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La Contraloría Distrital, vigilante de la correcta ejecución de los recursos públicos, emitió un reciente informe, en el que evaluó la gestión de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante 2023, último año del mandato de Claudia López. En términos generales, el ente de control fiscal encontró que la ejecución presupuestal, así como la gestión de la entidad en los distintos proyectos a su cargo, superó el 70 % de desempeño. Sin embargo, ya en los detalles, incluyó dos hallazgos administrativos, con incidencia fiscal y disciplinaria, por la mala ejecución de dos contratos que le costaron a la ciudad cerca de $1.200 millones.
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En concreto, los contratos objeto del cuestionamiento corresponden a la construcción del patio-taller La Reforma (Usme) y un estudio de factibilidad para construir, posteriormente, un corredor peatonal y de ciclovías, que conectara al canal de San Francisco con el canal Córdoba. Según la conclusión de la Contraloría, durante la ejecución de dichos contratos el IDU incurrió en fallas de diversa índole, que pusieron en riesgo el patrimonio de la ciudad.
La primera en hacer hincapié de este hallazgo fue la concejal Heidy Sánchez, de la bancada del Pacto Histórico. “Bajo la administración de Claudia López, el manejo de los recursos públicos destinados a infraestructura y movilidad estuvo marcado por deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión de proyectos, lo que ha generado un grave impacto en el desarrollo urbano de la ciudad”, denunció.
No obstante, allende las rencillas políticas, El Espectador amplió la búsqueda sobre ambos contratos y encontró una trazabilidad que compromete tanto a la gestión de López como la del exalcalde Enrique Peñalosa.
Patio-taller de Usme
En abril del año pasado, con solo tres meses al frente de la ciudad, Carlos Fernando Galán visitó las obras del patio-taller La Reforma, el cual funge como el último componente de la extensión de la troncal de la avenida Caracas al sur. En aquella oportunidad, tras realizar el recorrido correspondiente junto al director del IDU, Galán anunció que la obra tenía un avance del 97 % y que se entregaría antes de octubre, junto con sus obras complementarias. Bajo esta misma línea, en enero, el mandatario entregó el primer tramo de la Caracas sur, que se constituye como la extensión más grande del sistema, desde que se inauguró Transmilenio, en diciembre de 2000.
El nuevo tramo lo componen ocho carriles, cuatro en dirección al norte y cuatro al sur, y en cada bloque dos carriles para Transmilenio, el cual estrena una amplia y renovada estación Molinos, con un enorme puente peatonal que beneficiará a 800.000 habitantes de las localidades de Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, en la lista de obras que entregó el alcalde no figuró el patio-taller. En este sentido, el IDU le comentó a este diario que la obra ya fue entregada a Transmilenio por lo cual ya cuenta con el 100 % de su ejecución. Sin embargo, la infraestructura todavía no se encuentra en funcionamiento debido a que, para articularse del todo al sistema, es necesaria la finalización del tramo 2 de la Carcas sur, cuya fecha de entrega es aún incierta.
Retomando el punto inicial sobre las irregularidades del patio taller, podría decirse que la obra entró en el visor de hallazgos administrativos de la Contraloría Distrital, por un cortocircuito entre el contrato de consultoría, que precedió a su ejecución. El 2 de noviembre de 2016, el IDU suscribió dicho documento con el consorcio Troncal Caracas Sur, compuesto por las firmas Hace Ingenieros S.A.S., Inypsa Colombia S.A.S. y Jorge Fandiño S.A.S., para realizar unos estudios que avalaran la construcción de la futura infraestructura.
El contrato se suscribió por $5.000 millones y tuvo una adición, en 2019, de otros $2.000 millones. Después de varias prórrogas y una suspensión, aprobadas por el IDU entre 2016 y 2019, el estudio de consultoría finalmente se entregó y se liquidó en 2022. Ese año, funcionarios de la entidad firmaron el acta de entrega, con la cual la ciudad aceptaba las condiciones en las cuales se había desarrollado el contrato.
Empero, la realidad fue otra. Durante la ejecución de las obras, esta vez a cargo del consorcio Pavimentos Colombia S.A.S., se encontró que la consultoría falló en varias de sus especificaciones sobre el diseño. Puntualmente, el encargado de las obras del patio-taller descubrió que los detalles demarcados para la construcción del muro de contención, de los baños y otros ocho ítems del proyecto estaban mal formulados y requerían un estudio adicional para corregirlos.
En efecto, para finales de 2022, el IDU avaló esta modificación y aprobó el pago de $300 millones adicionales a Pavimentos Colombia, para que se encargara de corregir lo que el primer contratista hizo mal. De ahí que a esta cantidad se tuvieron que sumar los $89.000 millones que valió el contrato de obra y los $7.000 millones que costó la primera consultoría, dinero que, de una u otra manera, terminó perdiendo la ciudad.
Canal San Francisco
En este ccaso,la ciudad perdió dinero, no solo por la contratación de unos diseños, que no llevaron a nada, sino por un litigio producto de la negligencia de los funcionarios del IDU en el período 2017-2019. El ente de control dijo que para 2017, con base en el plan de desarrollo de la administración Peñalosa, se suscribió un contrato con Euroestudios S.A.S. por $4.500 millones, para adelantar unos estudios de factibilidad para la construcción de un corredor ambiental en el canal San Francisco, que incluiría ciclovía y senderos peatonales.
Sin embargo, la Contraloría encontró que la única acción que se ejecutó fue un adelanto de $400 millones al contratista, en 2017. Por su parte, en documentos que conoció El Espectador, quedó consignada una demanda del contratista contra el IDU, por $1.150 millones, ante el presunto incumplimiento en la entrega de pliegos de información, que se requerían para avanzar en el proyecto, sobre todo los relacionados con el componente social.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras analizar las evidencias, terminó dándole la razón al contratista, ya que el Instituto, en efecto, no solo no entregó la información, sino que no tuvo en cuenta la oposición de la comunidad al proyecto ni un contratiempo técnico del proyecto que ponía en riesgo la conectividad hídrica del canal.
Por ende, se suscribió un contrato sin planeación ni previsión, que le terminó costando a la ciudad $1.150 millones por concepto del pago de la demanda. Al final, no solo se perdió el dinero, sino que tampoco se obtuvo ningún estudio para el corredor ambiental. Ante los hallazgos de la Contraloría, que sugieren un presunto detrimento patrimonial para Bogotá, lo que se viene será el análisis en detalle de cada evidencia para establecer si realmente se configura una pérdida de recursos públicos por una mala planeación e imponer las sanciones o sí todo se hizo bien. Los investigadores tendrán la última palabra.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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