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Mientras algunos delitos de alto impacto, como el homicidio, siguen disparados, la Policía afirma que el hurto y sus distintas modalidades vienen en descenso. No obstante, la percepción de inseguridad se mantiene alta, algo en lo que la justicia juega un papel fundamental, en especial, cuando ronda la palabra impunidad. Y es lo que siente la ciudad con dos recientes casos mediáticos, en el que las autoridades publicitaron la desarticulación de dos peligrosas bandas, pero a los pocos días quedaron en libertad. Y surge la pregunta ¿qué pudo haber fallado en el proceso?
Uno de los casos que mayor indignación causó, no solo en los ciudadanos, sino del propio Distrito fue el de la banda Los Relojeros. Tras una larga investigación, las autoridades anunciaron la captura de 15 sujetos dedicados al hurto de relojes y joyas de alta gama, en cinco ciudades, que serían responsables de al menos 16 casos. Sin embargo, un juez de garantías dejó en libertad a 10 de los 15 detenidos, pues consideró que la Fiscalía no logró demostrar el rol de algunos de ellos.
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Y la historia se repitió recientemente con la banda “Los Altagama”, dedicada al robo de vehículos. El Juez 35 de control de garantías otorgó libertad a siete sospechosos de cometer, al menos, 17 hurtos violentos de vehículos en Bogotá. Durante la audiencia de legalización de captura, el togado expuso que en la orden de captura no “se indicó de forma clara los motivos, en lo que atañe al hecho que se les atribuye y lo que motivó su captura”, reposa el acta de la audiencia.
Denuncia y libertad
Para Luisa Fernanda Caldas, docente y especialista en ciencias penales y criminológicas de la U. Externado, es comprensible que este tipo de casos generen indignación, “porque todos somos víctimas. Pero aquí es clave entender que la Policía y la Fiscalía tienen obligaciones que no pueden obviar, porque si hay un error en los procedimientos, el juez está en la obligación de declarar la ilegalidad de la captura”.
Cabe recordar que desde 2005, en Colombia los procesos judiciales se rigen a través de un sistema penal oral acusatorio. Bajo este procedimiento, se garantiza una administración de justicia ágil y respetuosa de los derechos fundamentales, en el que cada entidad tienen responsabilidades claras y un error puede llevar al traste un proceso.
Por ejemplo, la policía judicial es la encargada de recaudar y asegurar las evidencias, mientras la Fiscalía dirige la investigación, solicita a los tribunales las órdenes judiciales, imputa y acusa ante los jueces, quienes, finalmente, ejercen control de legalidad y son los que deben estar convencidos antes de emitir un veredicto.
Y si bien, en los casos de los procesados que vuelven rápido a las calles, las miradas recaen sobre los jueces, vale resaltar que ellos están en la obligación de analizar, ponderar y tener razones para afectar un derecho fundamental como la libertad. Por ejemplo, el maltrato a un detenido, capturarlo sin orden judicial o un error en un documento son suficientes para afectar el proceso. Cada garantía es pensada en los ciudadanos. “Por ejemplo, en un caso homónimo. Si no existieran, uno no tendría como defenderse”, agrega Caldas.
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De ahí la importancia del rigor y la experiencia de los funcionarios. Para el abogado Juan David Bazzani, especialista en derecho penal de la U. Externado y exasesor de Fiscalía (2013-2018), es cuestionable, por ejemplo, que en un caso como el Los Relojeros, hubieran encargado a un fiscal con poca experiencia. “Debió ir el mejor fiscal, ojalá especializado. Pero ponen a uno más preparado en casos mediáticos o políticos”. En el caso de la banda los de Altagama, cuestionó que un juez, que todos los días libra órdenes de captura, para este caso hubiera expedido una con errores. “Es imperdonable”, sentenció.
No acaba con la libertad
Caldas y Bazzani coinciden en aclarar que a pesar de otorgarse el derecho de la libertad, el proceso penal no termina allí a favor del procesado. “La Fiscalía o la Policía puede remediar el error y volver a solicitar una orden de captura. Pero mira cuánto tiempo se pierde por un error, luego de hacer un seguimiento por muchos meses o años con gran despliegue y para que se pierda en un día”, cuestionó la abogada Luisa Caldas.
Para corregir todas estas viejas y conocidas falencias, que son cíclicas, Bazzani dice que parece difícil, “porque no hay realmente una revisión estructural de la Fiscalía. Se ha discutido la formación de los fiscales o que están reventados de trabajo. Un fiscal de Bogotá, generalmente tiene que compartir un investigador con otros dos fiscales”. Esa carga laboral y la falta de experiencia, se ven reflejadas en los resultados de las investigaciones.
Mientras tanto, Caldas resalta que debe haber una articulación mejor entre Policía, Fiscalía y jueces, e igualmente insta a reconocer los errores para detectarlos, “y a partir de ahí, capacitar para tratar de reducirlos a unos mínimos aceptables. Porque reducir por completo es imposible. Estamos hablando de una justicia que es administrada por humanos y nos podemos equivocar”.
Desde el Distrito, el alcalde Carlos Fernando Galán apoyó la decisión de la Fiscalía de apelar la libertad en los casos de Los Relojeros y Los Altagama. “Vamos a buscar los recursos para que se tomen decisiones distintas. Espero tener un diálogo con todos los actores y revisar qué le corresponde a cada uno”, señaló.
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Según un informe de 2024 de la Corporación Excelencia por la Justicia, en 2023 Bogotá registró la mayor tasa de criminalidad del país y lideró el número de noticias criminales (493.052) registradas por cada 100.000 habitantes. El llamado es también a no dejar de denunciar y que la ciudadanía siga siendo veedora de las autoridades judiciales, exigiéndoles cumplir con su deber, para que errores del proceso dejen de ser costumbre.
Así se juzga a una persona en Colombia
Ante un delito, por ejemplo homicidio, la Policía actúa como primera autoridad y llega al lugar de los hechos para asegurar la escena. De manera excepcional puede realizar funciones de Policía Judicial, que es la encargada de adelantar las primeras indagaciones del caso y reporta a un fiscal, que es quien dirige la investigación y ordena la recolección de material probatorio. Si se tiene un sospechoso, el material se presenta ante los tribunales para solicitar una orden de captura.
Una vez detenido se lleva ante un juez de control de garantías para legalizar la captura, formular imputación (decirle por qué lo procesan) y solicitar medida de aseguramiento. El juez decide si deja o no en libertad al procesado. A partir de ahí la Fiscalía tiene 60 días para acusar formalmente al procesado y llevarlo a juicio ante un juez de conocimiento. Con esta autoridad, tanto fiscal como abogado defensor practican las pruebas para que el juez al final emita un veredicto de culpabilidad o inocencia.
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Por María Angélica García Puerto
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