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Los opositores de la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que decretó el alcalde Gustavo Petro el 26 de agosto llevaron sus reclamos a instancias de la Procuraduría y la Fiscalía, como ocurrió también con el caso de las basuras. Este diario conoció la queja disciplinaria que presentó el presidente de Asored Nacional de Veedurías, Eduardo Padilla, contra el mandatario capitalino por la expedición del decreto 364.
Los argumentos de la queja, en la que Padilla y otros dos ciudadanos piden no sólo la apertura de una indagación disciplinaria sino también la suspensión provisional del alcalde, son similares a los que han denunciado en estos días el Concejo y el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao: que la competencia para ordenar el uso del suelo en la ciudad es del cabildo, que el mandatario expidió un nuevo POT y que no tuvo en cuenta la negativa que había dado el cabildo distrital al proyecto de acuerdo el 6 de junio.
El documento enviado al procurador Alejandro Ordóñez, señala que «el decreto 364 de 2013, flageló, el articulo 313 numeral 7 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 26 de la ley 388 de 1997, al reglamentar los usos del suelo, cuya competencia está reservada de manera exclusiva al cabildo capitalino. En consecuencia existe presunta usurpación de función pública».
Otro de los argumentos de la queja contra el alcalde es que éste asegura que el Concejo no aprobó el proyecto para modificar el POT en los 90 días que ordena la ley, pero omite decir que la Corporación «sí estudio, analizó, debatió y aprobó el archivo del proyecto de acuerdo, por cuanto consideró, que el Plan presentado, era ilegal. Es decir, que el Concejo Distrital de Bogotá, ajustado a la Constitución y la ley, sí tomo decisión frente al POT, la que fue negativa».
Estas mismas razones también sustentan la denuncia presentada ante el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
El principal argumento del equipo del alcalde Petro frente al polémico decreto 364 es que la Ley 810 de 2003 permite decretar el POT si el Concejo no lo aprueba y por esto tienen la absoluta certeza de la legalidad de la nueva norma.
Entretanto, la Alcaldía de Bogotá presentó este martes al que será su nuevo defensor jurídico en procesos legales como los que afrontará el POT. Se trata del abogado Fernando Pardo Flórez. Este diario pudo establecer que el nuevo funcionario sostuvo una reunión con delegados de la Procuraduría para tratar asuntos relacionados con el POT.
El Distrito no ha escatimará en esfuerzos para defender el POT. Se sabe que en los últimos días se ha reunido con abogados de amplia trayectoria para negociar su eventual contratación como asesores externos, quienes se encargarán de aclarar las dudas que han expresado los gremios ante los medios de comunicación, además de ser los escuderos de la nueva norma ante los órganos judiciales y de control. Uno de los nombres que ronda este posible equipo es el del ex residente del Consejo de Estado Rafael Lafont Pianeta.
En todo caso habrá que esperar a que la Procuraduría decida si acepta o no comenzar la investigación disciplinaria, en momentos en que el ente adelanta un proceso de este tipo contra el alcalde Petro por las presuntas irregularidades en el cambio del modelo de recolección de basuras de Bogotá.
La importancia del POT para el gabinete del alcalde PetroEl cambio más polémico que se contaba dentro de las decisiones del alcalde Gustavo Petro hasta hace unos días en Bogotá era la transformación del modelo de recolección de basuras. Un asunto que le costó una lluvia de demandas, sino también un pliego de cargos por parte de la Procuraduría que investiga las posibles irregularidades cometidas. El proceso disciplinario podría terminar en una eventual suspensión del mandatario.
Sin embargo, hace unos días el alcalde dio un pasó quizá aún más arriesgado que el cambio en el modelo de basuras. Lo hizo con la modificación al POT por medio del decreto 364 del 26 de agosto. Con el tema de recolección de residuos el alcalde desvió el rumbo de un asunto específico, pero con la nueva norma de planeación el alcalde sienta las bases para la transformación del modelo de la ciudad, con ajustes que no se verán tan temprano en el diario vivir del ciudadano de a pie, como ocurrió el 18 de diciembre cuando en las calles de la capital fue cotidiana la escena de cientos bolsas de basura esperando a ser recogidas por el entonces nuevo operador público de aseo.
El POT a pesar de las demandas que han anunciado gremios, concejales y hasta los entes de control, está en firme y las licencias de construcción y los nuevos proyectos de desarrollo que desde el 26 de agosto se han presentado, se harán de acuerdo con el decreto 364.