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Hay alerta en la comunidad rural del municipio de Cogua, en Cundinamarca, debido a intervenciones que la Corporación Autónoma Regional (CAR) viene desarrollando en la ronda del río Neusa, las cuales, dicen, han derivado en la destrucción de buena parte de la vegetación que rodea el afluente y que constituye el valle aluvial del río.
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Las imágenes compartidas en redes sociales por la comunidad vecina dan cuenta de los alcances de la intervención. Señalan que, en menos de un mes, la planicie que conforma el valle aluvial, ubicada en cercanías de las veredas La Plazuela y Patasica, sufrió un cambio drástico con la entrada de maquinaria de la entidad, que arrasó con parte de la vegetación que rodeaba el río, a tal punto que, actualmente, el que solía ser un paisaje abundante de fauna y flora, es un paraje desolado, rodeado de tierra y maquinaria.
“Lo que no entendemos son los criterios técnicos y los estudios de la CAR para intervenir con maquinaria y generar semejante daño. En la comunidad hay una sensación de incertidumbre, que viene de la desinformación, pues la gente se enteró de las intervenciones cuando ya se estaban llevando a cabo. Nos dimos cuenta, porque nos encontramos con la maquinaria, pero antes no se nos dijo una palabra”, señaló Juan Pablo Motta, vecino del sector y miembro de la veeduría del valle aluvial del río Neusa.
La intervención
La comunidad señala que no tiene claridad sobre qué es lo que se está haciendo en la zona. “Una vez nos dimos cuenta de que había maquinaria, a principios de agosto, pasamos un derecho de petición a la alcaldía de Cogua, para saber de primera mano qué estaba pasando. Resulta que la alcaldía tampoco estaba enterada, razón por la cual fueron hasta el sitio a verificar la denuncia y, en efecto, se encontraron con máquinas y varios trabajadores que, al ser indagados respondieron que estaban desempeñando actividades programadas por la CAR. Eso es lo que sabemos”, resalta Motta.
El derecho de petición que contestó la administración municipal señala que “se llevó a cabo visita de seguimiento el 09 de agosto de 2024 al sitio, en la cual se evidencio maquinaria, aprovechamiento forestal y un campamento con cuatro operadores de la Unión Temporal y Operaciones UT. En consulta con el profesional encargado, manifestó que los trabajos de adecuación y mantenimiento sobre el río corresponden con actividades programadas por la CAR y el grupo de banco de maquinaria”. Y finaliza señalando que, para tener claridad sobre los trabajos en terreno, solicitaron información a la CAR.
Pero ¿qué son las adecuaciones hidráulicas? “A grandes rasgos, tiene que ver con intervenciones que la entidad realiza, según ellos, enfocadas en la recuperación y conservación de las rondas de la cuenca alta del río Bogotá. Se idearon este tipo de intervenciones con maquinaria pesada, que se ha ejecutado, sobre todo, en el río Bogotá, y en Cogua, en el río Neusa.
La primera intervención de este tipo se realizó en 2019 por un valor de $4.000 millones, entonces, la duda es, ¿por qué cinco años después vuelve a intervenirse el río? ¿cuáles son los monitoreos que se hacen en la zona para definir la temporalidad de las intervenciones? ¿Cuáles son los análisis de riesgo por avenidas torrenciales y velocidad de caudal en las áreas intervenidas? Tenemos muchas preguntas sin respuestas”, señala Motta.
El propósito de dichas intervenciones, señalan miembros de la veeduría, tiene que ver con el reemplazo de la cobertura vegetal foránea por especies nativas y la preparación de la ronda del río ante futuras crecientes e inundaciones derivadas del alto caudal. Sin embargo, indican, que la intervención que se realizó en el 2019 para los mismos fines no solo resultó perjudicial para el ecosistema, sino que su efectividad para mitigar las emergencias provocadas por crecientes o inundaciones no es la anunciada.
“El año pasado, en la temporada del fenómeno de La Niña, hubo gente desplazada aguas abajo del río Neusa por las inundaciones derivadas de la fuerza y la velocidad de un caudal crecido que, al no encontrar vegetación en la ronda del río capaz de contener, se expande y afecta a la gente que reside en la zona. Es un contrasentido total, pues la función ecosistémica de un valle aluvial es precisamente la de inundarse ante una crecida y amortiguar esa cantidad de agua. Entonces, ese argumento de la entidad que refiere que los trabajos que están realizando son para mitigar y prevenir futuras inundaciones, teniendo en cuenta la evidencia y la experiencia de inviernos pasados, es una falacia”, resaltan miembros de la veeduría local que conversaron con El Espectador.
Otro contrasentido que señala la comunidad tiene que ver con las especies que se están retirando, pues en efecto son especies foráneas que se plantaron en la zona luego de las ‘adecuaciones hidráulicas’ que la CAR realizó en 2019. “Actualmente la ronda del río Neusa está provista de vegetación exótica y nativa. Está el caso de la acacia, que es una especie foránea que creció en el territorio justamente después de la intervención que hizo la CAR en 2019. Lo que pasa es que cuando meten la retroexcavadora, a la vez que arrancan especies, también esparcen semillas, y como la tierra queda expuesta tanto tiempo, es el escenario perfecto para que se reproduzcan especies invasoras como el retamo espinoso, un arbusto que en eventos de incendios forestales sirve como combustible. La verdad es que no entendemos qué se pretende”, señala Motta.
Cabe mencionar que El Espectador se comunicó con la Corporación Autónoma Regional para solicitar información relacionada con el proceso y las denuncias derivadas de la intervención, pero no obtuvo respuesta de la entidad.
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Los antecedentes que preocupan
La alerta general de la comunidad tiene que ver con el temor que de las adecuaciones respondan a un posible interés de desarrollar actividades de minería en el valle aluvial del río Neusa, tal y como sucedió años atrás.
“A finales del año 2023 se logró que la CAR Cundinamarca negara la licencia ambiental para el título EIJ-151, que pretendía extraer arenas y gravas en el plano aluvial y de inundación a los dos lados del cauce del río Neusa. Esto, gracias a la amplia participación de la comunidad y de las autoridades municipales; a estudios sociales, jurídicos, científicos y técnicos de aguas, geología, hidrogeología, suelos, contaminación, biodiversidad y paisaje; al interés del área para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el turismo ambiental, además de las medidas y recomendaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para Cogua, atendidas parcialmente por el Minambiente”, señaló Pablo Leyva, columnista de este medio, en una columna publicada en junio de este año.
De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional, la zona del valle aluvial del río Neusa y, en general la jurisdicción del municipio de Cogua es un de las zonas compatibles con actividades mineras de la sabana de Bogotá. “Cogua es uno de los municipios más afectados. Dos de los polígonos, el 12 y el 13 de las zonas compatibles con las actividades mineras, tienen una fuerte coincidencia con solicitudes de títulos mineros; cubren más de 2.000 hectáreas de valles, suelos productores de alimentos, cerros, relictos de biodiversidad, fuentes hídricas, zonas de recarga de acuíferos, áreas importantes y sensibles ambientalmente de la Sabana de Bogotá.
“Contrariando el Articulo 61 que declara ‘aguas, valles aledaños…’ de la Sabana como de interés ecológico nacional, al igual que la política ambiental definida en el parágrafo 4, Artículo 1 de la Ley 99 de 1993: Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”, señala Sergio Gaviria Melo, científico y veedor de la situación de la ronda del río Neusa desde hace varios años.
Sumado a ese antecedente, y para sorpresa de la comunidad, la Agencia Nacional de Minería está considerando dar luz verde a dos nuevas solicitudes de concesión por 161 hectáreas en la misma área del río Neusa, en la que se negó el título EIJ-151 en 2023 y en la que, curiosamente, se llevan a cabo las intervenciones de ‘adecuaciones hidráulicas’ que la comunidad está denunciando.
“Se desconocen así la promesa del presidente Gustavo Petro sobre el caso y el interés de la ministra de Agricultura en declarar el área de protección prioritaria para la producción agrícola (APPA); las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de un ordenamiento territorial basado en el agua; la Constitución Nacional; el Código Ambiental; la Ley 99 de 1993; los pronunciamientos de las cortes; el Acuerdo de Escazú, y la actual crisis de agua potable para la población de Bogotá y varios municipios de la sabana”, señala Leyva.
Es urgente que la ministra de Ambiente ordene las gestiones correspondientes para actualizar, redelimitar y/o sustraer el polígono 12 (1.093,9 hectáreas) en Cogua y el polígono 13 (3.927,8 hectáreas) en Cogua, Tausa y Nemocón de las normas que establecieron las zonas compatibles con actividades mineras, pues una gran parte de estas áreas son “zonas incompatibles con la minería”, por su importancia ambiental y de preservación del recurso hídrico”, señala Leyva.
Por otro lado, la comunidad de la zona radicó un derecho de petición dirigido a la CAR con el fin de tener claridad sobre los procesos que se están llevando a cabo. “Por ejemplo, nos preguntamos si antes de esas adecuaciones se hacen conteos de nidos o rescate de individuos; si hay áreas potenciales para reubicación de fauna. Es más, en las adecuaciones del 2019 se afectaron, entre otros, los nidos del cangrejo sabanero, que es una especie vulnerable y declarada en peligro por el Ministerio de Ambiente, para la cual la CAR, paradójicamente, tiene un plan de manejo para su protección. Es decir, la misma entidad no está atendiendo las guías que formula”, señalan miembros de la veeduría.
Se espera que los interrogantes relacionados con la compensación ecosistémica que se realizará para mitigar los efectos de la intervención; las actividades de socialización previas con la comunidad; la información sobre las especies afectadas (entre las que también se cuenta el pez Capitán, endémico de esta zona), entre otros, sean contestados en detalle por la entidad para que el manto de duda que rodea sus actuaciones en ese punto pueda ser aclarado.
“Las actuaciones de la CAR Cundinamarca no se entienden. Pienso que tiene algunos funcionarios excelentes, pero la dirección y la técnica pareciera que responden más a intereses políticos. Es imperante que justifiquen las actuales intervenciones con estudios que las soporte, hasta que eso no pase todo es imaginación y especulación”, puntualiza Leyva.
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