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Lo que este año debía ser un hito para la seguridad de una de las localidades más azotadas por el delito de Bogotá, sigue en obra. Se trata del reforzamiento y construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en el barrio Las Flores (carrera 94 No. 146C-49) de Suba, el cual se anunció en 2022, se contrató en 2024 con el Consorcio SJT 42 – URIS y, a la fecha, sigue sin terminar. Para los trabajos, el Distrito desembolsó un anticipo de COP 2.583 millones (30 % del contrato por COP 8.612 millones) y la meta era recibir las instalaciones el pasado 26 de enero, pero el panorara hoy es preocupante: el avance es de 37,59 %, lo que equivale a un retraso del 62,41 %.
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Esta situación la anticipó la concejal Diana Diago (Centro Democrático), cuando en junio del año pasado advirtió que la obra apenas reportaba un avance del 21 %, desatendiendo el cronograma, por lo que iba a ser imposible cumplir con la fecha de entrega pactada. Su pronóstico se cumplió y el Distrito no tuvo más opción que acordar el pasado 15 de enero una prórroga con el constructor. La nueva fecha de entrega será al 13 de marzo, si nada extraordinario ocurre.
El nudo técnico
Detrás de este incumplimiento hay múltiples factores y muchos apuntan al Distrito. Al menos, es lo que se concluye al leer el informe mensual No. 14 del Consorcio, del 30 de enero de 2026, en el que relaciona las supuestas causas de los retrasos, que divide en factores administrativos, técnicos y de diseño. En primer lugar, el contratista señaló que la Secretaría de Seguridad le entregó la orden de ejecución y la planimetría nueve meses después del inicio del contrato, el 27 de noviembre de 2024.
De otro lado, calificó los diseños como defectuosos, explicando que no se atendieron oportunamente las observaciones técnicas que se presentaron en la fase de preingeniería. En cuanto a los hallazgos en la estructura que debían reforzar, encontraron baja resistencia del concreto en las columnas que existían, situación para la que, dicen, llevan 123 días esperando la validación técnica de la interventoria. Esto habría frenado el avance, pues requieren la demolición total del concreto de las columnas y el reemplazo de estribos para cumplir con la norma de sismoresistencia.
Sobre la red de servicios públicos, explican que continúan los retrasos por trámites de validación de conexiones domiciliarias de aguas lluvias y sanitarias ante la Empresa de Acueducto de Bogotá, y la actualización ante Enel Codensa debido a las modificaciones en la canalización de cables de media tensión, así como nuevas definiciones sobre el uso de concreto para el acceso vehicular y cambios en las especificaciones de acabados de pisos para mejorar la calidad.
Finalmente, el consorcio menciona la falta de diligencia y celeridad en la solución de problemas de diseño y en la suscripción de las modificaciones para la adición presupuestal y la prórroga del contrato. Por lo tanto, reitera que se deslinda de cualquier responsabilidad legal hacia el futuro por fallas de estabilidad, mal funcionamiento de los sistemas o cualquier otra novedad que sea generada por los diseños.
¿Qué dice el Distrito?
Un informe de diciembre de 2025, a cargo de la Dirección de Bienes de la Secretaría de Seguridad, resalta que la administración ha garantizado el flujo de pagos, pero que “el contratista no ha logrado capitalizar la oportunidad de recursos”. Mientras tanto, sobre la persistencia en los problemas de los diseños, señalan al consultor como el responsable, ya “que sus tiempos de respuesta no han sido proporcionales a la celeridad que demanda el cronograma, lo que termina por generar un ‘efecto dominó’, donde la obra se detiene a la espera de definiciones estructurales o técnicas, convirtiendo una consulta puntual en un retraso acumulado de meses”.
De ahí que la misma dirección afirme que se necesita “robustecer la aplicación de controles preventivos y mecanismos disuasorios”, de acuerdo con la norma, “para mitigar riesgos de daño patrimonial o administrativo”. Riesgos que ya están bajo la lupa de la Controlaría Distrital, con presunta incidencia disciplinaria, especificamente por “incumplimiento en las condiciones del manejo de anticipo”.
Más allá de un retraso
Más allá de las explicaciones, la concejala Diana Diago señala que es inaceptable que un contrato de COP 8.600 millones haya iniciado con estudios incompletos. “Suba enfrenta una crisis de inseguridad y necesita urgentemente una nueva URI para garantizar el acceso a la justicia. Mientras tanto, la obra sigue a medias, con retrasos y problemas técnicos que no debieron presentarse”, advirtió.
Y es que la inseguridad es la preocupación más grande de quienes habitan la localidad más extensa de Bogotá. Según el Boletín mensual de diciembre de indicadores de seguridad, Suba fue la segunda localidad con mayores incrementos en violencia intrafamiliar (47,6%). Asimismo, el consolidado anual de delitos de alto impacto muestra como el homicidio incrementó 18% el año pasado (91 en total), lo que contrasta con la reducción de la extorsión (-15%), el hurto de automotores (-6%) y el hurto a personas (-16%).
De ahí que el incumplimiento para habilitar esta URI para Suba se entienda también desde la afectación al ciudadano, que es víctima de la delincuencia, o de aquellas mujeres o menores afectados por la violencia intrafamiliar. La falta de un punto centralizado donde la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y los jueces de garantías estén articulados 24/7 podría desincentivar la denuncia.
Esto sin olvidar la necesidad que tiene Bogotá de ampliar los cupos en las URI, que hoy comparten un problema de hacinamiento desde hace varios años. Entes como la Personería han denunciado que, pese a la capacidad actual de 700 cupos en estos centros, hay más de 1.500 reclusos. Las causas más comunes se concentran en la acumulación de procesos judiciales y la demora para trasladar a los condenados, que deberían estar en centros penitenciaros.
Es así como la deficiente articulación entre los diseños previos y la realidad de la obra, sumado a la burocracia de las respuestas para aprobar ajustes o supervisar la eficiencia de los trabajos, llevaron a la prorroga y a sobrecostos para cumplir con la entrega de una URI necesaria en una localidad con más de un millón de habitantes, que anhelan sentirse más seguros.
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Por María Angélica García Puerto
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