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En tiempos, donde es cada vez más habitual ver a niños y a jóvenes, con cabezas gachas y sus ojos clavados en algún dispositivo electrónico, es noticia la decisión de 27 instituciones educativas privadas, asociadas a la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (Uncoli), de restringir a sus alumnos el uso de celulares, relojes inteligentes y otros aparatos tecnológicos de uso personal en el horario escolar y en los trayectos de las rutas escolares.
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La medida tiene un objetivo claro: robustecer las acciones a favor del bienestar y el desarrollo integral de sus estudiantes. “Las investigaciones son contundentes y muestran que la presencia de estos dispositivos en la jornada escolar tiene efectos adversos en la salud mental; contribuye al desarrollo de comportamientos adictivos; se reduce la calidad de las interacciones sociales; el interés por la actividad física; se incrementa el bullying y cyberbullying, y genera disminución en el rendimiento académico”, explican desde Uncoli.
El anuncio propició el debate público sobre su idoneidad y la generalidad de los riesgos a los que están expuestos los estudiantes de primaria y secundaria, en relación con su bienestar emocional y su salud mental. Si bien el uso de dispositivos digitales desde temprana edad es un factor que incide en la capacidad de concentración y genera exposición a delitos informáticos como el ciberacoso y el grooming, por ejemplo, hay otros factores que se suman a los riesgos que puede enfrentar un menor en su entorno escolar o familiar.
“Claro que la restricción y el control sobre el uso de aparatos es importante, así como la protección y la prevención, pero el tema también pasa por otros factores que tienen alta incidencia en la salud mental de nuestros estudiantes”, señaló, en diálogo con El Espectador, José Fernando Mejía, director de Aulas en Paz, un proyecto de la Universidad de los Andes, fundado en el 2005, que vela fundamentalmente por prevenir la agresión y promueve la convivencia pacífica en entornos escolares del país.
“El clima escolar, las relaciones entre personas, la manera cómo se tramitan los conflictos y la construcción de culturas de cuidado, entendidas como la posibilidad de que el alumno se sienta parte de una comunidad donde les importa a los demás y preocupa el bienestar del otro, son factores decisivos, que influyen en el bienestar emocional dentro y fuera de las aulas, pues es en estas edades en donde se cimientan las bases de un adecuado proceso de regulación emocional.”, señala Mejía.
Factores de riesgo
Son tres los factores de riesgo más comunes y graves contra los menores de edad: el matoneo, el ciberacoso y el ‘grooming’, término que designa el acoso sexual contra menores por adultos, que buscan establecer una relación de confianza a través de plataformas como chat, juegos en línea, correos electrónicos y redes sociales,
Por lo general, quienes buscan establecer contacto con los menores, lo hacen a través de perfiles falsos en redes sociales, que aprovechan para ganar su confianza y obtener material sexual gráfico o conversaciones íntimas. En estos casos, la víctima suele ser expuesta a través de la difusión abusiva de contenido sexual, que termina provocando graves consecuencias de carácter emocional, físico y social.
Estas condiciones, sumadas a circunstancias del entorno más íntimo como baja tolerancia a la frustración, angustia, ansiedad, soledad, disociación social y casos de abuso o violencia intrafamiliar configuran un espectro de factores que, indiscutiblemente, inciden en la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Esto requiere, como se ha venido trabajando desde distintos ámbitos, atención especial. Cabe aclarar que un estado mental de percepción negativa del entorno no configura una enfermedad mental, pero sí puede entenderse, según el caso, como un antecedente que puede derivar en un diagnóstico.
“Para nosotros ha sido evidente en los colegios que estamos acompañando que el impacto en la salud mental de los muchachos, después de la pandemia, cambió la manera de entender el problema; afectó las relaciones y hay más tensiones y conductas de agresión. Esto, debido a que miles de niños, niñas y jóvenes dejaron de ir al colegio y experimentar esa constante interacción que daba la presencialidad”, explica Mejía.
Y agrega: “lo que vemos ahora es que esas habilidades sociales se han ido perdiendo por la era virtual, en la que estamos inmersos, hecho que propicia que el clima escolar se torne más tenso y que los casos de bullying, por ejemplo, sean más complejos de tratar, pues las personas en riesgo están más expuestas que antes”.
Las cifras detallan la gravead de la situación. Según Saludata, en 2023 se reportaron 197 casos de suicidio en Bogotá, de los cuales 13 fueron de menores, entre los 12 y los 17 años, y uno en niños, entre 6 y 11 años. Por otro lado, las ideaciones suicidas superaron los 18.000 reportes, de los cuales el 45% correspondieron a menores de edad, la mayoría entre los 12 y los 17 años, con 6.570 casos (2.013 hombres y 4.557 mujeres). En menor proporción (pero alarmante), fueron niños entre 6 y 11 años, con 1.600 reportes (705 niños y 895 niñas).
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Las estrategias
Desde la secretaría de Educación se viene trabajando hace varias administraciones en el fortalecimiento del bienestar socioemocional de los estudiantes y las labores de prevención, mitigación y acompañamiento en temas de conductas suicidas. “Ese componente va fuertemente asociado con las circunstancias que van más allá del aula, con los valores de convivencia, la justicia restaurativa, la gestión adecuada de conflictos”, señala el director de Aulas en Paz.
“Lo que se podría fortalecer, es la articulación de lo socioemocional con la salud mental, que entienda como un solo eje. Hay que recordar que la labor de la escuela es pedagógica, y en ese sentido, la construcción de comunidades de cuidado es fundamental, tenemos que ofrecer, además de un componente de atención integral, mejores planes de prevención y mitigación”, complementa.
Ante esta problemática, la Oficina para la Convivencia Escolar OCE implementó un equipo interdisciplinario de profesionales, que desarrollan acciones y procesos para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones y violencias, que afecten a niñas, niños y adolescentes, de las comunidades educativas de la ciudad. Los equipos son:
Gestión del conocimiento: Realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de las situaciones reportadas a través del Sistema de Alertas con el fin de brindar un panorama a nivel local de las principales situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las estudiantes de Bogotá. Igualmente, construye material de divulgación para compartir con la comunidad educativa y las entidades garantes de derechos. De esta forma contribuye a la toma de decisiones y al direccionamiento de las acciones focalizadas por parte de los equipos territoriales y especializados
Equipo territorial (unidades móviles): Acompaña y aborda situaciones críticas y de presunta vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones educativas en las veinte localidades de Bogotá.
Equipo territorial en entornos educativos: Brinda acompañamiento y seguimiento a situaciones críticas en los entornos educativos, tales como: riñas, tomas, plantones y movilizaciones, promoviendo la articulación y gestión interinstitucional. Además, este equipo desempeña un papel fundamental en la identificación de factores de riesgo en los colegios de Bogotá, para ello adelanta un mapeo trimestral que abarca seis categorías y 22 variables de factores de riesgo en los entornos educativos
Equipos especializados: Implementan acciones de promoción y prevención en las instituciones educativas y acompañan el abordaje integral a casos de presunta vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, específicamente en violencias basadas de género y violencia sexual; hostigamiento escolar, y salud mental: prevención de la conducta suicida y del consumo de sustancias psicoactivas.
Otro punto calve en el que coincide tanto la comunidad académica como los expertos, es la articulación entre colegio y padres y madres de familia. En el comunicado que da cuenta de la medida restrictiva para dispositivos digitales en los 27 colegios que integran Uncoli, se lee: “hacemos también un llamado a las familias para que se unan a este esfuerzo, retrasando tanto como sea posible la entrega de dispositivos móviles a los niños y jóvenes, y regulando de manera aún más estricta el acceso a las redes sociales. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa en la vida de nuestros estudiantes, ayudándolos a tener un desarrollo más saludable, seguro y equilibrado”.
Mejía coincide en que no se trata de ‘botarse la pelota’ entre familia e instituciones, para ver quién tiene la culpa de x o y problema, se trata, dice, de una atención integral en donde todos los entornos a los que pertenece el menor afectado se entiendan como un todo. Se trata también de darle la posibilidad de la autodeterminación y la autorregulación.
“Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Creo que la discusión también se podría sustentar en cómo fortalecer la pedagogía referente al uso de estas herramientas. Pero en este caso específico tan complejo, que implica la no regulación por las familias, lo que tenemos son niños pequeños con acceso a dispositivos, a redes sociales y a páginas a las que no deberían tener acceso. Y ese hecho, que hoy resulta tan cotidiano, configura los factores de riesgo que buscan enfrentar medidas de prohibición. Y si lo vemos por ese lado, la estrategia podría tener un impacto interesante que, en efecto, termine protegiendo a los niños. Hay que esperar cómo avanza y cómo se acoge”.
Los protocolos que hoy existen han sido fundamentales, sin embargo, hay instituciones que no los aplican correctamente o no han empleado las herramientas de comunicación o divulgación necesarias. “Es importante que en un colegio los protocolos de atención y las implicaciones de casos relacionados con salud mental y bienestar emocional de los estudiantes sean conocidos por todos los trabajadores y, en ese sentido, es clave reforzar la pedagogía; que un caso de ideación suicida sea atendido con la urgencia con la que se atiende una fractura, por ejemplo, pues es una urgencia que necesita atención especializada de inmediato. Esos detalles nos falta fortalecer”, puntualiza Mejía.
Otra barrera para superar es la relacionada con la atención de la salud mental en las instituciones prestadores de salud del país. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional y la secretaría de Educación sobre el deterioro de la salud mental en niños y adolescentes, publicado en octubre de 2023, “en Colombia hay alrededor de 1.200 psiquiatras, es decir cerca de 2 profesionales por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la recomendada por la OMS, que es de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes. Ante la precaria atención en las EPS se recurre a los servicios privados, algo que solo muestra la desigualdad en el servicio”.
Los gastos para acceder a consultas de psiquiatría, psicología o neuropsicología, por ejemplo, para la gran mayoría de la población afectada, resultan impagables, hecho que incide que el empeoramiento de ciertas conductas o ciertos diagnósticos. Como se ve, la atención especializada en los sectores menos favorecidos de la ciudad continúa siendo un lujo.
Se espera que, en el Plan Distrital de Desarrollo, que actualmente se presenta y discute en el Concejo de Bogotá, se incluyan y se robustezcan las estrategias enfocadas en la atención, mitigación y prevención de situaciones que vayan en detrimento de la salud mental y el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. El Espectador consultó con la secretaría de Educación sobre este particular, pero no obtuvo respuesta.
Entre tanto, los índices de ideación suicida y de suicidios consumado continúan con una tendencia alta. La era digital exacerba sentimientos de baja autoestima, soledad y frustración, que necesitan ser entendidos y leídos con enfoques distintos, que enriquezcan el debate.
Las cifras indican, por ejemplo, que durante el año pasado fueron las niñas y las adolescentes las que presentaron mayores reportes de ideación suicida, hecho que está relacionado con los altos índices de violencias basadas en género y agresiones sexuales, hechos que han propiciado la discusión sobre la idoneidad de darle un enfoque de género a la atención relacionada con salud mental en entornos escolares.
Es precisamente el hecho de que el debate esté en continuo movimiento y responda a las necesidades y las amenazas actuales lo que enriquece y fortalece la protección y la atención de la infancia en la ciudad.
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