¿La pirámide del concejal?

Se trata de Luis Alfonso García Pérez. Desde hace seis meses es el hombre a cargo de los archivos del Programa de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular (CVP), y en un documento radicado ya en la Fiscalía y en la Oficina de Control Interno de su entidad, ha decidido delatar un sinnúmero de gravísimas irregularidades que, de comprobarse, podrían salpicar al exconcejal del Polo Democrático Fernando Rojas —investigado hoy por la Fiscalía en el marco de los escándalos de la contratación en el Distrito—.

En los documentos que sustentan su denuncia, Luis Alfonso García cuenta que llegó a trabajar a la entidad en julio del año pasado. Su esposa, Yelitze Elena Salinas, llevaba varios años como contratista del área de Reasentamientos de la CVP y cayó muy enferma por aquellos días, lo que no le permitió continuar con el trabajo.

García estaba desempleado; con su esposa enferma, quedarían desamparados. Así que buscaron a la coordinadora social del Área de Reasentamientos, Luz Noelba Correa Ruiz, quien accedió a ceder el contrato de Salinas a su esposo. “Ellos me dijeron que esto lo hacían porque estimaban mucho a Yelitze y hasta allí no me habían pedido dinero”, reza el documento.

El nuevo jefe de archivo comenzó sus labores en el área de Reasentamiento. Un cargo estratégico, si se tiene en cuenta que García tenía acceso irrestricto a cientos de carpetas con la información de las familias que en Bogotá han sido reubicadas debido a que viven en zonas de riesgo. De hecho, sólo en estos tres años, unas 2.600 familias fueron reasentadas en la ciudad.

A las pocas semanas de comenzar el trabajo, arrancó en forma la campaña por la Alcaldía y el Concejo de Bogotá, y entonces, cuenta García en su relato: “Noelba se me acercó y me dijo que quería hablar conmigo en privado. Me llevó a la cafetería del frente de la Caja de Vivienda y allí me manifestó que, por razones de campaña del concejal que estaba avalando mi contrato, debía entregar el 50% del salario en dos cuotas”.

En un escrito posterior, García Pérez aclara: “el concejal que avalaba mi contrato es el señor Fernando Rojas, pero hago claridad de que no me consta que por orden directa de él se recolectara el dinero”. Sin embargo, narra el contratista, Luz Noelba Correa y un hombre al que se refiere como ‘Enrique’, “siempre decían que estaban siguiendo instrucciones de él (Rojas)”.

Dados los problemas económicos que estaban pasando con su esposa, García Pérez relata que su supervisora le propuso un sencillo esquema para que él pudiera contribuir con su respectiva cuota de dinero: “La opción que me dieron fue la de pagar la seguridad social por el mínimo y pasar luego los documentos como si la hubiera pagado completa”.

Se trataba de un fraude sencillo. García Pérez le consignaba al Fosyga en una cuenta de AV Villas sólo una porción de su cotización a la seguridad social ($154.400). Luego guardaba los restantes $360.000, “los metía en un sobre, los marcaba con mi nombre y el valor que estaba en el sobre y se lo entregaba a Noelba”.

Para finalizar el esquema, García Pérez modificaba en su casa la planilla, de tal manera que en la Caja de Vivienda apareciera al día con sus pagos de EPS completos. Así pasaron cinco meses, continúa su narración. Entonces, hace un mes, García Pérez se negó “a continuar pagando ese dinero”, pues comenzaron a solicitarle “ la extracción de documentos de los expedientes tales como declaraciones extraproceso, fichas sociales, fichas técnicas de conocimiento de los predios, documentos que podían en un momento dado cambiar la situación de propiedad o posesión de un predio”.

Hace una semana su coordinador, José Tarsicio Gómez, lo citó a su oficina. Allí, García Pérez se encontró a Luz Noelba y a otro grupo de funcionarios de la CVP. Lo citaban para decirle que habían detectado un pago irregular al Fosyga. Le pidieron los certificados, los comprobantes de pago. “Ellos me querían configurar una falsedad de documento”, narra.

Sintiéndose acorralado, García Pérez —quien no quiso responder a preguntas adicionales de este diario por consejo de su abogado— decidió escribir la historia que aquí se relata. En ella concluye que dentro de la CVP se habría configurado una pirámide de cuotas del exconcejal Fernando Rojas. Una pirámide que tendría tres niveles: una franja superior de personas influyentes, como los coordinadores Luz Noelba Correa y José Tarsicio Gómez. Una franja intermedia de trece personas “que apoyan y ejecutan las decisiones del primer grupo”. Y una franja inferior de 40 contratistas como él. “Me consta que a gran parte de las personas que conforman los grupos dos y tres se les solicitó dinero, y sé que muchos lo entregaron en varias cuotas”.

¿Qué dicen en la Caja?

Este diario intentó contactar al exconcejal Fernando Rojas, e incluso se le dejaron mensajes de voz en sus celulares, pero no contestó. También se buscó contacto con el director encargado de la CVP, José Andrés Ríos Vega, pero tampoco fue posible.

Quien sí apareció fue Luz Noelba Correa quien, luego de ser contactada por este diario, se presentó el viernes en la tarde en El Espectador, acompañada de otras tres contratistas mencionadas en la presunta pirámide. Correa aceptó conocer al exconcejal Fernando Rojas, haber asistido a dos de sus reuniones políticas y haber “votado por él”. Sin embargo, y tras negarse a entrar en detalles con respecto a estas reuniones, aseguró acerca de García Pérez: “es un delincuente que quiere tapar su delito injuriándome”.

Para corroborar lo dicho por la coordinadora estaban Ángela Andrea Acevedo, Maritza Guerrero y Alba Aranzazu, quienes aseguraron que nunca le han tenido que pagar cuota a nadie dentro de la institución. Según la versión de estas mujeres, García Pérez en efecto estaba sacando tajada de los pagos de su EPS y, al verse descubierto, habría querido enlodar el nombre de sus compañeros de trabajo. “Él está encubriendo sus faltas tratando de encochinarlo a uno con procesos que no tienen razón de ser”, aseguró Correa.

¿Es García Pérez un delincuente que quiere vengarse de aquellos que lo descubrieron, o un contratista presionado que ha decidido delatarse y delatar la red de la que hizo parte? La justicia será la encargada de averiguarlo. Y en otras pruebas, tendrá que analizar un mensaje anónimo que fue enviado a la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2011, cuando apenas esta historia comenzaba. El mensaje decía: “Deseo denunciar a los directivos y coordinadores de los programas de la Caja de Vivienda Popular por abuso contra los contratistas. Les están exigiendo un salario mensual para el concejal Fernando Rojas y para poder continuar con el trabajo…”.

¿Qué es la Caja de Vivienda Popular?

Con un presupuesto anual de alrededor de $60 mil millones, la Caja de Vivienda Popular forma parte de la Secretaría de Hábitat y es nada más y nada menos que la entidad encargada de atender a la ciudad informal, es decir, reasentamientos, títulos de propiedad y mejoramiento de viviendas.

La Caja, por ejemplo, maneja y coordina parte de las ayudas que en dinero da el Distrito a los damnificados por tragedias como la ola invernal. También se encarga de su reubicación y de colaborarle a Hábitat en la adopción de planes y proyectos en lo relativo a la titulación predial.

Hasta este año la Caja de Vivienda Popular estuvo en cabeza de Rosa Dory Chaparro, funcionaria que venía de trabajar en Metrovivienda y fue una de las fundadoras de una organización social privada dedicada a promover proyectos de vivienda de interés prioritario, llamada Fenavip, y con origen en el Polo Democrático. Actualmente, el director encargado de la entidad es José Andrés Ríos Vega.