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Pese a llevar más de 25 años en abandono absoluto y una existencia relegada a los recuerdos de quienes lo vieron en el furor de sus días, el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil ha vuelto a ocupar los titulares de prensa durante el remate de este año. Una vez se conoció la millonaria multa que pagaría el Distrito por cuenta de la imposibilidad de demoler ambas propiedades, para construir un nuevo hospital, el proceso de recuperación del histórico centro asistencial vuelve a ser noticia.
En medio de la incertidumbre sobre la adquisición que hará el Estado sobre las infraestructuras del complejo hospitalario, ya se celebró un contrato por casi $100.000 millones para renovar las instalaciones, tanto del San Juan de Dios, como del Materno Infantil.
Pero en medio de un típico caso de amoblar la casa sin haberla comprado, El Espectador conoció la denuncia de uno de los consorcios que participó en la licitación pública MC-LP-130- 2023, abierta por el Ministerio de Cultura, para la intervención y restauración de los dos centros asistenciales.
Este contrato, que se firmó el pasado 11 de diciembre con el consorcio constructor HMI, tiene por objeto adelantar las obras correspondientes para recuperar las instalaciones del deterioro actual y mejorarlas, para que el nuevo hospital unificado tenga la capacidad de brindar servicios de mediana y alta complejidad, en las especialidades de obstetricia, perinatal y neonatal.
Sin embargo, según denuncia el consorcio CMC, uno de los 6 oferentes que participó en la licitación, HMI no habría sido el contratista elegido en un principio para ejecutar las obras de intervención. A través de una carta dirigida a la opinión pública, este oferente se quejó del método de elección del contratista ganador, que se llevó a cabo en una audiencia de adjudicación pública, que comenzó el 7 de diciembre y se reanudó el 11.
Ese día, una vez se presentaron las observaciones a las propuestas de los oferentes en las variables jurídicas, financieras y técnicas, el Ministerio decidió suspender por algunas horas la audiencia. La razón de esta pausa, argumentó la entidad, radicaba en que, hacía falta conocer la Tasa Representativa del Mercado (precio del dólar) que iba a regir para el día siguiente, con el fin de realizar los ajustes necesarios y elegir la mejor propuesta. Este dato fue publicado a 4:40 P.M. y es, a partir de este momento, cuando el consorcio denunciante dice que todo se tornó extraño.
A pesar de que CMC figuraba en el primer lugar de la lista de elegibilidad de la licitación, los coordinadores del proceso licitatorio decidieron revisar, en primer lugar, la oferta del Consorcio Bacatá, que se encontraba en la cuarta posición. En la lista de observaciones que este contratista efectuó al Ministerio se alegaba que los otros cinco oferentes estaban inmersos en una causal de rechazo, que posteriormente fue rechazada.
Sin embargo, para sorpresa de CMC, que en efecto se encontraba en el primer lugar de elegibilidad, conforme al informe de evaluación, su propuesta fue rechazada sin una razón aparentemente válida. Acto seguido, otros dos consorcios fueron descartados bajo el argumento de manejar “precios artificialmente bajos” (muy por debajo del mercado), por lo cual se optó por alargar la audiencia una hora más, para que ambos consorcios presentaran la explicación correspondiente.
Transcurridas las 8:00 P.M. la audiencia se suspendió debido a que el tiempo excedía el que la ley contempla para este tipo de diligencias y se reanudó el pasado lunes 11 de diciembre. En esta nueva audiencia, para sorpresa de muchos, el ganador del contrato no fue, ni el Consorcio Bacatá, ni el CMC. En contra vía de lo denunciado por CMC, que habló de supuestas preferencias por el Consorcio Bacatá, el contrato se lo adjudicaron a HMI.
Más allá de que el Ministerio haya tomado la decisión, por los lazos del Consorcio Bacatá con Roberto Muñoz, el mismo dueño del proyecto de la mega cárcel de Sabana de Ángel —cuya obra lleva abandonada 11 meses y ya es catalogada como un “elefante blanco”—; o porque uno de los participantes de ese consorcio, Max Ojeda, era el mismo que realizó los estudios y diseños del hospital San Juan de Dios —lo cual es sujeto de inhabilitación para firmar el contrato— hay aspectos de la adjudicación que resultan extraños.
En primer lugar, según el informe de la licitación, había 3 proponentes con puntuación de 40,5 en los 3 ítems que evaluaba la entidad para adjudicar el contrato. Ninguno de ellos, entre los que se encontraba el consorcio CMC, resultó favorecido con la obra. Por otro lado, el consorcio HMI, el ganador del concurso contaba con una inhabilidad en el aspecto jurídico, que lo ponía en desventaja respecto a los otros tres consorcios.
Incluso, la dimensión económica de la propuesta de HMI, fue una de las que recibió la anotación de precios “superficialmente bajos”, que la tuvo ad portas de ser rechazada en favor del Consorcio Bacatá, como reza en la misiva enviada por los representantes de CMC.
La explicación del Ministerio de Cultura
El Espectador se comunicó con la cartera de Cultura del Gobierno Nacional, para conocer el trasfondo de la adjudicación del contrato a este consorcio. En principio, fuentes del ministerio le mostraron a este diario que el informe de evaluación, en el que solo tres de los consorcios cumplían con la puntuación y los requisitos, correspondía al primer informe. En el informe final, al que tuvo acceso El Espectador, se constata que, tras nuevas revisiones y observaciones, 5 de los 6 oferentes, entre ellos HMI, cumplían con la puntación 40,5, que los hacía sujetos de ser elegidos.
Por otro lado, en la foto de ese mismo informe, el consorcio CMC figuraba en el puesto número 1 de elegibilidad y el HMI en el segundo. Esto, no obstante, cambió luego de verificar la TRM vigente para el 11 de diciembre, día de la adjudicación. Este dato macroeconómico, que es utilizado para evaluar el ítem económico de las propuestas, cambió drásticamente el tablero de elegibilidad que había sido expuesto durante la audiencia del 7 de diciembre. Ahora, tras el cruce de la TRM con las propuestas, el consorcio HMI pasó al primer lugar de elegibilidad y el CMC al 4.
“El consorcio HMI resultó adjudicatario del proceso, ya que, una vez analizados los documentos aportados con su oferta, se encontró habilitado en los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y obtuvo el mayor puntaje correspondiente a 97,78 según los factores de ponderación establecidos en el pliego de condiciones, según obra en los informes de evaluación que se encuentran publicados en la plataforma de contratación pública Colombia compra eficiente SECOP II”, le contó a El Espectador la cartera de cultura.
Frente a esta respuesta, el consorcio CMC confirmó que el asunto “había quedado resuelto esta semana” con la adjudicación del contrato a un tercero. Por ahora, el pleito de la adjudicación se resolvió y el Ministerio adjudicó el contrato, conforme a la información evidenciada, al consorcio que mejor puntación obtuvo. Sin embargo, aún persiste la duda sobre la efectividad de estos trabajos en unos predios que, al menos por el momento, siguen en poder del Distrito.
¿Será esto una señal de que el Gobierno Petro terminará por tomar posesión del predio? La respuesta es probablemente sí. Lo incierto, es la vía que utilizará para lograrlo, si la expropiación o la compra al distrito, cuyo avaluó catastral es cercano a los $370.000 millones. De ser así, la inversión para recuperar ambos centros hospitalarios, y unificarlos, rondaría el medio billón de pesos, sin contar los posibles gastos de mantenimiento y operación que vendrían tras la recuperación.
El San Juan de Dios, una vieja deuda por cobrar de Petro
En afán de cobrar revancha en la batalla que se tenía por perdida con el histórico hospital, Gustavo Petro firmó el 15 de noviembre un decreto para adquirir y recuperar los dos centros hospitalarios y convertirlos en una sola entidad de carácter especial. Dadas las implicaciones legales que la acción presidencial desencadenó, se originó una vorágine de demandas que tienen $70.000 millones en juego.
En paralelo a las demandas, además, está la incógnita sobre como el Gustavo Petro del presente va a comprarle al Distrito los dos predios que el Petro del pasado adquirió a la Gobernación de Cundinamarca cuando era el alcalde de la ciudad en 2015. Si bien el Distrito y propietario de los dos predios ha dicho que no se opone a la recuperación de las instalaciones, siempre y cuando se le pague un precio a la ciudad todavía no ha quedado del todo claro si la cantidad que pagará el Gobierno será acorde a los $370.000 millones del avalúo catastral.
En medio de la incertidumbre sobre si el Estado comprará las infraestructuras, o se las tomará vía expropiación, ya fue celebrado un contrato por más de $100.000.000 millones para renovar las instalaciones, tanto del San de Dios, como del Materno Infantil.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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