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Comenzó la última fase de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), antes de su presentación ante el Concejo, y el Distrito juega con dos variables en contra: por un lado, el poco tiempo para conseguir su aprobación, lo que hace que no tenga margen de error, mientras por el otro está la jornada electoral, que se desarrollará en medio de la discusión más fuerte en el cabildo, por lo que el debate podría llegar a ser más político que técnico.
A pesar de ello, la administración sabe que tiene que buscar cómo sortearlas, pues el POT es el último gran reto que tiene la alcaldía de Enrique Peñalosa.
La correría del Distrito comenzó en noviembre del año pasado cuando, transcurridos casi tres años de estructuración de documento y de esperar una decisión alrededor de su solicitud de modificar la Reserva Van der Hammen, dio a conocer los pliegos del proyecto.
Primero presentaron los pliegos ante la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, para que dieran el aval ambiental rural y el urbano respectivamente. Aunque a la par se establecieron mesas de diálogos en las UPZ de la ciudad, para escuchar las propuestas de los habitantes e ir ganando tiempo, la conciliación con las autoridades ambientales tardó más de lo esperado: en vez de tres meses, demoraron seis.
Fue así como apenas a comienzos de junio se firmaron las actas de conciliación de ambos entes ambientales, lo que le dio pie al Distrito para hacer algunos ajustes al proyecto inicial, como sacar predios de la Universidad Nacional del plan parcial que se plantea en la zona y evitar la instalación de bares en zonas residenciales.
Con esto y otros puntos claros, el pasado 14 de junio se inició la última fase de la concertación, con la radicación del proyecto ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), entidad que tendrá 30 días hábiles para dar un concepto al respecto, es decir, hasta el 31 de julio. Aunque su concepto no es vinculante, es un paso obligatorio en el trámite.
Siendo así las cosas, y como cada día cuenta, la estrategia del Distrito consistirá, de acuerdo con el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, en ir avanzando, en la medida de lo posible, de forma paralela con el CTPD. “Seguramente se va a necesitar hasta una semana más. Es difícil anticipar. Pero supondríamos que el proyecto lo estaremos radicando en el Concejo el 5 de agosto. Trabajaríamos las 24 horas de todo el fin de semana anterior para hacer los ajustes correspondientes”.
Entre las cuentas del Distrito está previsto que, una vez radiquen el POT ante el Concejo, los cabildantes escogidos para analizar el documento tendrán 20 días para preparar y presentar su ponencia en comisión. Allí se espera que el grueso del debate se dé en los siguientes 25 días en la Comisión de Plan, por lo que, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Iván Casas, tienen puestas sus expectativas en que el proyecto pase su primer debate en septiembre y en menos de dos meses logre su aprobación en la plenaria.
Aunque todo parece fríamente calculado, no todo es tan fácil. En octubre hay elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales, por lo que es claro que la discusión en el cabildo se va a dar en medio de la búsqueda de votos, lo que hará difícil el trámite de propuestas impopulares, como la construcción de la alameda Entreparques y el sendero cortafuegos de las Mariposas.
Anticipándose a ello, los secretarios que estarán encargados de impulsar la iniciativa (Planeación y Gobierno) ya han tenido reuniones con las bancadas para medir el pulso del debate. Mientras Casas asegura que hay un ambiente propositivo, Ortiz señala que en reunión con las cabezas de las bancadas ya se han discutido temas como el censo poblacional y la masiva llegada de venezolanos.
“Nos han solicitado que hagamos por bancadas presentaciones previas del marco estratégico y los ejes fundamentales para que lo puedan conocer. Ellos entienden la magnitud del proyecto y tienen ganas de incluir propuestas que se han debatido en los últimos años en el Concejo y que quieren que queden plasmadas en el POT. Allí no solo se definen los temas urbanísticos sino también de movilidad y los diferentes equipamientos de la ciudad”, señaló Casas.
Incertidumbre
A pesar de que el Distrito confía en que la discusión se va a dar en los tiempos esperados, hay un tema jurídico que le puede jugar en contra. La Procuraduría aceptó estudiar una recusación que la veeduría ciudadana de la Reserva Van der Hammen interpuso contra el director de la CAR, Néstor Franco, por un posible conflicto de intereses. En ella solicitaban que el funcionario se declarara impedido para discutir la conciliación del POT (que ya está firmada) y la solicitud para modificar la Van der Hammen (de la que está en estudio el proceso de sustracción para la construcción de vías dentro de la reserva).
Tras la firma del acta del POT, el ente de control pidió revocarla hasta que se resolviera el recurso. No obstante, la CAR hizo caso omiso y el Distrito siguió con el proceso. De resolverse la recusación a favor de la veeduría ciudadana, la conciliación ambiental con la CAR se caería y se tendría que repetir, con lo que se perderían los últimos meses de discusión y se aplazaría la revisión que adelanta el CTPD. Esto, en síntesis, descuadraría las cuentas de la administración, lo que implica un gran riesgo para el Distrito, pues podría implicar que el proyecto quede en manos de la próxima administración.
Si bien el Consejo Territorial ya empezó el análisis del proyecto, con la división de los documentos en las ocho comisiones que lo integran, que en estos días escucharán tanto a los secretarios del Distrito como a quienes se han opuesto a la propuesta, entre sus miembros aún hay dudas.
Por esta razón enviaron un derecho de petición, que aún no ha sido respondido, al delegado para asuntos ambientales de la Procuraduría, Gilberto Blanco, pidiéndole que aclare cómo deben proceder mientras se resuelve la recusación.
Más allá del optimismo del Distrito, lo cierto es que sus cálculos para sacar adelante el POT hoy dependen de la respuesta y la decisión de la Procuraduría, y de lo que tarde CTPD en emitir su concepto, y por el momento asegura que se tomará todo el tiempo estipulado en la ley para hacer un análisis cuidadoso del documento.
Una vez llegue al Concejo de la ciudad, comenzará otra lucha contra el reloj, ya que los cabildantes tendrán 90 días para tomar una decisión. Si los cabildantes no llegan a un acuerdo en este tiempo, al alcalde Enrique Peñalosa le quedaría una última carta antes de dejar su cargo: aprobar por decreto el POT que él sueña, la última alternativa que le quedaría a la actual administración y que sus funcionarios no descartan.
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