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La elección de alcaldes locales en Bogotá es un punto de partida para entender la política local. Tras una larga espera, a la fecha, la secretaría de Gobierno ha dado los nombres de los alcaldes y alcaldesas electos, en 15 de las 20 localidades de la ciudad. Cada designación genera aprobación o descontentos y en Rafael Uribe Uribe parece ganar la desaprobación.
No solo por la situación en la localidad, que viene de atravesar una tormenta por las denuncias de presuntas irregularidades en el pasado gobierno local, que llevaron a renunciar al último alcalde, sino que alegan que, en la designación de la nueva alcaldesa, fuera de ser “una cuota política”, no se tuvieron aspectos relevantes como su experiencia y su arraigo. Pese a ello, el Distrito dice que ella cumple los requisitos para el cargo.
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La puja previa por el cargo causó expectativa, en especial, por la forma cómo se dio la salida del anterior alcalde local, Eduard Quintana, a quien señalaron de nepotismo y otras posibles irregularidades en el ejercicio de su cargo, las cuales salieron a la luz desde el Concejo de Bogotá.
Tras las elecciones de octubre pasado y la reconfiguración del mapa político en la ciudad, el partido Alianza Verde es mayoría en la Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe al posicionar tres ediles, seguido por el Liberal, con dos. Este dato tiene relevancia, pues es la JAL la que adelanta el proceso de selección de la terna, que se presenta ante el alcalde Mayor, para que elija el mandatario local.
En este contexto, la elección de Diana Carolina Sánchez, abogada con especialización en derecho laboral y sistema de seguridad social, fue motivo de división. El descontento venía de antes. Tanto así, que el 10 de abril, después de conocerse la terna que la JAL presentó al alcalde Carlos Fernando Galán, un grupo de líderes y maestros radicaron una queja formal para señalar presuntas irregularidades alrededor de la inclusión de la candidata. Pero no fue la única cuestionada. Ese mismo mes, un veedor hizo lo propio contra la candidatura de Edward Yesid Roa. En ambas denuncias apuntan al incumplimiento de requisitos para participar en la contienda.
La queja contra Sánchez la firmaron 18 personas de veedurías ciudadanas, fundaciones, profesores y personas con diferentes roles en la localidad. En ella señalan, que su candidatura: “Podría configurar un presunto tráfico de influencias y nepotismo, el cual se está convirtiendo en un comportamiento sistemático. Mismo actuar que ha sido reprochado a nivel distrital y objeto de debates en el Concejo de Bogotá, por graves denuncias de la misma comunidad”. La segunda (contra Roa), la firmó un veedor, quien señala: “anhelamos que, de una vez por todas, una administración pueda generar progreso y bienestar a todos los habitantes de esta zona”.
Sobre la norma
Al estudiar las hojas de vida de los aspirantes al cargo, se deben tener varios aspectos, como su formación, experiencia, contratos y arraigo en la localidad que pretenden representar. La denuncia contra la alcaldesa Sánchez comienza señalando una presunta inhabilidad por incumplir el Artículo 66, de la Ley 1421 de 1993, que establece que ningún candidato(a) puede participar en la contienda si tres meses antes de la elección suscribió un contrato con un organismo público de cualquier nivel.
En este caso, la hoy alcaldesa Sánchez suscribió uno de asesorías jurídicas con el SENA, el 19 de enero del 2024, por $92 millones y 11 meses de duración, como lo demuestran los documentos del portal de contratación pública SECOP. Sin embargo, esta presunta inhabilidad la descartó la propia secretaría de Gobierno, al explicar que la normativa establece claramente que el tiempo corre a partir del nombramiento o la designación del alcalde Mayor y no del momento de la inscripción que los aspirantes al cargo de alcalde local.
Como lo contamos en artículos anteriores, los requisitos para elegir alcaldes y alcaldesas locales cambiaron en esta vigencia. La secretaría de Gobierno tuvo que implementar por primera vez la paridad de género y tener en cuenta nuevas exigencias académicas, aspectos con los que explicó los retrasos de la elección, cuyos nombramientos comenzaron la última semana de junio. Pero también, los vínculos del aspirante con la localidad. No solo debe vivir allí, sino haber desarrollado parte de su experiencia profesional en la localidad.
Y, en este caso, la experiencia y el arraigo son otros aspectos cuestionados. Según los líderes entrevistados por El Espectador, la alcaldesa electa ni siquiera vive en la localidad y justificó su experiencia laboral en el territorio como asesora jurídica de una óptica, que pertenecería a un familiar suyo. Incluso, resaltan, que en la experiencia laboral que mostró Sánchez para firmar el contrato con el Sena, no aparece dicha experiencia en la óptica, sino únicamente, su paso como asesora jurídica en RTVC.
No obstante, la Alcaldía Local, luego de la designación, publicó la experiencia de Sánchez en detalle, añadiendo tanto la óptica como su paso por los Fondos de Desarrollo Local de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe, Ministerio de Agricultura (2015), Secretaría General Alcaldía Mayor (2011) y Consejo Nacional de Topografía.
Una líder señaló que el hilo conductor de estas las elecciones siempre lo trazan los partidos políticos. “En este caso los Verdes continúan la línea de la pasada administración en la localidad”, indicó. Asimismo, advierte los denunciantes, que la candidata habría contado con el respaldo de un edil de Alianza Verde y otro Liberal. “Hoy en día mantiene el apoyo de los Verdes, como lo prueba su vinculación con el contrato del SENA, a través de su director, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, exsenador del partido Alianza verde”, indica el documento.
Añade el escrito de la denuncia que, “el esposo de la candidata suscribió un contrato igual con el Sena con dos días de diferencia (…), también se presentó para el proceso de alcaldes locales por la localidad de San Cristóbal, sin tener éxito en la superación de la prueba”. Otro líder dijo a este diario que Galán tuvo conocimiento de la denuncia, pero, “prácticamente nos dijo que no tenía validez”. La querella avanza con una petición dividida en 16 puntos en los que se solicitó revisar al detalle lo expuesto.
Dice la denuncia en un apartado final: “en la audiencia pública dada por la candidata, en las preguntas que realizaron los ediles y la comunidad, se identificó que ella no ha tenido experiencia en cargos directivos ni de coordinación de equipos de trabajo. No ha estado a cargo del manejo de recursos públicos. Su única experiencia es en apoyo jurídico”.
La secretaría de Gobierno señaló a este diario que un equipo jurídico avaló la candidatura de la nueva alcaldesa y ratificó que está dentro de la norma, a pesar de que algunos líderes dijeron que no conocieron la respuesta y los argumentos que validaron la posterior elección por parte del alcalde.
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Por Juan Camilo Parra
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