La contratitis del exalcalde de Suba

El viernes 17 de febrero, 48 días después de la posesión del nuevo gobierno distrital, el entonces secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, expidió una circular destinada a los 20 alcaldes locales de la ciudad para pedirles que contrataran estrictamente lo necesario antes de dejar sus cargos. Menos de dos meses después, Navarro tuvo que reportar a la Procuraduría que su directriz había sido desacatada en Suba, donde el mandatario terminó gastándose casi la mitad del presupuesto anual de la segunda localidad más grande de la capital.

Cuando el secretario Navarro urgió a los alcaldes locales a contratar sólo lo necesario, les pidió también que se abstuvieran de comprometer recursos del Fondo de Desarrollo Local y les exigió además que, en un plazo de cinco días, presentaran un informe sobre los procesos de contratación a celebrarse hasta el 15 de abril, día de culminación de los mandatos que obtuvieron en la administración de Samuel Moreno. El propósito de la directiva era fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, bandera que el nuevo alcalde Gustavo Petro llegó ondeando.

En el curso de la semana siguiente a la directiva llegaron a la Secretaría de Gobierno los reportes de los 20 mandatarios locales. En particular, el alcalde de Suba, Rubén Darío Bohórquez Rincón, relacionó tres procesos contractuales por valor de $5.087 millones. Básicamente estaban orientados al suministro de refrigerios escolares para los estudiantes de los colegios de la localidad, con prioridad a los niños en condición de desnutrición; el apoyo al programa de comedores comunitarios para 2.700 personas, y la infraestructura necesaria para el personal de apoyo.

Todo parecía normal, pero el celo del alcalde Petro frente al tema de la corrupción en la ciudad, debido a los antecedentes con el escándalo del cartel de la contratación, sumado a las alarmas que decidió encender su entonces secretario Navarro, terminaron por destapar un dudoso escenario en Suba. El lío ahora es examinado por los organismos de control. Sencillamente porque en su plan de compras hablaba de $5.087 millones, pero terminó comprometiendo obras por casi $20 mil millones, desconociendo la orden de una gestión austera.

En carta dirigida al procurador delegado para la descentralización y asuntos territoriales, Carlos Augusto Mesa, el secretario Navarro primero le hizo saber a ese organismo que en una sola licitación para el mejoramiento de la malla vial local, Bohórquez Rincón había invertido $9.200 millones. Un proceso contractual abierto el 1º de febrero y que se había adjudicado el día 24. El propósito de la Alcaldía Mayor fue que se examinara si esa negociación se había desarrollado conforme al régimen de contratación pública.

Tres días después de la misiva a la Procuraduría, el lunes 5 de marzo, el propio alcalde Gustavo Petro tomó cartas en el asunto y expidió el decreto 090 de 2012, a través del cual suspendió la facultad de ordenar el gasto de la localidad al mandatario de Suba, Rubén Darío Bohórquez Rincón. En los considerandos de la norma, Petro invocó la necesidad de garantizar la moralidad en la prestación de los servicios del Distrito, y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la competencia de reasumir una función para blindar el erario.

Pero las pesquisas de Navarro no pararon ahí. Al día siguiente del decreto de Petro, le volvió a escribir al procurador delegado, esta vez para aportar más detalles de lo que había sucedido en Suba con la contratación, con énfasis específico en los registros presupuestales que se expidieron entre el 20 de febrero y el 5 de marzo. En su comunicación, el secretario recalcó que, en menos de tres semanas, en Suba se había comprometido el 41,34% de los recursos de inversión directa, calculados en $15.615 millones.

Al tiempo que puso en conocimiento del Ministerio Público la situación de Suba, la Alcaldía puso en marcha una auditoría interna sobre los procesos contractuales en la localidad, en desarrollo de una visita que se adelantó entre el 5 y el 16 de marzo. La pesquisa fue realizada directamente por la jefe de la oficina de control interno de la Alcaldía Mayor, Luz Esperanza Forero Daza, quien el 22 de marzo le hizo saber al alcalde de Suba de todas las presuntas irregularidades y vacíos encontrados en sus licitaciones y en sus planes de compra.

El Espectador tuvo acceso al informe de auditoría interna de 42 páginas en el cual se detallan uno a uno los procesos contractuales con sus respectivas observaciones. Lo que se deja ver es falta de claridad en el control de algunos soportes documentales, deficiencias para verificar la idoneidad de algunos contratistas, falencias en la supervisión de convenios relacionados con la salud, carpetas sin información suficiente para constatar varios convenios, planes de contratación sin mayor detalle de los rubros e inobservancia en las normas de archivo.

Entre otras, la auditoría interna relacionó observaciones a tener en cuenta en contratos para la implementación de un enlace de comunicaciones en la Alcaldía de Suba, otro para elaborar estudios, diseños y construcción de un pontón sobre el canal Córdoba, uno más para desarrollar una interventoría técnica al programa ‘Tejiendo Logros’, y otros cuantos para diversos aspectos de cooperación y cofinanciación de convenios administrativos. La jefe de control interno le pidió al alcalde local aplicar los correctivos sobre los casos detectados.

Después, la funcionaria le remitió un documento al secretario Navarro detallando las conclusiones de su visita a la Alcaldía de Suba, y haciéndole saber que, después de una muestra aleatoria sobre montos económicos contratados, se habían detectado situaciones que la administración debía conocer. En principio, que en algunos casos se desconoció la norma que ordena adjudicar al proponente que oferte el menor precio cumpliendo los requisitos mínimos. La auditoría detalló dos casos específicos en los que se prefirió a proponentes que ofertaron valores mayores.

En dos convenios, uno relacionado con el Hospital de Suba y otro para la participación ciudadana, la auditoría reportó que la documentación aportada no fue clara y precisa para el seguimiento físico de la ejecución de los convenios. En otros asuntos se detectaron faltas en la planeación para la realización de algunos contratos, adiciones sin justificar y un caso en el cual la adición presupuestal del 50% se hizo sin que se hubieran entregado siquiera los estudios previos. En general, se observó falta de la firma del alcalde Bohórquez Rincón en la mayoría de expedientes contractuales.

No es la primera vez que el nombre de Rubén Darío Bohórquez, exalcalde de Suba, sale a la palestra pública. A mediados de 2009, la bancada de Cambio Radical en el Concejo denunció que esa administración estaba despilfarrando los recursos en asuntos menores, y el entonces edil de Suba Diego Fernando Pérez pidió la destitución de Bohórquez, señalándolo de haber firmado contratos con sobrecostos que, según él, en algunos casos sobrepasaban hasta un 400%. Para sustentar sus acusaciones, el edil Pérez cotizó personalmente algunos costos.

En ese momento, el alcalde Rubén Darío Bohórquez descalificó las acusaciones y dijo que su despacho tenía todos los documentos en regla y que su acusador había usado cifras suministradas por la misma Alcaldía para enlodar su “buen trabajo”. El Espectador quiso conocer la opinión del exfuncionario respecto a la auditoría de la oficina de control interno o los procedimientos del exsecretario Navarro frente a la Procuraduría, pero el administrador público de 44 años se negó a dar declaraciones y agregó: “No me voy a pronunciar sobre esa situación”.

El pasado 24 de febrero, a instancias de La W Radio, el testigo estelar del cartel de la contratación, Alejandro Botero, aseguró que el contratista Julio Gómez seguía manejando negocios en el Distrito, especialmente en la localidad de Suba. Además señaló directamente a Rubén Darío Bohórquez de ser la persona que le estaría entregando esos negocios. Bohórquez se defendió diciendo que en ninguna de esas propuestas aparece el nombre de Julio Gómez.

La relación entre Bohórquez y el condenado contratista Julio Gómez es de vieja data. Se conocieron hace 10 años, cuando el exalcalde trabajaba en la Alcaldía de Kennedy. “Amigo, amigo mío, no es, pero sí lo conozco”, le dijo Gómez a este diario. Bohórquez es del Partido de La U y también se le señala de ser cercano al concejal Andrés Camacho Casado y al propio exalcalde Samuel Moreno.

Por ahora, serán los organismos de control los que definan qué sucedió en Suba durante su polémica administración.

La nueva alcaldesa

Luego de un proceso de convocatoria abierta que se inició a principios de año, el alcalde Gustavo Petro ya eligió a la mayoría de sus alcaldes locales de ternas conformadas por las Juntas de Acción Comunal, incluyendo a la de la localidad de Suba. Se trata de la contadora pública, con maestría en política social, Marisol Perilla Gómez, quien se posesionó el pasado 4 de abril en reemplazo de Rubén Darío Bohórquez. La nueva mandataria tendrá que asumir nada menos que el reto de manejar la segunda localidad más grande de la ciudad, en la que residen un millón 200 mil personas. La inseguridad, la situación de vulnerabilidad de los jóvenes y problemas en vías están en la lista de sus desafíos. $37.777 millones es el presupuesto con el que contará este año. Sin embargo, casi la mitad de esos recursos ya fueron comprometidos por su polémico antecesor, cuyas actuaciones ya están en manos de la Procuraduría.