La odisea para legalizar un barrio en Bogotá

La historia, a diferencia de otros casos en Bogotá, no comienza con la invasión de un terreno (y esto es muy importante), sino con la conformación de la Unión Nacional Independiente y Renovadora (Unir), un programa de vivienda, promovido por el entonces concejal Mariano Enrique Porras (luego condenado por estafa), que buscaba dar casas baratas a personas de bajos recursos. La promesa era pagar $300.000 de cuota inicial y luego mensualidades de $100.000, para tener al final una casa construida, en una urbanización cercana al humedal Jaboque, a las afueras de la ciudad, por la calle 80.

A Odilia, quien vivía en el sur de la ciudad, le contó un familiar que ya había pagado la cuota inicial y eso la animó. A María Martínez, que vivía en Kennedy, le dejaron un volante en la puerta de su casa y, ante las facilidades, optó por pagar. Así terminaron 4.000 familias involucradas en el programa. Al cabo de un tiempo, esas mismas personas se terminaron por desilusionar. De las viviendas prometidas no hubo nada, más allá de la adquisición del predio Altamira, por parte de Porras.

Una luz de esperanza llegó en 2000, cuando se dio vía libre al proyecto de vivienda, que se ubicaría en las cinco fincas adquiridas por el entonces concejal y, lo más importante para todos, la obra estaba respaldada en una licencia que permitía la construcción en la zona. Esto permitió que se adjudicaran los primeros lotes.

No obstante, ya existían varias denuncias contra el promotor del proyecto ante la Fiscalía por estafa. Esto llevó al Colectivo José Alvear a interponer una denuncia que terminó en la suspensión de la licencia y en un nuevo limbo para los propietarios de Unir. La única diferencia es que todos ya sabían cuál era el predio donde iban a construir sus viviendas.

Aprovechando la confusión se registró un hecho que terminó de enredar el panorama: el curador urbano 2, sin tener en cuenta el proceso en curso, autorizó tres nuevas licencias de construcción en el sector. “Lucho Garzón intervino el barrio con la intención de devolverle el dinero a la gente y vender los predios para comenzar allí un nuevo proyecto, con 5.000 apartamentos. Sin embargo, la comunidad se unió y empezamos a construir. Cada persona estuvo pendiente de su lote para que no se lo quitaran. Nos unimos para impedir que las autoridades detuvieran nuestro proyecto”, relata Marlene Pérez, líder de Unir II.

Lo que comenzó desde ese momento fue una batalla para impedir que los sacaran. Se aliaron, hicieron grupos de vigilancia ante la aparición de tierreros, armaron cambuches y muchos se fueron a vivir a los lotes, donde estarían sus casas. Incluso, tuvieron que construir barricadas para evitar que la Policía los sacara. Así comenzaron a hacerse visibles Pérez y Martínez, pues ambas estuvieron al frente las múltiples veces que las autoridades llegaron a sacarlos. Ellas pusieron la cara ante el Distrito, para que legalizara el barrio y empuñaron palas y ayudaron a construir las viviendas, que hoy son parte de su barrio.

En la zona hay casas de todo tipo. De interés social, conjuntos privados, apartamentos recién inaugurados y barrios pavimentados. No es difícil identificar dónde comienza Unir II, porque a simple vista se nota que no hay vías o zonas verdes, hay casas de hasta cinco pisos y calles con olores putrefactos, de alcantarillas tapadas que rebosaron su capacidad.

Pero no todo es malo, pues gracias a la unión de la gente se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, la Caja de Vivienda Popular les dio escrituras de los predios hace un par de años; cuentan con servicios públicos, luego de construir entre ellos su propio acueducto, y que la zona está en calma, a pesar de la amenaza de la llegada de grupos de microtráfico y ladrones, a los que han sabido enfrentar.

En proceso de legalización

A pesar de todo, para los vecinos de este barrio hay cosas que se les salen de las manos: el desmedido aumento del impuesto predial que pagan por su lote (que es lo único que legalmente es de ellos) y la poca presión del agua en las viviendas, por falta de un tubo más grande para mejorar el suministro. Pero para poder exigirle al Distrito soluciones, el barrio tendría que ser legal.

Esa es, tal vez, la única lucha que hasta el momento no han podido ganar. Y por una razón: “El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá define que sólo pueden ser objeto de legalización los barrios de origen clandestino, pero como en este caso existió una licencia de construcción, quedaron en un limbo difícil de resolver. En eso se escudaron las anteriores administraciones para no resolver el problema”, asegura el secretario de Hábitat, Guillermo Herrera.

En el último año, el Distrito se empecinó en buscar una salida, hasta que la encontró. Si bien hubo una licencia de construcción, esta fue suspendida, pero nunca se levantó la medida. Y como hubo otro curador que autorizó nuevas construcciones sin tener en cuenta ese detalle, se puede decir que las casas sí se construyeron de forma ilegal. Esta salida le permitió a la administración adelantar el proceso de legalización, para lo cual ya hicieron un levantamiento topográfico de Unir II y se asignaron direcciones a cada una de las viviendas.

El siguiente paso será formalizar el licenciamiento urbanístico para hacer los planes de mejoramiento, realizar las reubicaciones necesarias ante su cercanía al humedal y por fin formalizar la urbanización. En esto pueden tardar un año más, pero no importa, si ya esperaron 25 años, lo que falta es poco. Lo que viene para los habitantes del sector es dejar todo en firme para se considerados un nuevo barrio en Bogotá y, a partir de ese momento, poder exigir a la administración las soluciones a problemas tan básicos como el acceso a los servicios públicos.

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