Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los estruendos de las bombas aturdidoras del Esmad y las arengas de los comerciantes informales han sido la constante de esta semana en el paisaje sonoro de San Victorino. Las jornadas de protesta, que en ocasiones terminaron en disturbios, son producto de una nueva disputa entre los vendedores ambulantes del sector y las autoridades distritales.
El objeto que catalizó la discordia fueron unas vallas empotradas por las autoridades sobre el andén de la carrera 10, que apuntan a restringir el comercio informal en el sector. La acción, producto de la iniciativa en la que viene trabajando el Distrito hace seis meses, para organizar el comercio ambulante de la zona, levantó la cólera de los cerca de 200 comerciantes informales que llevan años trabajando en este lugar.
Puede interesarle: Conductor se llevó por delante un semáforo en la carrera Séptima con calle 151.
Pacífica en sus reivindicaciones, pero sin renunciar a la protesta, Noelia Barragán camina con sus compañeros por la carrera Décima, para rechazar lo que consideran una vulneración a sus derechos. Durante los últimos 5 años, junto a su esposo, ha trabajado en este tradicional sector comercial vendiendo mercancía. “Ropa, accesorios, ollas… lo que podemos conseguir honradamente y con eso le damos de comer a nuestras familias”, le contó la vendedora a El Espectador, mientras las protestas le dan una tregua para desayunar.
Ella, al igual que los otros vendedores, están en contra de la iniciativa del Distrito, que a través de la Alcaldía de Santa Fe y el IPES, busca reorganizar el comercio informal, de cara a la temporada decembrina. Uno de los planes consiste en trasladarlos a la calle 9 y la carrera 11, cuadras aledañas al perímetro de San Victorino.
Para la Alcaldía esto es necesario para descongestionar el espacio peatonal de la carrera 10, especialmente en la temporada de fin de año, que se ha caracterizado por el caos y las aglomeraciones, que dificultan el libre tránsito de las personas ajenas al comercio. Esto, sin contar los constantes episodios de inseguridad, para los que se presta esta clase de escenarios.
La Alcaldía Local de Santa Fe le contó a El Espectador, que esta medida no es fruto del azar ni de una persecución arbitraria contra los vendedores. Es el resultado inherente del pacto que firmaron en mayo con 107 voceros de los vendedores ambulantes, para armonizar su actividad comercial con el correcto uso del espacio público.
En esta lista de acuerdos, a la que tuvo acceso El Espectador, se establecieron normas para la convivencia, en las que se incluía la de “no ocupar espacios no autorizados por el IPES, así como a no extender mercancías o cualquier otro tipo de elementos por fuera del área autorizada”.
En este sentido, el andén que tradicionalmente ocupaban los vendedores ha quedo fuera del “área autorizada”, con el fin de garantizar el espacio público a los peatones. En compensación, se designaron otras zonas para reubicar a los vendedores y garantizar su derecho al trabajo.
“Estamos comprometidos con los vendedores formales e informales. No estamos persiguiendo a nadie, ni les vamos a negar el derecho al trabajo, pero no pueden estar aglomerados, como lo han venido haciendo. Por eso estamos reubicando a algunos, para que puedan vender de formas organizadas. La idea es que todos quepan allí: vendedores, peatones, y compradores”, explicó el alcalde de Santa Fe, Diego Herrera.
Otras de las iniciativas que adelantan el IPES y la Alcaldía de Santa Fe consiste en la carnetización de 400 vendedores informales y proveerles una planimetría, que define las dimensiones de sus puestos y su ubicación en el espacio.
Noelia mira con desconcierto las vallas empotradas y se niega a aceptar que la saquen del paisaje, que considera su segunda casa y su lugar de trabajo. Pese a que los voceros que representan a su gremio firmaron el acuerdo, Barragán se niega a moverse de la carrera 10.
Lo que pareciera un capricho motivado por la poderosa fuerza de la costumbre, la vendedora lo justifica en la aparente afectación que el traslado implicaría para sus ventas. “En la calle novena ya se ubican los ‘cachivacheros’ y nadie pasa, porque es inseguro. En la 11 tampoco pasa nadie. No vamos a poder vender una sola media. Esto es un atropello”, recalcó.
En la otra cara de la moneda están los vendedores formales, que mes a mes pagan arriendos entre $680.000 y $9.000.000, según el tamaño y ubicación del lugar. Organizaciones como AsoSanVictorino, que los agremia, recientemente manifestaron su apoyo a la reubicación de los informales y rechazaron los disturbios de esta semana, pues los cierres en la troncal de Transmilenio y los enfrentamientos, han disminuido los clientes.
Paola, vendedora que ha decidido ocultar su apellido por seguridad, está de acuerdo con la iniciativa y dice que espera que las vallas sigan ahí para diciembre. “Los vendedores ambulantes afectan demasiado. A mí, como pequeña empresaria, y a todo el sector comercial, que pagamos arriendo y que cumplimos las normas del IPES y las autoridades”.
Las vallas, aseguradas con tornillos incrustados al suelo, siguen inamovibles, a pesar de algunos intentos por quitarlas. Son una barrera de acero que asemeja la rígida frontera que hay entre los intereses de los actores involucrados. ¿Se logrará algún acuerdo, que permita conciliarlas a 3 meses de la llegada de diciembre? Por el momento, se adelanta una mesa de concertación entre el Distrito y las autoridades, para buscar algún tipo de solución.
Nota relacionada: Reúne empresarios y candidatos a Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Conoce más