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En el último año de gobierno de Claudia López, la seguridad ciudadana seguirá siendo una prioridad, confirmó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Este año, la capital tendrá el reto de disminuir el hurto, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, aspectos que se suman al propósito de mantener a la baja las cifras que se lograron el año pasado.
Bogotá cerró el 2022 con una tasa de homicidio del 12,8 % por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos 61 años (ver gráfico), asimismo se destaca la reducción en delitos como la extorsión y el hurto de automotores, bicicletas, motocicletas y a viviendas. En cuanto a los golpes contra el crimen organizado, fueron desarticuladas 484 bandas, entre ellas estructuras nacionales y transnacionales que disputaban las rentas criminales.
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Con miras al último año de la alcaldía de Claudia López, la cartera de Seguridad encaminará sus esfuerzos a fortalecer el acompañamiento institucional y afianzar la participación ciudadana. Por eso, para este 2023 se contempla un avance clave en las dos URI que se están construyendo en Suba y Tunjuelito, centros de atención para la ciudadanía que se suman a las 16 Casas de Justicia y los 1.600 frentes de seguridad existentes en Bogotá.
A pesar de que la percepción de inseguridad ha jugado en contravía de los resultados que dan las autoridades, el secretario de Seguridad dio un parte de tranquilidad y, en conversación con El Espectador, hizo balance del año que acabó y el plan de trabajo para esta nueva temporada.
¿Cuál fue la estrategia del año pasado?
En 2021 vivimos un incremento en casos de homicidio, hurto de automotores y motocicletas, entre otros; esos indicadores nos llevaron a desarrollar una estrategia que ha dado resultados bastante favorables.
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Partimos de la recuperación económica y del empleo, la atención a población vulnerable, la participación ciudadana alrededor de la seguridad y el aumento del pie de fuerza de la Policía. Todo esto nos permitió tener un avance notable en la protección a la vida, la desarticulación de estructuras y su judicialización y estar más presentes en las zonas donde veíamos focos de inseguridad o crimen, la idea siempre ha sido anticiparnos al delito.
¿Qué más se logró?
Avanzamos en la entrega del centro de reclusión, en enero pasado, de Puente Aranda, que tiene 215 cupos para atender el problema de hacinamiento. En agosto entregamos el centro integral de justicia de Campo Verde, en Bosa, el complejo de acceso a la justicia más grande de Bogotá. En diciembre entregamos el nuevo comando de la Policía, en el Salitre, que facilitará operatividad de todas las especialidades que trabajan por la seguridad.
En suma, no solo las estrategias que hemos venido emprendiendo en materia de seguridad tienen resultados importantes, sino también en términos de equipamientos, infraestructura y capacidades operativas, que nos permiten atender las necesidades.
¿Cómo está la participación ciudadana?
Ese es un recurso fundamental en nuestra estrategia y política de seguridad. Como en la pandemia muchos de estos grupos de participación se desconectaron, decidimos reactivar los 1.600 frentes de seguridad que ya existían, eso nos permitió fortalecer el vínculo entre comunidad y Policía.
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Hay comunidades que no se sienten cómodas trabajando en un frente de seguridad cercano a la Policía, pero sí quieren hacerlo entre ellos en pro de la seguridad y de sus entornos, así fue como la Secretaría impulsó la estrategia de las “Redes de Cuidado”. Desde 2021 tenemos casi 900 redes creadas que tienen un enfoque poblacional, y se organizan en lógica de prevención y participación, hemos vinculado a todo tipo de comunidades, desde la población migrante y LGTBIQ+, hasta comerciantes, taxistas y motociclistas. Estas dos iniciativas nos han permitido conectar 8.600 cámaras al C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo).
¿Qué viene en materia de seguridad este año?
En cuanto al hurto a personas y de celulares, gracias al aumento del pie de fuerza, de 1.500 uniformados, vamos a fortalecer las capacidades en los entornos del sistema de transporte público, trabajaremos de la mano de Transmilenio y con el mejoramiento de la infraestructura ofreceremos un servicio más seguro.
Para los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, brindaremos más espacios de atención. Es clave destacar que actualmente recibimos más denuncias gracias a las Casas de Justicia, las URI y el apoyo de los consultorios jurídicos de las universidades. Al margen de que hemos logrado atender más casos, reconocemos que hay un aumento en esos delitos, por eso estamos obligados a fortalecer nuestros elementos de atención y prevención.
Otra labor que adelantaremos es la conservación y el buen manejo del espacio público. Junto con las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Económico, la UAESP y el IPES, estaremos coordinando acciones para organizar la ciudad, en lugares como San Victorino y Plaza España. Esto es un pedido de la ciudadanía y una iniciativa que nos brindará una mayor percepción de seguridad.
Según el secretario de Seguridad, esta cartera se ha propuesto concluir su período de gobierno con índices históricos a la baja, y sobre todo con una relación ciudadanía-autoridad completamente restablecida.
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