Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Algunos comerciantes de las plazas de mercado de la ciudad sienten que están viviendo un “desplazamiento forzado” de sus puestos de trabajo y el responsable, dicen, sería el Distrito. Al menos, así califican la situación que los tiene enfrentados con la administración, por una norma, que fue expedida en marzo del 2020, justo cuando empezó el aislamiento, por la pandemia del coronavirus.
Leer: El mal momento de la Universidad Distrital de Bogotá ¿Qué está pasando?
Se trata de la resolución 267 del 2020, expedida por el Instituto para la Economía Social (IPES), la cual fija parámetros para la asignación de los locales en las plazas de mercado. Esto causó indignación entre los comerciantes, no solo porque, dicen, no se le dio la respectiva difusión entre el gremio de vendedores, sino porque establece condiciones, trámites y contratos que consideran difíciles de cumplir.
“El IPES crea una resolución en plena cuarentena. Nosotros no tuvimos participación y fuimos atropellados. Nos coaccionaron a firmar unos contratos en plena pandemia, en los que no hay vocación de permanencia, no generan ni respetan derechos adquiridos y crean un comité de asignación, que solamente tienen ellos”, señala Luz Mery Chicuasuque, líder de los comerciantes de las plazas de mercado distritales en Bogotá.
El lío con los contratos
Lo que pretende hacer el IPES con la resolución 267 es “formalizar” a los comerciantes, que trabajan en las plazas y para hacerlo creó una serie de trámites, que terminan con la firma de un contrato a término fijo; es decir, con fecha de inicio y culminación, que debe suscribir quien desee operar un local. Para estos comerciantes populares, cada paso lo ven como una traba para ejercer su actividad, pues para aspirar a un local deben presentar una idea de negocio, llenar una hoja de vida, presentar videos y hacer trámites, en plataformas digitales.
Podría interesarle: Capturas a 12 personas que revendían pasajes del SITP en el sur de Bogotá
“Hay personas que tienen más de 60 o 70 años. ¿Cómo van a poder cumplir con esto, si no manejan esos medios”, cuestiona Chicuasuque, quien critica un hecho adicional: el plazo de los contratos, pues a la hora de firmar encuentran que tiene una vigencia, la cual, según los comerciantes, es de dos años, mientras que Alejandro Rivera, director del IPES, dice que son cuatro. Sea cual sea el término, no les gusta que les impongan plazos, en especial, aquellos vendedores que llevan en las plazas más de treinta años trabajando, manteniendo un negocio familiar, de generación en generación, como único sustento.
Ponerle orden
El Distrito trata de solucionar las inquietudes. En el caso del tiempo del contrato, Rivera planteó la opción de revisar ese punto: “Vamos a discutir si podemos generar un plazo más largo, para que la gente tenga la tranquilidad y sigan desarrollando sus actividades”.
Pero el plan parece no tener reversa, por una razón: según el IPES, el objetivo de la resolución es que, además de poder brindarles puestos a víctimas del conflicto y campesinos, es cambiar la manera de asignar los locales. “Necesitamos formalizar y reglamentar su uso, mediante un contrato de aprovechamiento de uso del espacio público, reconociendo a las personas que están ahí”, agregó Rivera.
Lea también: Expolicía que disparó 24 veces y es señalado de homicidio busca preacuerdo
Según el funcionario, esto permite que, cuando un puesto queda vacío, el Distrito pueda hacer un sorteo y elegir a un nuevo ocupante, alternativa que aumenta la molestia de algunos vendedores, pues, dicen, rompe la tradición de las plazas. “Yo le cedía mis derechos a otra persona y esa persona se quedaba ahí. Muchos vendían el buen nombre, como dice el argot popular: la prima comercial”, dice la líder de los comerciantes.
Aumento de tarifas
Según el IPES, son 1.400 las personas que deberían suscribir el contrato, de las cuales 990 ya firmaron y 250 están en proceso. Para Luz Mery, muchos aceptaron prácticamente obligados, ya que era eso o perder el trabajo. Y así como muchos ya firmaron, otros abandonaron locales, porque, dicen, no pueden pagar las nuevas tarifas que vienen con la resolución.
En la plaza del Restrepo hay arriendos que pasaron de $200.000 a $500.000, con lo que se empiezan a sentir las nuevas medidas. “En La Concordia, un local puede estar pagando $565.000 aproximadamente; en San Carlos, un puesto de ocho metros puede pagar $176.000, y en San Benito, en un puesto con la misma área, para frutas o verduras, $699.731″, informó el IPES.
Podría interesarle: Asesinan a Líder LGBTI en el occidente de Bogotá
Aunque las tarifas obedecen a un estudio y los nuevos lineamientos buscan imponer orden, para mejorar las condiciones de las plazas, para muchos comerciantes no deja de ser un golpe que cambia una vieja tradición, en la que, vale decirlo, imperaba la informalidad. Ahora, mientras se sigue implementando la resolución, lo único que piden los vendedores es que los escuchen, que ajusten algunas condiciones, les permitan seguir en sus puestos, desde donde pueden seguir aportando a la ciudad
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Sara Caicedo
Conoce más