Los cargos por el «cartel»

Por considerar que aprovecharon sus condiciones como funcionarios públicos para solicitar dineros al grupo empresarial Nule, como contraprestación a un trato favorable desde sus cargos, el procurador  general, Alejandro Ordóñez, imputó este viernes cargos al contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, y al exrepresentante a la Cámara por Bogotá Germán Olano, dos de los principales protagonistas del escándalo por el supuesto cartel de la contratación en la capital.

Moralesrussi y Olano son investigados por concusión a título de dolo e incremento patrimonial injustificado (el primero por $500 millones y el segundo por $300 millones). Olano fue acusado también de incumplir con la presentación de su declaración de renta entre 2007 y 2010.

Para optar por el pliego de cargos Ordóñez tuvo en cuenta pruebas de tipo testimonial, documental e informes técnicos. Entre ellas, el testimonio del exsubcontratista del Distrito Alejandro Botero, considerado el ventilador del llamado cartel, quien aseguró haber escuchado una conversación de contratistas que hablaban de un dinero para Moralesrussi con la intermediación de “un señor Olano”.

La Procuraduría examinó las declaraciones de Miguel, Guido y Manuel Nule y la grabación de una conversación entre Miguel Nule y Germán Olano, divulgada por Caracol Radio, en la que aparentemente hablan de una comisión para el contralor a cambio de un trato favorable en su labor como controlador fiscal, en el contrato que tenían los Nule para reparar la malla vial.

Señaló el procurador que Guido Nule aseguró haber recibido  la petición de dineros por parte de Moralesrussi en varios escenarios: primero en un desayuno en la casa de la concejal Ángela Benedetti, en un segundo encuentro en un hotel del barrio Chapinero y en dos reuniones más en el despacho del contralor, con la presencia del abogado Álvaro Dávila y del contratista Julio Gómez.

“La concusión no se condiciona al trámite de un proceso penal”, explicó el procurador, “es decir, que pueden ser diversas las posiciones entre la autoridad penal y la disciplinaria”. Pero además, Ordóñez advirtió que “la concusión es una sacudida que se le hace a alguien para que coopere”.

Olano y Moralesrussi comenzaron a ser investigados por la Procuraduría, la Fiscalía y (en el caso del excongresista) la Corte Suprema de Justicia, luego de la divulgación, en mayo pasado, de la conversación entre Miguel Nule y Olano.

Al momento de rendir sus descargos, Olano y su abogado manifestaron que los cargos no tenían fundamento probatorio. Según el investigado, la grabación de su conversación “es una prueba ilícita”, debido a que fue tomada sin su consentimiento y no tuvo cadena de custodia. En cuanto al presunto incremento patrimonial, el abogado Diego Corredor cuestionó el hecho de que el órgano de control le hubiese dado a la defensa plazo hasta el miércoles entrante para justificar esos dineros y, sin embargo, se hubiera citado a la audiencia pública sin esas pruebas. Sobre las declaraciones de renta de 2007 a 2010, Olano dijo que “nunca requirieron esos documentos”.

El excongresista reconoció haberse reunido con Guido Nule y el contralor en un hotel de la ciudad, pero negó que se hubiese hablado de comisiones. “Nunca solicité dineros. Nunca abusé de mi condición de congresista. Fui amigo de Miguel Nule. Me ilusioné. Si Miguel no me ilusiona diciéndome que me iba a ayudar con mi campaña al Senado, yo no me lanzo porque no tenía con qué. Nunca me dieron un peso”, dijo, muy sentido, el político liberal, quien reveló que entre abril y junio del año pasado se reunió “de 80 a 100 veces” con Miguel Nule.

Moralesrussi también alegó que las acusaciones en su contra son infundadas. “Llevan 227 días destruyendo mi nombre, el de mi familia y mermando la credibilidad de la institución… esto es una estrategia mediática”, dijo. Según él, “en su caso no se configura incremento injustificado de dinero, pues le están contabilizando $420 millones de un leassing habitacional”.

 Los abogados de los investigados solicitaron la nulidad de las pruebas y que se comience el proceso de manera ordinaria y no pública. La audiencia continuará el próximo lunes a las 8:30 a.m.