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Hay un intenso seguimiento al manejo de los recursos en las 20 alcaldías locales de Bogotá. Los antecedentes de despilfarro y de posible corrupción han llevado a que diferentes entes, como el Concejo, la Veeduría y la Contraloría Distrital, les tengan los ojos encima, para evitar presuntos detrimentos, como el que se alertó en febrero, por $9.300 millones, de la vigencia 2020-2023.
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Y no es para menos, las localidades, en total, suman cada año un presupuesto que supera el billón de pesos, de los cuales, casi el 60 % se destina a arreglos de la malla vial local y adecuación de parques. No obstante, se han advertido errores en su ejecución, abriendo espacio a contrataciones de última hora, como ocurrió en diciembre de 2024, cuando la mayoría de administraciones salieron a ejecutar el 43 % del presupuesto del año pasado ($541.000 millones).
En la administración del alcalde Carlos Fernando Galán (que tardó hasta julio para elegir a la mayoría de alcaldes locales), de momento, se podría decir que las administraciones de las localidades presentaron un balance eficaz del gasto 2024. Datos oficiales indican que los 20 Fondos de Desarrollo Local (FDL), entidad a través de la que se ejecutan los recursos, a diciembre registraron un presupuesto definitivo por $2.7 billones, del cual ejecutaron $2.6 billones, casi 96%. Sin embargo, al analizar los giros, para cumplir sus compromisos, se tiene que apenas han registrado $1.3 billones, es decir, el 50%.
El concejal Armando Gutiérrez es uno de los que le sigue el paso al gasto de las alcaldías locales y, aunque, dice que en el primer año no encontró “deficiencias notables”, sí hay preocupaciones. “En los gastos de funcionamiento, la ejecución estaba en el 97% ($83.656 millones) y la inversión en el 96% ($2.5 billones). Pero, en el rubro de obligaciones por pagar de inversión, los giros iban en el 69%, los cuales corresponden a compromisos adquiridos en el 2023 y de vigencias anteriores. Es un resultado óptimo en ejecución presupuestal. No obstante, hay críticas en cuanto al diseño de los planes que prometen tener impacto en las localidades”, dijo.
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Temor: contratos a dedo y despilfarro
Como siempre se ha denunciado, la contratación directa es una de las preocupaciones más latentes en los presupuestos locales. La mayoría de alcaldías destinan entre el 80 % y 90 % de los contratos a esta modalidad. Por ejemplo, el informe de la Veeduría Distrital de 2024, indica que, en el caso de Usaquén, “es una localidad en donde predominan las modalidades no competitivas, ya que el 94% de lo suscrito fue por contratación directa (1.008) con una cuantía de $38.292 millones”.
Daniel Briceño alertó que, en los primeros meses de 2025, las alcaldías locales han suscrito 2.948 contratos, equivalentes a $116.000 millones. “De ese total, $108.000 millones son contratos por prestación de servicios (OPS)”. Algunos de esos contratos ya han sido cuestionados e, incluso, ponen en la misma línea, no solo a la bancada del Centro Democrático (CD), sino también al Partido Liberal, a la Alianza Verde y al Pacto Histórico. Entre ellos destacan las denuncias de la concejal Diana Diago (CD), quien le puso la lupa a los contratos dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La cabildante encontró que la administración ha suscrito 32 contratos por casi $35.000 millones. Uno de los ejemplos, que llamó la atención, fue el contrato por $3.250 millones con una empresa del sector agropecuario, para adelantar actividades con enfoque de género, entre ellas la compra de libretas, esferos, mochilas, entre otros utensilios. “Otra parte de los recursos se destinan a paseos lujosos; visitas a spa; kits de masajes y mugss, entre otros, que nada tienen que ver con la prevención de las violencias o el empoderamiento de la mujer”, señaló Diago.
María Victoria Vargas, del liberalismo, mencionó otra de que considera “malas prácticas” en la contratación de las localidades. Puso en relieve un contrato firmado por la Alcaldía Local de Santa Fe con ALDESARROLLO, por $7.546 millones, para ejecutar metas relacionadas con educación para la primera infancia. “En este caso, la empresa utiliza un vehículo para luego firmar un contrato con un tercero: FUNDESCO, por $6.723 millones. Existe una diferencia del 10%. Esto significa que del total del contrato, ALDESARROLLO se queda con $823 millones. Y acá me surge la duda: ¿ese porcentaje es solo por prestar el nombre?”, cuestionó.
Vargas puso de presente otros ejemplos en los que, a pesar de que se realizan contratos por concurso, también existen “maromas” con las que los mismos consiguen participar y ganar contratos en otras alcaldías locales. “Se repiten los patrones de contratación con empresas sancionadas; la adjudicación de contratos con sobrecostos sin justificación, y la ausencia de interventoría en proyectos clave”.
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Hallazgos fiscales
Preocupan los hallazgos que puso a flote la Contraloría de Bogotá en febrero y que suman un posible detrimento por $9.300 millones en las localidades, por contratos firmados entre 2020 y 2023. Entre los casos más preocupantes está la localidad de Santa Fe, en las que posiblemente se perdieron $1.935 millones, debido a irregularidades en la construcción de la futura sede de la alcaldía local, seguida por Bosa, donde el hallazgo alcanza los $1.859 millones, por omisiones en la gestión de cobro de multas.
“Además de los 66 hallazgos fiscales identificados, se registraron 134 hallazgos con incidencia disciplinaria, que remitimos a la Personería, para su evaluación y la posible imposición de sanciones. Este hecho pone de manifiesto la seriedad de las irregularidades detectadas, ya que no solo se trata de mal manejo de recursos, sino de un posible incumplimiento de las normas administrativas, que rigen la contratación pública”, explicó la Contraloría.
Por último, la Veeduría advirtió que, en gran medida, notaron a finales de 2024 cambios sustanciales en los planes anuales de adquisiciones de las alcaldías locales, lo que permitió, en cierta medida, equilibrar los gastos de ejecución. Por este motivo, el ente de control emitió la siguiente recomendación: “se sugiere un mayor esfuerzo en la planeación con respecto a la adquisición de los bienes y servicios en la vigencia, con lo cual se disminuya el exceso de modificaciones sustanciales en el valor del Plan Anual de Adquisiciones finalizando el año fiscal”.
¿Qué hacer?
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reconoció que corregir malas prácticas en las alcaldías locales será un “reto que tomará tiempo. Toda la información es valiosa y hay que notar que las denunciadas reveladas en el Concejo son malas prácticas por erradicar, algunas históricas. Aclaro, son más malas prácticas que ilegalidades. Cuando haya ilegalidades, atenderemos las respectivas denuncias”, indicó ante los concejales. Entre las acciones, contó, se redujeron notablemente los convenios con privados: “En 2024 se redujeron los convenios, de 141 a 83, de los cuales, 58 fueron con entidades 100 % públicas. Para este 2025, las alcaldías locales no han suscrito ningún convenio con ningún privado. El objetivo es erradicar por completo esos convenios ‘miscelánea’”, agregó Quintero.
La secretaría de Gobierno informó que sigue fortaleciendo el nuevo modelo que incluye un ‘gabinete local’, una unidad de transparencia, y una de gestión, para anticiparse a las jugaditas en la contratación; subir estándares de exigencia, y que se dispongan las garantías a la ejecución de los proyectos, así como de los impactos que corresponden a las necesidades de los barrios. “Necesitamos ver en las alcaldías locales un aliado, para solucionar las problemáticas diarias de los ciudadanos”.
El concejal Armando Gutiérrez concluyó: “hay que atender de manera integral las problemáticas de las localidades, delimitadas en los Planes de Desarrollo Local y sus líneas de inversión, y reducir los casos en que se puede acudir a la contratación directa o ‘a dedo’. Para ellos, se deberían designar interventores desde la alcaldía mayor, que permitan detectar y sancionar irregularidades a tiempo”.
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Por Juan Camilo Parra
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