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En la localidad de Puente Aranda, exactamente en la carrera 41 A # 6-8 hay un edificio esquinero a medio construir, que acumula al menos tres prórrogas y una adición de más de COP 6.000 millones a un contrato de COP 12.000 millones. Se trata de la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, un proyecto que busca reducir el hacinamiento en Bogotá, pero que lleva estancado y retrasado por varios temas de diseño que continúan sin resolverse del todo. Entre tanto, algunas estaciones de Policía de Bogotá continúan con índices alarmantes de hacinamiento.
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Una realidad de la capital es que el hacinamiento en estaciones de Policía sí ha bajado, como afirma la Secretaría de Seguridad: hace un año la capital reportaba una situación crítica, con una capacidad máxima para 1.227 capturados y más de 3.280 en centros de detención, es decir, una sobreocupación del 167 %. Hoy día la cifra, aunque varía semana a semana, está por los 1.780 detenidos, una sobreocupación del 45 %, lo que indica que hay más de 500 detenidos de más en estas estaciones.
Una reducción que se ha logrado, en gran medida, por la gestión de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Distrito, con la implementación de herramientas tecnológicas, en atención a la orden de la Corte Constitucional que obligó a Bogotá, con la Sentencia T-151 de 2016 (y el Auto 110 de 2020), a tomar medidas urgentes.
Si bien la ciudad ha avanzado en esta reducción, no ha sido por nueva infraestructura. Ante la sentencia de la corte surgieron proyectos como los CER, Centros Especiales de Reclusión, edificaciones en Bogotá diseñadas para albergar transitoriamente a privados de la libertad con un enfoque de justicia restaurativa que asemejara los estándares de la Cárcel Distrital.
En 2022 se entregó la Fase I de los CER, en Puente Aranda, con 216 cupos nuevos y una inversión total de COP 14.196 millones. Pero la FASE II, que debía entregarse inicialmente en 2025, con otros 273 cupos, ya ha atravesado cinco modificaciones e incumplió la última prórroga que vencía en mayo de este 2026. De haber cumplido con el CER II, la ciudad habría reducido a la mitad su hacinamiento en estaciones y centros transitorios.
Pero hoy día, la obra está por encima del 72% ejecutado, frente a un 96% programado y adicionó COP 6.000 millones, dejando dudas de cuándo se entregará finalmente la obra y qué hay detrás de los retrasos.
Los retrasos del CER II
Tanto el Concejo de Bogotá, como la Contraloría, han alertado sobre este proyecto cuya firma de contrato se remonta a 2023. En su momento, aumentar a 500 la capacidad de los CER y aportar a la reducción del hacinamiento, era el objetivo, pero los problemas que procedieron con la consultora Arquitectura y Urbanismo SXXI SAS, que lo construye, y una serie de fallas en los diseños finales, tienen la obra en vilo.
Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático que le lleva el hilo a los procesos para ampliar las cárceles de Bogotá, indicó sobre este caso: “el CER II podría convertirse en otro elefante blanco producto de la mala planeación, los diseños incompletos y la falta de control contractual. Bogotá necesita soluciones reales para la crisis carcelaria, no proyectos eternos que terminan multiplicando sus costos”.
El contrato de la Fase II fue firmado al cierre de 2023 por COP 12.271 millones, junto con su respectiva interventoría por COP 1.221 millones. En un principio las obras civiles, que arrancaron el 1 de abril de 2024, debían terminarse en febrero de 2025, pero tras tres prórrogas, la última fecha fue pactada para el 29 de mayo, fecha en la que tampoco se concretó el proyecto.
En enero de este año La Contraloría, había alertado de los retrasos y de la adición presupuestal que subió el valor de esta obre a más de COP18.000 millones. “El Contrato de Obra ha sido objeto de cinco (5) modificaciones, incluyendo prórrogas, suspensiones y una adición presupuestal por valor de COP 6.173.000.619 ascendiendo su valor total actual a $18.444.780.056, con nueva fecha de terminación prevista para el 29 de mayo de 2026”, aseguró en su momento la Contraloría.
Entre las principales fallas técnicas señaladas por la entidad y la Secretaría de Seguridad, se encuentran más de 250 inconsistencias graves y falta de coordinación interdisciplinaria en redes esenciales (ventilación, electricidad y red contra incendios) que violaban las normas de altura libre, además de la ausencia de memorias de cálculo y presupuestos detallados.
El Distrito emprende acciones legales
La Secretaría de Seguridad sostiene que los retrasos en la obra del CER no se deben a una falta de gestión institucional, sino a deficiencias críticas en los Estudios y Diseños heredados de la contratación de 2022. El Distrito recalca que dichos diseños se recibieron en diciembre de 2023 con un “grave vacío de control” debido a que fueron elaborados originalmente sin una interventoría técnica. Esta situación, explica la entidad, fue lo que obligó a inyectar una adición presupuestal de COP 6.173 millones “para corregir y salvar la viabilidad del proyecto”.
De acuerdo con un informe conocido por este diario, el Distrito señaló que la firma consultora “se negó a corregir sus productos”, por lo que el Distrito desplegó una fuerte ofensiva legal que incluye una demanda de reconvención, la reclamación de la póliza de calidad por COP 160 millones, y una acción de tutela impugnada, última acción que fue negada por el tribunal, al no ser el mecanismo judicial adecuado para resolver este embrollo.
“La Secretaría de Seguridad ha emitido 70 comunicaciones oficiales y 15 informes técnicos de revisión. Ante las fallas, inició el proceso de efectividad de la póliza de calidad por $163.382.906,40 ante la aseguradora y radicó una demanda de reconvención el 10 de marzo de 2026 dentro del proceso legal de controversias contractuales”.
Por su parte, la empresa consultora se defendió argumentando que aún se encontraba dentro de los plazos legales para responder a los requerimientos del Distrito y que, en todo caso, ya había manifestado mediante oficio que cumplió a cabalidad con la entrega integral de los estudios, planos, formalmente aprobados en junio de 2023.
Según la firma, las discrepancias actuales no constituyen un rediseño del proyecto, sino que corresponden a procesos técnicos menores de coordinación en obra (como niveles e interferencias de redes) que no alteran la volumetría ni los parámetros urbanísticos de la licencia de construcción vigente.
Para asegurar la entrega de un nuevo CER seguro y funcional, la entidad ya evalúa una nueva prórroga de 120 días que movería la entrega final al 29 de septiembre de 2026. Esto cuando la ciudad reporta, según datos de la Personería, hacinamiento grave en la estación de Bosa, con 280% de hacinamiento (133 personas en 35 cupos); seguida muy de cerca por Usaquén con un 240% (34 personas en un espacio para 10), y Candelaria con el 187%, situación que pide a gritos nueva infraestructura.
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Por Juan Camilo Parra
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