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Los más de medio millón de ciudadanos que día a día enfrentan el colapso vehicular de la Calle 13 tendrán que seguir armándose de paciencia. La licitación, destinada a la adjudicación de los cuatro tramos principales (3 al 6) del megaproyecto de ampliación, ha quedado virtualmente desierta por cuarta ocasión consecutiva.
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Vale recordar que la obra que se pretende contratar es un complejo corredor de 11,6 km, entre la carrera 69F y el río Bogotá, divididos en cuatro tramos con un presupuesto total de $2,3 billones. Allí se esperan construir ocho carriles mixtos y cuatro exclusivos para Transmilenio, así como más de 20 km de ciclorrutas y casi 500.000 m2 de espacio público.
En esta oportunidad, el obstáculo que tiene en el limbo la licitación no radicó solo en la prudencia de las constructoras, sino en una barrera institucional infranqueable: las aseguradoras más grandes del país cerraron la puerta a respaldar a los oferentes. Aseguradoras de la talla de Seguros del Estado, Nacional de Seguros, Seguros Mundial y La Previsora emitieron respuestas desfavorables a las solicitudes de las firmas interesadas.
Según un documento que anexó un oferente en la etapa de observaciones revela algunas de las razones del sector para negarse a expedir las pólizas, entre ellas, un eventual desequilibrio de riesgos que debía asumir la empresa o consorcio que se ganara el contrato. Para el sector asegurador, la matriz contractual impuesta por el IDU presenta una sobreexposición e “imposible asegurabilidad” que ninguna póliza patrimonial puede asumir.
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“Como resultado del análisis realizado por dichas aseguradoras, se obtuvo respuesta desfavorable frente a la posibilidad de acompañar el presente negocio mediante la expedición de las pólizas requeridas, fundamentando su decisión en la magnitud del riesgo asumido, el alcance de las obligaciones objeto de afianzamiento, la elevada exposición patrimonial derivada de las coberturas exigidas y las condiciones de estructuración previstas en los documentos del proceso”, dice el oficio.
Y agrega: “Esta negativa de las compañías aseguradoras con mayor participación en el mercado nacional, constituye un indicador objetivo de que la estructuración actual del proceso presenta condiciones que exceden los parámetros aceptados por el mercado asegurador para este tipo de operaciones. Lo anterior evidencia que la asignación de riesgos traslada al contratista una carga desproporcionada que, a su vez, resulta inaceptable para las entidades aseguradoras”.
El oficio, que se radicó este jueves justo antes del plazo límite para la presentación de ofertas, solicita al IDU “realizar una revisión integral de la matriz de riesgos, del esquema de garantías y de las obligaciones objeto de afianzamiento, con el fin de ajustar aquellos aspectos que generan una sobreexposición del riesgo asegurable. Una adecuada redistribución de los riesgos permitirá restablecer el equilibrio del negocio jurídico, facilitar el acceso al mercado asegurador, promover una mayor pluralidad de oferentes y garantizar que la Entidad obtenga una participación amplia y competitiva, en beneficio de los principios que rigen la contratación pública”.
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Esto fue el punto final de una serie de observaciones que hicieron las empresas interesadas, en las que se cuestionaba desde la confiabilidad de los documentos previos, el presupuesto desactualizado, obligaciones desproporcionadas y los elevados riesgos a cargo del contratista. Una de las más notorias, por ejemplo, es la gestión predial: el IDU debe comprar 554 predios, de los cuales 414 son privados. Pese a ello, pretende que, en caso del retraso en una compra, el contratista modifique su cronograma y avance en otro frente, sin reconocerle los retrasos o las pérdidas que se pudieran generar.
Desde octubre del año pasado, cuando se abrió por cuarta vez la licitación, hasta la fecha se ha visto un proceso accidentado, que mostró dificultades a los 20 días con los ajustes al cronograma. Producto de las observaciones técnicas, jurídicas y financieras de los interesados, el IDU tuvo que modificar documentos (desde los estudios previos, presupuesto y pliegos definitivos); expedir cinco adendas, y siete resoluciones suspendiendo la selección, lo que llevó a que un proceso, que debió adjudicarse a finales del año pasado, parece que se estancó este 30 de junio en la etapa de recepción de ofertas, porque nadie se presentó.
Tras la situación, en la tarde del jueves, personal del Distrito analizaba la situación jurídicamente para ver si era viable aceptar la solicitud de los interesados en el contrato o si definitivamente se debía declarar desierto el proceso, lo que llevaría a la administración a comenzar un nuevo proceso. Desde el IDU indicaron que este viernes darán a conocer la decisión y el plan a seguir.
Calle 13: reajuste de presupuestos por tramos
Tramo 3 (Carrera 69F a Int. Av. Ciudad de Cali): Ajustado de $490.952 a $510.000 millones.
Tramo 4 (Av. Ciudad de Cali a Carrera 100): Ajustado de $583.000 a $605.000 millones.
Tramo 5 (Carrera 100 a Carrera 126): Ajustado de $612.000 a $636.000 millones.
Tramo 6 (Carrera 126 a Río Bogotá): Ajustado de $540.000 a $561.000 millones.
Inversión Total: Subió de $2,2 billones a $2,3 billones (a precios de 2026).
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Por Alexánder Marín Correa
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