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Después de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos —quien ya ratificó que involucrarse en la controversia de Gustavo Petro con la Procuraduría es “contraproducente”—, el alcalde de Bogotá arranca su búsqueda de respaldo internacional contra el fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años. El primer paso será Washington, donde se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hasta ahora, la CIDH ha evitado pronunciarse sobre la destitución. Sólo el pasado 28 de octubre, cuando Petro envió un grupo de abogados a solicitar medidas cautelares por una supuesta persecución ideológica del procurador, el secretario ejecutivo de la Comisión se limitó a decir que la solicitud fue recibida. Para entonces, se veía poco probable que esas medidas fueran otorgadas, teniendo en cuenta que se emiten según la situación de urgencia, riesgo o irreparabilidad del solicitante (por ejemplo, si está bajo amenaza de muerte). Petro no había sido destituido ni era claro que fuera a serlo, aunque en la administración temían lo peor.
Esta vez, si quiere las cautelares, Petro no podría insistir en la violación de sus derechos políticos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el grupo de protección de la CIDH no analiza el fondo de las violaciones de los DD.HH., sino que se encarga de prevenirlas. Petro tendría que alegar que le causaron un daño irreparable.
En efecto, después de su reunión con el presidente Santos, Petro dijo que se ocasionó un “daño irreparable a la ciudad”. Una sutileza: las cautelares son para personas afectadas directamente. Puede ser una o un grupo determinado (como un pueblo indígena al que le van a quitar sus tierras), pero otorgarlas para un grupo como “los bogotanos” es poco probable.
A diferencia de las demandas presentadas por un individuo contra un Estado (que pasan por un largo trámite antes de que sean llevadas por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), las medidas cautelares pueden ser otorgadas en horas, días o semanas. Además, no requieren el agotamiento de recursos internos.
La otra posibilidad que tiene Petro es presentar una demanda contra el Estado. Tendría que r primero a los jueces nacionales. Luego sí podría presentar su petición a la CIDH para que llegue a la Corte Interamericana y ésta decida si hay cómo condenar a Colombia. En la Corte está el precedente del fallo dictado en 2011 a favor de Leopoldo López contra Venezuela, en el cual el tribunal ordenó volver a habilitar políticamente al líder opositor y anular las resoluciones dictadas contra él por cargos de corrupción. No obstante, el presidente de la Corte, Diego García Sayán, ha dicho que espera que el caso de Petro no se resuelva en instancias internacionales, sino en Colombia.
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