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El tema del transporte escolar se ha convertido en el dolor de cabeza para algunos padres de familia, que tienen a sus hijos en colegios distritales. A pesar de haber pedido el servicio, desde el momento de la matrícula (pues cumplían y cumplen los requisitos), está aportas de terminar el primer semestre y a la fecha siguen sin una respuesta ni una solución clara. Por eso, esta semana perdieron la paciencia, al punto de protestar y afectar la movilidad.
Las complicaciones, para acceder a los cupos en las rutas que asigna la administración, han sido notorias desde comienzo del año. En enero, la Personería de Bogotá advirtió que tres de los cinco operadores contratados habían dejado de operar 211 rutas, incumpliendo el contrato. Y a pesar de esto, resaltó, la administración no había iniciado procesos administrativos sancionatorios. “Evidenciamos un presunto incumplimiento en 11 órdenes de compra, afectando el servicio de transporte escolar”, indicó el ente de control.
Tal parece, que la advertencia de poco sirvió, pues los problemas se mantuvieron. Pasaron los meses y, a falta de una respuesta, los afectados se cansaron y el martes, un grupo de padres de familia, del colegio Juan Francisco Berbeo (norte de Bogotá), salieron a protestar, bloqueando vías y afectando la movilidad. Solo de esta manera lograron una solución parcial: tras un diálogo con el Distrito, este se comprometió a habilitar cuatro rutas adicionales para esta institución a partir de junio. Además, de hacer seguimiento a la implementación de las rutas escolares en la institución. No obstante, la solución de fondo aún está por llegar.
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¿Qué responde el Distrito?
La Secretaría de Educación indicó que en Bogotá hay 800.000 estudiantes matriculados en los colegios públicos. De ellos, 57.753 se encuentran registrados y cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar (PME). Pero no todos tienen cupo en ruta escolar. Tras un análisis, en el que se tiene en cuenta la distancia entre sus hogares y el colegio, actualmente 26.000 tienen cupo en ruta, 24.000 reciben subsidio de transporte, y 7.753 hacen parte de servicios de movilidad alternativos como el programa “Colegio en Bici”.
En el caso puntual de la transferencia monetaria, esta la reciben los padres de familia, para que ellos puedan llevar a los estudiantes. “Si el niño tiene derecho a la ruta y por una situación contractual, en este momento, no tiene el servicio, se encuentra recibiendo el subsidio de movilidad”, indicó la secretaría de Educación.
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Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Según Edna Bonilla Sebá, secretaría de Educación, todo comenzó en enero cuando se presentaron problemas con dos de los transportadores, que, a pesar de haber ganado el proceso contractual, no pudieron cumplir con el servicio. Esto obligó a la administración a adelantar un plan de traslados, para garantizar la cobertura. Las localidades más afectadas fueron Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.
La situación obligó a la secretaría de Educación a poner en marcha un nuevo proceso de contratación, a través de órdenes de compra, que se abrió en marzo y actualmente se adelantan los trámites, para que las transportadoras cumplan el contrato. “Nosotros hicimos todo el proceso contractual, presupuestal y administrativo de manera oportuna y adquirimos las rutas escolares por un acuerdo macro de Colombia Compra Eficiente”, explicó Bonilla.
En medio de este proceso, se contrató una interventoría, que se encargará de revisar cada uno de los contratos, para identificar los problemas. “Estamos esperamos que nos suministren información, que nos permita iniciar, con pruebas, el proceso sancionatorias. Quiero insistir en que hay dos procesos que tenemos todas la pruebas y documentación donde se declara el incumplimiento del contrato”, aclaró la funcionaria.
Deudas a los conductores
Pero el problema detrás del transporte escolar no solo ha afectado a padres de familia o a la administración. Al panorama se suma un elemento adicional: la deuda que tiene el Distrito con los transportadores. Según ellos, fueron contratados a finales del 2020 y obligados a operar durante el 2021, a pesar de las perdidas y la falta de pago. Se trata de 9 uniones temporales, que tienen a su cargo 1.209 conductores y con las cuales Secretaría, se supone, les estaría debiendo $7.000 millones desde abril del año pasado.
El espectador se contactó con Liliana Ávila, representante de la empresa de transporte Senaltur y miembro de la unión temporal CST 2020, quien contó detalles particulares de su contrato. Asegura que, a pesar de haber logrado el pago de marzo a junio, aún le adeudan a la unión más de $1.400 millones por el servicio entre rutas complementarias y regulares, desde junio hasta diciembre del 2021.
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Según la representante, han tenido que recurrir a créditos para poder mantener su funcionamiento, pues tuvieron que hacerse cargo de los costos de operación en los momentos de paro, días semipresenciales o jornadas de paro pedagógico. “Ese contrato lo estructuraron como un servicio similar a Transmilenio, donde trabajan todo el día, pero a nosotros nos pagan por pasajeros y por días y no tenemos rutas de manera continua”, indicó Ávila.
Recalcó que el modelo de trabajo los tiene al borde de la quiebra. Según Ávila, “pedían un bus de 40, pero solo podían ir 20 niños. Esto lo vinimos a saber hasta agosto y aumento los costos operativos”. La unión temporal CST 2020, espera que en este mes se efectúe el pago de $1.184 millones. Sin embargo, aseguran que el Distrito no ha definido cuando se cancelarán los $240 millones faltantes.
Por último, Ávila aseguró que la crisis de las rutas escolares que hoy vive la ciudad es un problema que se ha venido acarreando desde el 2021, ya que le han fallado a las empresas de transporte consolidadas y, a pesar de que se han iniciado nuevos contratos, “los que quedaron son empresas que no tiene carros”.
El problema, por ahora, sigue a la espera de una solución definitiva. Revisar los contratos a fondo, para definir posibles irregularidades; cancelar las deudas, para restablecer relación con las empresas de transporte, y estructurar de mejor manera el programa de movilidad escolar, son los retos que quedan por superar, para volver a garantizar el servicio a los estudiantes, quienes son los principales afectados.
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