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Martha Castro, Nancy Moreno y Miriam López tienen algo en común: llevan más de dos décadas cuidando a los niños y niñas más vulnerables en Bogotá. Ellas, como otras 2.844 mujeres en 14 localidades, son madres comunitarias, según cifras del ICBF. Hacen parte de un programa de la Institución, que se reglamentó en 1989 y que brinda a aquellas familias que no tienen cómo pagar una guardería, espacios de cuidado y crianza para sus hijos.
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Aunque como su nombre -“comunitarias”-, se entiende con un sentido voluntario, su rol es un trabajo como cualquiera, pero poco valorado. El jueves 18 de julio algunas asociaciones de madres comunitarias de la ciudad se dieron cita frente a las instalaciones del ICBF, para protestar de nuevo, ante incumplimientos de la entidad en lo pactado hace apenas dos meses sobre el pago de sus salarios.
“Protestamos, porque incumplieron el compromiso pactado con los pagos, que era pagarnos el 11 de cada mes. En junio el retraso fue de cinco días y ahora nos dicen que nos pagarán después del 20 de agosto, porque hay fallas en el presupuesto que designó el ministerio de Hacienda. Mientras no aumenten el presupuesto, continuaremos con la misma problemática de pagos y contratos”, dijo Martha Castro, madre comunitaria.
No es la primera vez que tienen que salir a protestar. A principios de mayo, al menos 500 madres comunitarias bloquearon la Avenida 68 para exigir el pago de su sueldo. Para entonces, a cada una, les debían dos meses, es decir, dos salarios mínimos. Vale recordar que una de sus victorias fue que la Corte Constitucional ordenara en 2012 que les pagaran el mínimo a las madres comunitarias.
Otro de los constantes reclamos, es la precarización de sus contratos. Las contratas a través de asociaciones y antes era a un año, pero ahora solo duran cuatro meses, con adiciones de dos o tres meses. “El contrato se nos vence el 30 de agosto y no nos han definido si nos van a hacer contratación a largo plazo o prórrogas”, señaló Miriam López, madre comunitaria de Bosa.
Por el tipo de contratación, ellas deben pagar sus prestaciones sociales. Si incumplen les imponen multas. “Si no pagamos la seguridad social, nos cobran una multa que no asume el ICBF y no nos dan el retroactivo. Y en nuestro contrato, aunque supuestamente somos una entidad administradora, donde tenemos toda la potestad, el ICBF nos prohíbe permisos o tener el día de la familia, por ejemplo”, reprochó, por su parte, Nancy Moreno, otra madre comunitaria.
A esta inconformidad se suma las deudas que han tenido que adquirir por la presunta falta del pago de salarios. La asociación donde trabaja Martha Castro, por ejemplo, tiene cuentas pendientes con los proveedores de alimentos, que adquieren para garantizar las tres comidas al día de los niños que cuidan. “El mercado que pagamos es a mes vencido. Es de carne, granos, panadería, lácteos. Pero el promedio de deuda con ellos asciende a 28 millones de pesos”. Incluso, señala Nancy, “muchas compañeras tuvieron que prestar de su bolsillo para mantener esos días a los niños o a acudir a gota a gota”.
Y los niños en la mitad
Garantizar los derechos de los niños y niñas del país es algo fundamental, sobre todo durante los primeros años de vida. Miriam López, de 52 años, es testigo de ello. Trabaja hace 20 años como madre comunitaria en la Asociación Pequeños Genios, de la localidad de Bosa, donde, junto a otras mujeres, tienen bajo su cuidado, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., a 182 niños, con edades que oscilan enre los 18 meses y los 5 años. Hijos de migrantes venezolanos o padres cabeza de hogar, que cada día salen a buscar el sustento para su familia y buscan quien los cuide.
“En nuestro hogar hacemos de todo. Vemos por su alimentación y les enseñamos lo que necesiten. Mi vocación y motivación son los niños. Aquí tengo hijos de niños que una vez cuidé, porque me dicen que prefieren llevarlos a donde la profe que los cuidó y quiso mucho. Esa es mi alegría”, relata Miriam.
Nancy Moreno tiene el mismo sentimiento. Tiene 54 años y hace 20 es madre comunitaria y ahora es representante legal de la Asociación Casa Blanca, en Suba. Allí, junto a seis madres más, atienden a 84 niños y niñas en el mismo horario y rango de edad que Miriam. “Son hijos de madres cabeza de hogar o familias desplazadas. Ellos llegan a las 8:00 de la mañana y les preguntamos qué hicieron en casa. A las 9:00 a.m. toman el refrigerio. Esta semana les estamos ensañando símbolos patrios. Luego jugamos y al mediodía les damos almuerzo y en la tarde, las onces”, detalló.
En otros casos, como el de Martha Castro, madre comunitaria de la Asociación Patio Bonito, en Kennedy, lleva 29 años en este oficio y junto con otras 23 mujeres, tienen a su cargo 322 niños, de padres que trabajan, por ejemplo, de manera informal en Corabastos. “Nosotros, aparte del proceso nutricional, realizamos un proceso pedagógico, que tiene que ver con hábitos de higiene y salud, de valores, de socialización, de desarrollo físico y motriz, garantizándole espacios seguros”, asegura.
Aunque existe una vocación de servicio detrás, muchas veces esto no suple las necesidades de los menores que, incluso, en varios casos, dice Martha, solo pueden comer lo que les brinde el hogar comunitario, situación que respalda la necesidad de exigir los pagos convenidos a tiempo. “Que no nos paguen implica que los niños sean los más afectados, pues su parte anímica y física se ve afectada, y no se puede desarrollar un proceso con tranquilidad y armonía. Por lo que las familias terminan teniendo que buscar otra persona, pero sin saber qué tipo de tratos les dé a los niños”.
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El ICBF responde
La directora de Primera Infancia del ICBF, María Mónica Martínez, comentó que este jueves se reunió con las madres comunitarias que protestaron frente a la sede de la entidad. Aseguró que, a la fecha, deben el pago correspondiente a julio y agosto, “porque el ministerio de Hacienda nos da PAC (Programa Anual de Caja) vencido, no anticipado. El desembolso contractual es bimensual. Y realmente son 15 días que quedan en mora. ¿Cuándo queda todo nivelado? El 11 de agosto, porque ahí queda desembolsado todo lo de julio y lo que queda de agosto”, explicó para este diario.
Y agregó para aquellas madres comunitarias que, a la fecha, no les ha llegado el pago, “la caja que nos dan de $620 mil millones cubrimos todo lo que está facturado en ese momento. Lo que no, queda justo para el siguiente día 11. Entonces las facturas que ellas presentaron muy seguramente corresponden a este mes, pero superior al 11 de julio”, dijo Martínez. Papeleo que según Miriam López representa una carga. “Después de entregar a los niños, nos dedicamos a los formatos que nos pide el ICBF. Porque les interesa más eso que los chiquitines”, sentenció.
Respecto a qué se ha planteado para brindarles contratos mínimos por un año, la funcionaria aseguró que “justo este jueves, la directora Astrid Cáceres tuvo una reunión para vigencias futuras, que llevamos solicitando y concertándolas desde hace más de un mes y aspiramos se aprueben en septiembre, para que nos dé la oportunidad de irnos con contratos hasta el 2025. Si nos aprueban vigencias hasta el 2026, esto les da mucha más estabilidad a las madres comunitarias. Pero, por ahora, el 31 de julio se vencen contratos y sí o sí nos toca hacer una prórroga a septiembre, para no ponerlas a presentar varios papeles”, acotó.
Por otro lado, ante las quejas por las deudas que algunas madres comunitarias tienen con proveedores, Martínez dijo que “lo que sucede es que su flujo de recursos no es tan alto y eso implica que tengan que apoyarse en los proveedores para que les suministren los alimentos, cuando la Asociación no tiene el soporte de recursos”.
Finalmente, desde el ICBF indicaron que la meta es terminar con la tercerización que en los últimos 15 años ha primado, porque “somos los garantes de los derechos de los niños y niñas y si siempre estamos apoyados en un tercero, pues esa garantía va a ser más compleja. Todo lo estamos diseñando para poder traernos la atención directa, para que las madres comunitarias estén contratadas directamente por y con la entidad”, aseguró la directora de Primera Infancia.
Mientras ese modelo cambia para ser menos burocrático, las madres comunitarias como Martha, Nancy y Miriam seguirán prestando su amor y conocimiento en el cuidado, bajo condiciones que el ICBF y el Ministerio de Hacienda deben revisar para no solo garantizarles una labor más digna, sino, sobre todo, preponderar por el bienestar de los niños y niñas más vulnerables de la ciudad que ven en ellas, más que una “profe”.
“Nuestro trabajo es vital porque aquí están seguros y nuestra tarea no es de garaje, damos más allá de lo que la gente se imagina para su desarrollo y crecimiento”, sentenció Nancy.
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Por María Angélica García Puerto
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