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Casi 300 indígenas emberá llegaron, en horas de la madrugada del lunes, a ocupar de nuevo el Parque Nacional. Sus peticiones son las mismas: un mejor albergue para vivir, mientras esperan un retorno seguro y con garantías a sus resguardos en Risaralda o Chocó. Sin embargo, ya son cuatro escuchando compromisos y pocas respuestas, lo que los ha obligado a acudir a las vías de hecho para visibilizar su malestar. El lío es que en medio de sus protestas los que más sufren son los menores.
Luis Eduardo Sintúa, llegó junto a su familia en 2020 a Bogotá proveniente del resguardo Alta Andaguedá, municipio de Bagadó, Chocó. Las amenazas y la disputa por el territorio entre actores armados, dijo, los obligaron a desplazarse. Iniciaron la ruta con la Unidad de Víctimas, llegaron a un pagadiario en San Bernardo donde vivieron un mes y luego, pasaron al albergue de la UPI La Rioja, donde permanecieron hasta este lunes.
“Allá las condiciones están mal. Está a punto de caerse. Los baños están acabados. Dormimos en el piso. Hay muchas ratas. Por esa razón venimos acá, para que nos busquen otro alojamiento digno, mientras nos retornan. Si no, seguiremos aquí resistiendo”, sentenció.
Según los últimos datos de la Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación, para 2024, en Bogotá, había aproximadamente 1.560 indígenas emberá, unas 640 familias. Con corte a septiembre, en el albergue La Rioja, permanecía 714 personas, de los cuales en su mayoría eran niños entre los 0-5 años (178) y mujeres (361). Del total, más de la mitad (542) manifestó su deseo de retornar, reubicarse (61) y reintegrarse localmente a la ciudad (111).
Lo denunciado por Luis Eduardo Sintúa, también ha sido expuesto por la Secretaría de Salud, quien hace dos años, a través de la Resolución 1207 de 2023, ordenó la “clausura de forma temporal y total” de este lugar, donde, desde 2022, han fallecido al menos 16 niños. La Personería de Bogotá, también encontró condiciones inseguras, insalubres y de hacinamiento, “que pone en peligro su integridad”. “No se han implementado acciones efectivas para mitigar los riesgos. Hay insuficiencia de baterías de baños y servicios sanitarios. La proliferación de roedores, en particular, afecta la salud de los menores. Así como riesgo de derrumbe de algunas estructuras”, detallaron.
Durante 2024, el Distrito y el Gobierno Nacional, iniciaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para contar con la presencia 24/7 de funcionarios con el fin de activar las rutas correspondientes ante casos de vulneración de derechos. Y así fueron identificados. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2024, el Distrito denunció el presunto abuso sexual de cuatro menores, de los cuales tres eran hermanos entre los diez, trece y catorce años; el pasado 27 de abril, se registraron daños a puertas, vidrios y cerraduras; las alertas por el consumo problemático de sustancias psicoactivas; y recientemente, el aparente uso de menores en la comisión de expendio de drogas hacia el sector de San Bernardo.
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“Los dejaron desprotegidos, los tiraron a las ollas. Las preguntas son: ¿no era que ellos iban a estar ahí por 25 días?, ¿qué están haciendo para rescatarlos y prevenir todos estos abusos y violencias? Ellos dicen que han cumplido con todo”, cuestionó María Violet Medina, lideresa indígena Nasa, defensora de Derechos Humanos y quien acompañó la protesta en el Parque Nacional por ocho meses.
Retorno con garantías
Desde 2021 y luego el 8 de septiembre de 2024, cuando 325 familias emberá regresaron a sus territorios tras estar 11 meses en el Parque Nacional, no se repetía esta situación. Hoy nuevamente, 50 familias organizaron improvisadas carpas con ollas comunitarias. A pesar de las condiciones, saben que al menos allí, son visibilizados. A su llegada, funcionarios del Distrito y Gobierno Nacional, como el ICBF, hicieron presencia, para verificar, sobre todo, las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, en plena temporada de lluvias.
Lo que subsidiariamente las entidades territoriales, en primera instancia y la Unidad de Víctimas deben prestar alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata por un año -como consigna el parágrafo 1 del artículo 47 de la Ley de Víctimas- las reubicaciones han pasado de ser temporales a permanentes, reflejándose una falta de coordinación interinstitucional.
Desde la Alcaldía, señalan que entre 2020 y 2024, han destinado casi $18.000 millones en atenciones en salud, educación y paquetes sociales, así como el sostenimiento de La Rioja y La Florida. Mientras que la Unidad de Víctimas, ha invertido $1.050 millones en alimentación y aseo.
Según el Protocolo de Retornos y Reubicaciones, publicado el 11 de mayo de 2022 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARI) -de acuerdo a lo ordenado en la Resolución 00027 de 2022 expedida por la misma entidad- la población víctima de desplazamiento forzado tiene derecho a retornar o reubicarse bajo condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad.
Sin embargo, este ha sido un traspié para coordinarlos, recordando que el 26 de noviembre de 2024, 4 mil indígenas emberá provenientes de Risaralda, llegaron a la capital, para exigir la entrega de nuevas tierras, atención médica adecuada, educación de calidad y atención a la desnutrición infantil que está padeciendo la comunidad en Risaralda.
“Por causa de la desnutrición, en 2023, murieron 78 niños, en 2024, fueron al menos 32. Eso sin contar las muertes por suicidio. Los pueblos indígenas no están teniendo acceso a una vivienda digna o proyectos productivos”, denunció Marco Fidel Guasavare, consejero mayor de la regional indígena de Risaralda.
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Para finales de 2024, la Defensoría del Pueblo documentó el suicidio de una niña y tres jóvenes de las comunidades Villa Hermosa, Playita y Unión Baquiaza, del resguardo Opogadó-Doguadó del pueblo Emberá, en el Chocó, por miedo a terminar en las filas de actores armados. Casos que se sumaron al suicidio de tres niñas, un niño y dos jóvenes de las comunidades indígenas bojayaseñas.
Ante este panorama donde, hasta el momento, las condiciones son complejas para su regreso y la comunidad emberá es consciente de ello, han planteado otra alternativa: ser reubicados en alguno de los 32 predios que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene en Bogotá y Soacha. Aunque preguntamos a la SAE sobre la disposición y entrega de estos predios a la Unidad de Víctimas, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
¿Cuándo ocurrirá el retorno?
Tras los recientes acuerdos con otro grupo de 118 indígenas emberá que permaneció por cuatro días en el Parque Nacional, la directora general (e) de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, definió un plazo de hasta tres meses para generar una articulación institucional entre las entidades del Gobierno nacional y los entes territoriales receptores de la población Emberá, con el propósito de brindar garantías que permitan materializar una ruta de retorno seguro de estas comunidades.
“Logramos acuerdos parciales por tres meses mientras todas las instituciones nacionales y locales nos encargamos de definir todos los temas para el retorno seguro, los traslados y el cumplimiento de la atención interinstitucional al pueblo Emberá que está en Bogotá en proceso de alistamiento para volver a su territorio ancestral”, apuntó.
Recientemente, la Personería de Bogotá interpuso un incidente de desacato ante el Juzgado 24 de Familia de Bogotá por el incumplimiento del fallo de tutela, de octubre de 2023, que ordenó cumplir con el retorno y/o reubicación local de la comunidad indígena Emberá de la UPI La Rioja, ante las condiciones insalubres y hacinamiento en las que viven.
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Según un análisis de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en 2021, concluyó que toda acción desde el Gobierno y el Distrito tendrá un impacto positivo, dependiendo de la coordinación, la asignación adecuada de recursos y la consulta participativa con las comunidades afectadas.
Sin duda, como lo piden las mismas comunidades, el retorno a sus territorios se debe dar con garantías para sus derechos que no terminen por vulnerarse y nuevamente salir desplazados en un ciclo que parece no tener fin. Aun así, en las ciudades, la protección a esta comunidad no debe pasarse por alto y solo articularse rápidamente ante vías de hecho que terminan por exponer aún más a los menores. Queda la respuesta del Distrito, sobre qué pasará con el cierre de la UPI La Rioja y la Unidad de Víctimas, como los trasladará a un mejor lugar temporal.
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Por María Angélica García Puerto
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