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Las obras inconclusas, los elefantes blancos y la corrupción siempre parecen ser más rápidos que la justicia. Y Cundinamarca podría ser ejemplo de esta premisa. Pese a que se tienen identificados alrededor de 100 obras paralizadas por líos con su contratación, han sido pocos los llamados a responder.
Hasta ahora se empiezan a conocer algunas acciones de los entes de control. En las últimas semanas, la Procuraduría abrió expediente disciplinario contra tres exalcaldes; la Fiscalía logró la condena de otro exmandatario, y la Contraloría sigue buscando rescatar algo de los dineros públicos que se han perdido por problemas de ejecución.
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El caso más reciente es el proceso penal contra el Carlos Humberto Calvo, exalcalde de Caparrapí (2012 y 2015), a quien declararon culpable por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, en provecho de terceros.
La razón: Calvo efectuó el pago anticipado a un contratista, por $112 millones, pese a que era inviable realizar los trabajos contratados, teniendo en cuenta que, para la fecha de los hechos, se ejecutaban otras obras en el municipio.
Uno de los contratos de la polémica se iba a celebrar por $180 millones, para construir la red de acueducto del barrio El Municipio. Asimismo, se acreditó un segundo contrato por $10 millones, para adelantar la pavimentación, en cemento rígido, de algunas vías de Caparrapí.
Caparrapí, una muestra del flagelo
Pese a la condena del antiguo burgomaestre, el municipio sigue arrastrando el lastre de la corrupción. La Contraloría del departamento encontró que 62 obras en municipios de la región presentan significativos retrasos e, incluso, abandonos por los contratistas, que los hacen potenciales elefantes blancos. Cuatro de estas obras, con una cuantía total de $509 millones, se encuentran en Caparrapí.
Conforme a la información alojada en SECOP I, uno de estos contratos se celebró el 11 de noviembre de 2015, para la construcción de dos placas tipo huellas, para vía terciarias. Pese a que la duración del contrato era de solo un mes, el 22 de diciembre de ese mismo año se amplió el plazo a través de un otrosí.
No obstante, en el fichero del contrato, figura un anexo adicional, publicado en 2017 en la plataforma de contratación. Se trató de una resolución administrativa, en la que el municipio archivó el proceso disciplinario contra el contratista (Consorcio Kapital ING), argumentando que la obra quedó bien y que la aseguradora emitió un concepto favorable.
De otro lado, también figuran contratos por la misma cuantía ($180.000.000) para la construcción de otra placa huella en tipo terciario y una red de acueducto. En este caso, a diferencia del otro contrato, las autoridades municipales, en cabeza del entonces alcalde, José Joaquín Sánchez, decidieron liquidarlos de manera unilateral, por incumplimiento. Como coincidencia, en ambos también aparece el consorcio Kapital ING. Para los tres casos, se pagó el anticipo del 40 % del valor total de la obra al consorcio. En todo caso, dos de estos proyectos, con el exalcalde enjuiciado y la mira de la Procuraduría, están sin terminar.
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Cundinamarca asediada
Las irregularidades contractuales no son, ni mucho menos, exclusivas de Caparrapí. Durante el Encuentro con Mandatarios 2024-2027, el contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que Cundinamarca es el departamento con más procesos abiertos por cuenta de los elefantes blancos. Con 175 proyectos en total (contando los 62 que saltaron a la palestra recientemente), en los que destacan sobrecostos, incumplimientos, irregularidades en los requisitos y abandonos de obra, el departamento se quedó con ese deshonroso reconocimiento.
Regresando al listado de los 62 elefantes blancos, se encuentran casos más escandalosos. Por ejemplo, Apulo es el municipio con la mayor cantidad de recursos comprometidos, con un total de $3.115 millones, dinero que se destinó para la construcción de una planta de tratamiento, que no se terminó.
A pesar de que la Contraloría se encuentra auditando el destino de los dineros, la documentación hace entender que la obra fue “descartada” un mes después de hacerse público el concurso para llevarla a cabo. La planta de tratamiento, según reza el último anexo de la obra, fue archivada debido a que el proceso para adjudicarla no culminó en la vigencia de 2013.
El acta que suspendió la licitación, por otro lado, no corresponde a las fechas expuestas en la plataforma pública, ya que su expedición data del 8 de enero de 2014. En contraste, según datos del Secop I, la apertura de proceso se dio el 31 de diciembre de 2013 y se descartó, un mes después, el 31 de enero de 2014. ¿Cómo es posible que un proceso de contratación comenzara al filo de una vigencia y luego, fuera suspendido porque sí, días después por la misma administración? Y todavía más importante, ¿qué paso con esos recursos?
En el despeje de dichas incógnitas se encuentra, ahora mismo, el ministerio público cundinamarqués. Como dato adicional, que termina por finiquitar toda sospecha, al entonces alcalde del municipio, William Roberto Forero Pulido, le imputaron celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales; daño en los recursos naturales, y contaminación ambiental.
Diez años después del proceso contractual, y dos de la imputación al exburgomaestre, sigue sin haber sanciones y en el predio, en el cual se construiría la planta, solo hay una casa de construcción subnormal rodeada por un cauce de aguas negras.
Al igual que los dos casos anteriores expuestos, hay otros 39 municipios con proyectos cuyo eslabón contractual presenta las mismas irregularidades. Cada caso, con sus salvedades, parece replicar el listado de inconsistencias que, año tras año y vigencia tras vigencia, se repiten sin cesar. Para colmo, y muy a pesar de las autoridades, la mala costumbre de percibir la corrupción y no detenerla, parece haberse expandido por las sabanas y páramos de la bella Cundinamarca.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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