doce municipios y otros entes estatales explicarían al Consejo de Estado las acciones que están tomando para recuperar el río Bogotá quedaron listos y sin exponer. La audiencia pública que se iba a realizar ayer ante la sección primera de esa alta corte, que está por definir en segunda instancia la apelación al histórico fallo de 2005, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación —y a otros organismos— por la catástrofe ecológica del cuerpo de agua, fue aplazada.

Aparentemente, la razón es que a última hora el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, además de otros organismos involucrados, suscribieron un acuerdo en el que se comprometen a desembolsar los dos billones de pesos que, aproximadamente, costará la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, con la que se pretende surtir la insuficiencia de la planta El Salitre, la única con la que hasta ahora se tratan las aguas servidas de la ciudad.

Exactamente, las entidades se comprometen a “garantizar los recursos para el cierre financiero del tratamiento primario de la PTAR Canoas… o para la solución técnica que se acuerde hasta por el monto señalado”. El documento se firmó el pasado martes.

El proceso, que se adelanta a instancias de la Procuraduría, contiene una de las condenas más costosas en contra de la Nación por un tema ambiental, pues a los organismos implicados en el asunto se les ordenó —además de la construcción de la nueva planta— la ampliación de la ya existente por un valor estimado de un billón de pesos y la adecuación de intersecciones entre el Bogotá y los ríos Fucha, Tunjuelo y Salitre, puntos en los que más se presenta contaminación (ver infografía).

Las medidas, sin embargo, no son del todo suficientes en opinión del algunos expertos como Javier Darío Burgos, investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, quien cree que más allá de lo propuesto, el drama que ha padecido durante tantas décadas el cuerpo de agua más importante de la capital —cuya cuenca alberga cerca de nueve millones de personas— merece una atención mucho más integral.

Burgos, autor de varios proyectos sobre el río, sugiere medidas para el control del uso del agua en las residencias para “no cargar todo a la planta de tratamiento”. Una estrategia mixta en la que debería aplicarse “bastante cultura ciudadana”.

Una historia muy turbia

La cifra todavía aterra, aún a los expertos como Burgos: novecientas toneladas de basuras se vierten diariamente en el río Bogotá, según cifras de la CAR.

El dato, no obstante, podría ser incluso mayor si se tiene en cuenta que la autoridad ambiental hace el registro en 3.086 puntos contemplados para verter deshechos, y es posible que existan muchos más que lo hacen de manera ilegal.

Inmundicia tras inmundicia que, a lo largo de varias décadas, ha caído en el cuerpo de agua, cuya contaminación está directamente ligada al crecimiento de la población.

La génesis de esta catástrofe ecológica, que deja como resultado un río muerto, se dio simultáneamente en las tres cuencas del Bogotá. En la alta, donde el río baña a municipios como Villapinzón y Chocontá, varias empresas familiares de curtiembres arrojaron por años sus deshechos —entre ellos cromo—, hasta que hace una década las autoridades empezaron a ejercer control y a exigir a dichas industrias medidas de control.

Por los lados de la cuenca media no podía ser peor. Allí, los municipios aledaños, como Bogotá, Tocancipá y Zipaquirá, vertían sus aguas servidas —ahora algunos cuentan con plantas de tratamiento—. Ya en la cuenca baja, a la altura del Salto del Tequendama, el agua no tiene ningún remedio.

Y no tendrá, dicen investigadores, a menos de que las autoridades ambientales se lo propongan “con medidas integrales”, como propone la Universidad Nacional. “Si se quiere se puede. A nivel mundial tenemos el ejemplo del río Támesis, que estaba en peores condiciones. Lograron recuperarlo”, dice el profesor Burgos, sin dejar de advertir que el proceso fácilmente podría durar unos 100 años.

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