Luego de 25 años, ingeniero ambiental recupera beca que le dieron al nacer

La decisión, que expidió el alto tribunal administrativo, es el resultado de una pelea que lleva diez años y que inició la familia del joven cuando él estaba a punto de graduarse como bachiller. A finales de 2004 su padre, Mario Hernando García, se dirigió a la alcaldía para reclamar el beneficio que le habían prometido a su hijo. Sin embargo, el entonces alcalde municipal, Carlos Barbosa Malaver (hoy condenado por corrupción) rechazó la solicitud argumentando que Nicolás no tenía los 19 años que estipulaba el acuerdo.

Atendiendo esa razón, la familia esperó a que el joven cumpliera la edad. Dos años después, regresaron a la Alcaldía a reclamar la beca. Sin embargo, en esa oportunidad fue otra la excusa para no cumplirle. La Oficina Jurídica del municipio consideró que el acuerdo del Concejo, que lo hacía merecedor de la beca, era inconstitucional, ya que la carta magna prohibía “a las ramas del poder público decretar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado”. Es decir, que una entidad del Estado no puede regalarle dinero a un privado.

Ante la negativa, y para acabar con la duda de si el acuerdo era legal o no, los padres de Nicolás llevaron el caso ante la justicia, pues consideraban que la beca era un derecho adquirido, que a esta altura no le podían negar.

Rosalba Garay, madre de Nicolás, relató que mientras el proceso avanzaba en el Consejo de Estado, ella y sus marido hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que Nicolás ingresara a una universidad en Bogotá y pudiera cumplir su sueño de ser ingeniero. Para lograrlo, pidieron préstamos y el joven trabajó para pagarse lo del diario. Al principio se matriculó y cursó los primeros semestres en la Universidad El Bosque, pero al poco tiempo se tuvo que trasladar a la Santo Tomás, ya que era más económica y los horarios eran flexibles, para poder trabajar. “El tiempo pasaba y no podía quedarme quieto. Por eso tuve que trabajar, vendí motos y monté una microempresa de plásticos para poder financiar mi carrera”, contó Nicolás.

La sentencia

Finalmente, la justicia se pronunció y los magistrados le dieron la razón a la familia García, al considerar que la administración debía cumplir el acuerdo y pagar la beca prometida, ya que esta no era una dádiva sino una decisión del Concejo, que promociona la educación y, por lo tanto, se debía cumplir. “Pusimos esa demanda, no tanto por el tema de justicia, entendido como el ideal del derecho, sino porque simplemente me ofendía saber que algo estaba mal hecho”, explica Nicolás.

Hace poco la Alcaldía llamó a Nicolás para conciliar sobre el dinero que le tiene que reembolsar por los semestres que ha cursado en su carrera como ingeniero. Hasta el momento Nicolás no está seguro de qué papeles le van a pedir para hacer efectiva la orden del Concejo o cuál será el monto que le entregarán.

Hugo Alexánder Bermúdez, alcalde de Anapoima, explica que la sentencia tiene vacíos, ya que no está claramente estipulada la cantidad de dinero que le deben pagar. “Debido a todos los detalles que falta aclarar, no creo que alcancemos a llevarla a cabo en los 40 días de gobierno que nos quedan”, indicó el mandatario.

Sin embargo, la sentencia es clara en los montos que debe pagar la administración. Detalla que el municipio debe pagarle los casi $6 millones que costaron los dos semestres que cursó Nicolás en la Universidad El Bosque y todos los semestres que lleva estudiando en la Universidad Santo Tomás, incluyendo los ajustes anuales del 25 %, monto que la sentencia calcula en $50 millones. Además, por daños morales deben consignarle el equivalente a 100 salarios mínimos y otros 100 a su papá.

Nicolás García dice que lo primero que hará con el dinero será pagar las deudas que le quedaron de la universidad y “cumplir el sueño de ser empresario. Abrir una compañía de consultoría en temas ambientales. He visto cómo está el planeta y creo que lo necesitamos”, concluyó.