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Justo a un mes de las elecciones regionales, la Policía Nacional y el gobierno de Gustavo Petro se encuentran en una ‘cruzada’ por mejorar los índices de seguridad en la capital. Para ello la apuesta es clara: aumentar el pie de fuerza y focalizar puntos críticos. ¿Cómo? Petro plantea “descargar” las labores de oficina que tienen algunos uniformados, para que salgan a patrullar. Por su parte, la Policía lanzó la ‘Operación Bogotá’, que consiste en reforzar su presencia en las calles. La estrategia, a los ojos de expertos, es una medida coyuntural que, sin duda, aportará a generar ambientes más seguros, pero que, si no se proyecta a futuro, podría quedarse en un baldado de agua para controlar un gran incendio.
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No fue la única propuesta que dejaron en la mesa los altos mandos para Bogotá. El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, coordinará personalmente los operativos de las autoridades en la ciudad por lo que resta del año, realizando despliegues aéreos y acciones focalizadas en seis localidades. Aunque algunos ven esta iniciativa permeada de intereses políticos, otros ven un refuerzo que combatirá incansablemente a la delincuencia en la capital, ¿funcionará?
La apuesta por “descargar” a policías de funciones de oficina
La petición más reiterada de la alcaldesa, Claudia López, y motivo de discordia entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, a cargo del presidente Gustavo Petro, es el pie de fuerza con el que cuenta la ciudad. Según López, el Gobierno le quitó 1.500 policías, formados con presupuesto del Distrito, siendo para ella una de las causas que más ha “desprotegido” a la capital y que, incluso, la han llevado a proponer ante el Congreso una ‘Policía Local’ solo para Bogotá.
Según el estándar internacional de la ONU, cada territorio debería contar mínimo con 300 policías por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Bogotá, con 16.452 uniformados y uniformadas, apenas se llega a una tasa de 200 policías por cada 100.000 habitantes. “Cuando yo fui comandante de la Policía de Bogotá, teníamos más de 17.000 policías. Eso fue en 2017”, señaló a inicios de septiembre del 2023, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.
Pero la propuesta del presidente Petro, que responde a este déficit de policías, es sacar a los uniformados que estén cumpliendo funciones de oficina o administrativas a las calles. “Todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. Así de simple. Al salir a las calles, aumenta automáticamente el número de policías efectivos y, por lo tanto, el número de policías en Bogotá”, señaló el mandatario al término del consejo de seguridad que lideró la semana pasada.
Parece que la propuesta del presidente no solo es viable sino una medida que, a corto plazo, empezaría a dar buenos resultados. Sin embargo, no es tan “simple” como lo hizo ver el mandatario en la rueda de prensa. “La propuesta es muy viable. Es más, ante el déficit de pie de fuerza que puede salir a las calles, reorganizar las funciones administrativas de manera eficiente es el camino por que más uniformados puedan salir a patrullar. Pensar en aumentar el pie de fuerza en el corto plazo no es viable; eso toma tiempo y requiere presupuesto que, tal como están las cosas, no sucederá, por lo que la estrategia de reorganizar las labores administrativas es el camino más adecuado”, analiza Andrés Macías, investigador y experto en seguridad de la Universidad Externado de Colombia.
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De acuerdo con el Distrito, la Secretaría de Seguridad viene trabajando en ese “descargue” de funciones administrativas o de convivencia este año. Dice Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad, que esta iniciativa es una deuda que tienen las autoridades desde hace años.
“Desde la expedición de la Ley 1801, este es un plan que estaba en deuda. Esta ley insta a los gobiernos locales a descargar a la Policía de temas administrativos, de tránsito y de convivencia. Es algo necesario y en lo que el país debe avanzar. Es evidente que no contamos con suficientes policías. Sin embargo, debe hacerse de manera paulatina. Todos los policías que podamos ganar en territorio representan un apoyo enorme”, señaló el subsecretario.
En Bogotá, el Distrito ha librado esta batalla desde varios frentes: creando redes ciudadanas, que puedan apoyar labores de vigilancia en los barrios; creando conexiones digitales de frentes de seguridad con el C4 de la Alcaldía, y destinando grupos de gestores y gestoras, que atiendan conflictos como delitos de violencia intrafamiliar o riñas, que fácilmente pueden mediar sin necesidad de personal armado.
“Este año hemos visto resultados importantes y que precisamente responden a esa idea de descargar a la Policía. Desde la Secretaría de Seguridad, gracias a las 808 Redes de Cuidado, a los más de 1.000 Frentes de Seguridad y más de 5.000 líderes civiles conectados en tiempo real, y que han pasado por procesos de capacitación para liberar a temas de convivencia, hemos podido lograr la disminución de delitos de alto impacto en los últimos dos meses”, añadió el funcionario.
Los retos para sacar a policías de las oficinas
Más allá de la coyuntura y la necesidad de disponer de más policías, la propuesta exige una nueva inversión en personal, que atienda las funciones que dejan los policías que salen a las calles, y una proyección a largo plazo que busque reestructurar a la Policía Nacional, para que la institución genere más interés entre los jóvenes de hacer parte de ella, otro problema que tiene en déficit de personal a la Policía.
Así lo piensa el exsecretario de Seguridad de Bogotá, y experto, Hugo Acero, quien apunta a que la propuesta no debe quedarse en medidas coyunturales. “Es importante si esta medida se toma de manera definitiva y no coyuntural, como parece que se hace en este momento. Para que sea permanente hay que financiar un cuerpo administrativo profesional no uniformado, para sacar a los policías que fueron entrenados para prestar servicios de seguridad y que hoy están dedicados a labores de oficina. Son cerca de 20 mil policías que se están perdiendo en labores administrativas y que podrían fortalecer las labores de seguridad en las calles”, indicó a El Espectador.
Jairo Libreros, profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia, enfatiza en dos elementos a tener en cuenta con esta iniciativa: una es el perfil del talento humano administrativo que va a salir a las calles. La segunda es incentivar a la incorporación de nuevos policías, un aspecto que también se ha convertido en todo un reto para la Policía Nacional.
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“Es muy vendedor decir que esas personas que llevaban funciones administrativas ahora saldrán a realizar labores de vigilancia o apoyar otras funciones en campo. Pero hay que recalcar que salir a las calles no soluciona llanamente el problema de inseguridad. Hay que analizar cómo se van a llenar esos vacíos. Hay labores administrativas de suma importancia. Por ejemplo, ya hay un malestar general por el proceso de interponer denuncias y los riesgos de revictimización. Esos roles, ¿quiénes los cumplirían? ¿Personal de la Alcaldía?. Buscamos que ese personal que esté en la calle no solo porte el uniforme sino que realmente pueda responder a situaciones de emergencia”, analiza Libreros.
Otro reto, aparte de sacar a policías a las calles, es que ingresen a las filas de la Policía Nacional. La general Sandra Hernández, en su discurso de posesión como primera mujer comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, declaró que la institución no le había “quitado” policías a la ciudad, sino que al interior hay una alta rotación de personal. “A la Metropolitana no se le ha quitado policía. El tema es que hay un alto nivel de rotación. Así como ingresa un alto número de policías hay un alto número que sale. Sale por retiro, suceso y arraigo”, señaló entonces la General.
Pero para Jairo Libreros, el tema es que ingresar a la Policía no es tan atractivo para la juventud. “Si no hacemos un trabajo serio, hoy, para proyectarlo a futuro, de mejorar las condiciones salariales y profesionales de los integrantes de la Policía; fortalecer la capacidad de reclutamiento, o volver más atractivo para los jóvenes y que le apuesten a la carrera policial con el Estado, nos vamos a quedar sin alternativas”, señaló el experto.
Salamanca y los intereses tras la ‘Operación Bogotá’
“En coordinación con las autoridades distritales, la Fiscalía General de la Nación, los gremios de la producción, la academia y, por supuesto, la comunidad vamos a trabajar juntos hasta doblegar a los criminales y convertir a Bogotá en una de las ciudades más seguras de América Latina”, declaró el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, dando a conocer la ‘Operación Bogotá’, una estrategia que será implementada en lo que queda del 2023.
Entre los componentes de la operación, se contempla el refuerzo de los Comandos Especializados de la Secretaría de Seguridad; el sobrevuelo constante del sistema SIART (Sistema de Monitoreo Integrado Remotamente Tripulado) de la Policía, y la focalización en seis localidades de la ciudad (Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, Usaquén y Chapinero), sumado a los 60 barrios que ya priorizó el ‘Plan Bogotá 60′, de la secretaría.
En una decisión tomada en el consejo de seguridad, el general anunció, además, que en el marco de la ‘Operación Bogotá’, el oficial vendrá a Bogotá para dirigir personalmente las actividades. Pero esta llegada, y el anuncio de Petro de más jornadas de Gobierno al Barrio, en Suba, Bosa y Ciudad Bolívar, tienen para los analistas, dos lecturas: la verdadera cruzada por la seguridad de la capital del país, tan añorada por las y los capitalinos, y otra lectura que deja un mensaje político, que salpica esta serie de ‘tomas’ en la ciudad, a un mes de las elecciones regionales.
“Dado que esta acción se da después de los encuentros ciudadanos del presidente Gustavo Petro en varias localidades de la ciudad, se podría interpretar como una acción política en medio de la campaña electoral, como seguramente lo investigarán los organismos de control. También, desde luego, hay que esperar que la Dirección de la Policía y la Institución en su conjunto no se presten para el juego político electoral y que sus decisiones respondan a las responsabilidades constitucionales y legales y al interés genuino por garantizar la seguridad de los ciudadanos en Bogotá”, advierte el exsecretario Hugo Acero.
De acuerdo con el investigador de seguridad, Andrés Macías, esta presencia del general Salamanca es algo que ya había solicitado Bogotá desde hace tiempo, lo cual no deja de ser “inquietante”, que se cumpla a un mes de las elecciones. “Antes de una jornada de elecciones, todas las acciones de funcionarios públicos tendrán un impacto político”, añade el analista.
Por último, este nuevo plan de la Policía Nacional y las iniciativas de Petro ponen en una situación particular a la Alcaldía de Bogotá, para jugar un rol que aporte al cumplimiento de los objetivos de la ‘Operación Bogotá’: “la llegada de más policías a las calles y la presencia de Salamanca en Bogotá lleva a un reto importante para el Distrito, y es lograr articular de manera fluida ese apoyo nacional con las dinámicas de seguridad que ya se venían adelantando”, concluye el experto
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Por Juan Camilo Parra
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