La polémica Doña Juana

A pocas horas de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) entregue el millonario contrato para la operación del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y el manejo de sus lixiviados durante los próximos 11 años, las críticas, advertencias y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso siguen a la orden del día. La acusación más reciente a la licitación corre por cuenta de la Red de Veedurías Ciudadanas que, en una carta enviada hace dos días, le pidió al alcalde Samuel Moreno su intervención inmediata por un posible fraude en el trámite, que finalizará mañana con la adjudicación a uno de los tres consorcios interesados.

La Red de Veedurías Ciudadanas advierte en su misiva al mandatario local sobre “serios indicios de una posible falsedad en los documentos aportados por uno de los participantes en dicho proceso, que ameritan su intervención directa y personal”. Se refieren a la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, oferente que licita con una firma brasileña. Según los denunciantes, uno de los miembros de esa sociedad, Genivar Limited Partnership, acreditó su experiencia en el manejo de lixiviados con dos documentos en los que se encontraron unas supuestas inconsistencias.

Entre las irregularidades, los veedores señalan: “La ausencia de los documentos originales, la coincidencia exacta de las firmas de ambos documentos, la ausencia de membretes y logos de una de las páginas de los certificados, entre otros”.

Anexan a su carta un estudio grafológico, suscrito por los peritos Óscar Fajardo Guzmán y Richard Poveda Daza, expertos en documentología y dactiloscopia forense, que concluye que las firmas en las dos certificaciones son en realidad “una misma firma reproducida dos veces, la cual se implantó en los documentos cuestionados, o se transfirió de otro documento”.

La denuncia, calificada de “grave” por el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, se suma a las advertencias que acerca de otro de los proponentes hace el concejal Carlos Vicente de Roux. El cabildante habla de la Unión Temporal Gestión Ambiental, conformada por una firma coreana que estaría aportando la experiencia técnica en la sociedad, pero tendría apenas el 0,003% de participación en la misma. “Según los pliegos —anota De Roux—, el miembro que aporte la experiencia deberá tener mínimo un 51% de participación en el consorcio”.

De esta Unión Temporal hace parte también la empresa Cicón, socia en el negocio de las basuras en Cartagena del empresario, recientemente capturado y llamado a juicio por concierto para delinquir Alfonso Hilsaca Eljadue.

El tercer oferente se llama Promesa de Sociedad Futura Ecoparque, con la participación de la firma Proactiva, operadora del relleno durante nueve años, y fue descalificada porque, según la Unidad, no cumplió con el requisito de asociarse con una organización comunitaria aledaña a Doña Juana. Proactiva, sin embargo, envió unos documentos aclaratorios a la Uaesp y su futuro en el negocio —al igual que el de los otros dos licitantes— no se conocerá sino mañana, cuando se adjudique el contrato que asciende a $230.000 millones.

El polémico proceso se ha agitado además por las 21 acciones de tutela que han interpuesto en su contra varias organizaciones de recicladores, las cuales aseguran que la licitación no le cumple a la Corte Constitucional, que ordena tenerlos en cuenta.

Ante este panorama, concejales como Ángela Benedetti han solicitado el aplazamiento de la adjudicación. “Esta ciudad no aguanta un ruido más en todo lo que se ha ventilado… le solicito al Alcalde que lo suspenda e inicie un nuevo proceso que sea transparente”.

La Uaesp asegura que su directora, Miriam Martínez, no se pronunciará hasta después de que se anuncie al ganador. El Espectador se comunicó con la oficina de Prensa de la Alcaldía, pero allí no respondieron. Mientras tanto, las horas parecen estar contadas para que llegue a su fin uno de los trámites públicos más polémicos de la administración Moreno, cuya transparencia es defendida por el mandatario.