Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Estar de pie frente al edificio amarillo opaco, donde funciona la Comisaría de Familia 1 de Usaquén, le produce a Laura A.* “un estrés postraumático”. Para ella, la estructura es el vivo reflejo de la revictimización y del doloroso recuerdo de los cientos de días que lleva sin ver a su niña, de dos años, tras una decisión que considera producto de presuntas negligencias y hechos de corrupción, que por años han ensombrecido la labor de las comisarías en todo el país. La última vez que tuvo a su hija en brazos fue la noche del 8 de abril de 2023, la cual quisiera borrar.
Después de pasar meses viviendo “un infierno”, intentando acercar a su hija a la familia paterna, decidió salir del edificio, en el que también vivían la abuela y la tía paterna de la niña. Momentos después, el progenitor, que cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales, la interceptó con una turba, alegando que iba a “salvar” a la niña. Tras un cuestionado procedimiento, una serie de lesiones contra Laura -corroboradas por Medicina Legal-, y la intervención de la comisaría, la niña fue entregada esa noche a la familia del padre.
Ella pensó que no pasaría mucho tiempo lejos de la niña, pues sería evidente para las autoridades que la niña tenía arraigo con su madre y que los antecedentes del padre serían suficientes para que la justicia se inclinara a su favor. Pero la decisión, “increíblemente”, dice su abogado, fue a favor de la familia del padre, en un proceso “absurdo”, que no solo sufrió Laura, sino cientos de madres en Colombia, que pasan de ser víctimas a victimarias, en procesos sin garantías, como lo demuestran los detalles de cada caso.
¿Protección o revictimización?
Valentina llegó a Bogotá oriunda de Florencia (Caquetá), huyendo de las amenazas de muerte de su expareja. Después de vivir escondida, ella y su pequeña hija llegaron a la Comisaría 9 de Paloquemao, buscando ayuda. “Nos dieron medida de protección por riesgo de feminicidio”. Medida que no tardaron en quitarle, porque el padre de la niña “presionó con sus influencias”, relata esta mujer, quien narra cómo constantemente los funcionarios de los equipos comisariales la responsabilizaban de la salud mental del agresor. “Me equiparan con él, como si yo también fuera agresora”.
Estos y muchos otros casos han puesto en tela de juicio la misión de las Comisarías de Familia. Así lo denunció Alexandra Correa, en su investigación “Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez”, la cual fue uno de los puntos de partida para denunciar irregularidades y un presunto “cartel de la niñez” en las comisarías. Gracias a su trabajo, la Corte Constitucional prohibió el argumento del “síndrome de alienación parental”, el cual, sin sustento científico, muchos han usado para justificar supuestas manipulaciones de las madres y para quitarles la custodia de sus hijos.
Las Comisarías de Familia han tenido diversas evoluciones desde su conformación en 2006 por Código de Infancia y Adolescencia. Actualmente, están cobijadas por la subdirección de familia de la secretaría de Integración Social, y están, además, desbordadas. La sobrecarga la reconoce el secretario Roberto Angulo, que explica que, según la Ley 2126 de 2021, debería haber una comisaría por cada 100.000 habitantes.
En la capital hay un “equipo comisarial” por cada 155.000. Lo primero que encontró al llegar a la cartera, es que las comisarías demandan todo el tiempo de las de la dirección de Inclusión. Bogotá cuenta con 37 comisarías con inmueble propio, pero en total hay 51 equipos comisariales que suplen la demanda actual cuando debería haber 80. El 70 % de las víctimas que acuden a las comisarías son mujeres y cerca del 30 % de casos están relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Una mamá resalta los efectos de la violencia vicaria o la instrumentalización de menores para infligir sufrimiento a sus madres: “las mujeres que sufren violencia institucional tienen como secuelas depresión o estrés postraumático, son personas con daño permanente y discapacidad. En estas dos patologías la pérdida de capacidad laboral puede ser hasta del 75 %”.
Las Comisarías de Familia nacieron para descongestionar el sistema judicial del gigantesco índice de conflictos familiares que deberían resolverse a través de la justicia ordinaria en juzgados de familia o centros de conciliación, pero aunque velan por proteger a las familias, terminan siendo, muchas veces, centros de revictimización. A pesar de que las Comisarías, desde el 2021, con la entrada en vigencia de la Ley 2126, ya no tienen competencia para emitir órdenes de custodia, pueden adoptar medidas de protección como: la orden de alejamiento, la suspensión de la vida en común, la definición provisional de la custodia y cuidado personal, entre otras, con las que, dicen las denunciantes, se siguen vulnerando sus derechos.
María Clara Name, concejal y coordinadora de la Bancada por la Niñez, se suma a los reparos. “Preocupa la revictimización en algunos casos. Por ejemplo, entre enero y abril, de 304 atenciones por violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, las Comisarías solo remitieron 38 a la Fiscalía, lo que equivale al 12 %. Es evidente que en muchos casos no se les cree a las víctimas”, dijo.
La secretaría de Integración Social de la era Galán reafirmó la meta de pasar de 51 a 67 equipos comisariales, llegando a un cubrimiento de un equipo comisarial por cada 122.000 habitantes, aun lejos de la recomendación que estipula la ley. “Todavía no alcanzaremos a la tasa ideal, pero aun así este crecimiento es el más grande de los últimos tres gobiernos”, dijo Roberto Angulo.
¿Sin debido proceso?
Jessica, una madre de un niño con autismo, fue imputada en mayo de este año por falsa denuncia, después de 10 años de un proceso que arrancó en una comisaría de Marsella (Kennedy). Cuenta que estando en embarazo, el padre del menor la instó a interrumpirlo, haciendo incluso que ella tomase una riesgosa prueba de ADN fetal para comprobar el parentesco. “Los primeros años él no estuvo presente, luego volvió”.
Señala la madre que soportó toda clase de acosos de parte del hombre hasta que ella se acercó a la comisaría para solicitar la medida de protección. También denunció en la Fiscalía. Logró una medida, pero el rumbo viró en su contra y en la comisaría incluso fue acusada de tener problemas psicológicos y más adelante el ente investigador precluyó la denuncia por violencia intrafamiliar. “Eso dio paso a que él me llenara de denuncias”, dice la mujer, que cuenta 17 procesos abiertos en su contra desde 2022.
Jessica resalta como barrera “los estereotipos” y la “normalización de las violencias” que llegan a vivir algunas mujeres en cada uno de los procesos. “Desde que llegamos a solicitar ayuda, los funcionarios, independientemente de su género o cargo, tienen una visión de que somos mujeres despechadas, o vengativas. Mi hijo ahora está en riesgo por este señor desconocido para él. El próximo 5 de septiembre tengo audiencia de acusación”.
Comisarios y comisarias
Adriana P. dice que han sido víctimas de esta violencia institucional dos veces. Primero con su hijo mayor, quien vivió cinco años con un sujeto que su madre había denunciado por violencia intrafamiliar como resultado de un proceso que se desarrolló en una comisaría de Barrios Unidos. Su hijo cumplió la mayoría de edad, volvió con su mamá y atestiguó el “martirio que vivió”. Luego, a Adriana le tocó vivir un calvario con el padre de su hija menor que hoy no termina. En la comisaría de Usaquén los procesos guiaron a que la custodia de la niña de 9 años quedara en manos de su padre, a quien acusa de cometer abusos contra la niña. Este caso valió para reforzar las dudas sobre las comisarías de esta localidad, donde una comisaria fue retirada del cargo.
Los abogados defensores de víctimas son pieza clave en estos casos, aunque tampoco logran marcar la diferencia para contener los vicios que llevan a la revictimización. Juan Camilo Durán, representante de Laura, anota que no solo para él, sino para muchos abogados, tomar casos que atienden las comisarías representa, en algunos casos, un riesgo, porque saben que “si un comisario está de tu lado, es un paraíso. De lo contrario, sabes que hará todo lo posible por favorecer a su protegido, y tendrá éxito”.
Los comisarios son elegidos por un concurso de carrera administrativa. Son directivos de planta, y la Ley 2126 define que tienen el grado más alto de la entidad territorial. La Comisión Nacional del Servicio Civil se encarga de los procesos de selección. “Son autónomos en sus procedimientos, pero hacen audiencias sin los requisitos básicos. Si analizáramos cómo se desarrollan, la mayoría deberían cancelarse”, agrega el abogado Durán.
El secretario de Integración Social adhiere: “Hay una discusión importante: el comisario es independiente para emitir sus fallos y medidas de protección. Como secretaría no podemos interferir. Sin embargo, el comisario hace parte de un equipo de Integración Social. Ahí estamos mirando cómo podemos direccionarlos a la no revictimización”, dijo Angulo a El Espectador.
A esto se suma otro hecho: salvo el comisario(a), los profesionales que conforman los quipos comisariales, no son empleados de planta, sino contratistas, que además enfrentan una ola interminable de casos de violencia intrafamiliar a diario. En el análisis que hace Roberto Angulo, “esto genera que los funcionarios abandonen sus contratos”. Para esto su secretaría hará un laboratorio que arranca este año: conformar 504 cargos de planta. “Esto va a permitir que los equipos queden bien conformados, pues hay algunos que siguen operando incompleto”, dice el secretario.
La infraestructura tecnológica en las comisarías también puede aportar a la revictimización. En algunas sedes el internet no da para llevar a cabo las audiencias virtuales, tan necesarias en los casos de violencia intrafamiliar que evitan el encuentro entre víctimas y victimarios y que muchas veces se ve menoscabado por la mala señal de wifi. No en vano, la secretaría de Integración evalúa terminar el contrato con ETB, y abrir este año una nueva licitación para asegurar una red más óptima, así implique, cambiar de operador.
La cantidad de quejas llevó este año al Distrito a abrir investigaciones disciplinarias preliminares contra algunos(as) comisarios, con un cúmulo de quejas importante, o por decisiones equivocadas a la hora de implementar una ruta de atención. Por su parte, las denuncias, que trascienden las decisiones administrativas y se acercan a posible corrupción, actualmente están en manos de la Fiscalía.
El decreto para estructurar un equipo de planta con 504 puestos fijos para las comisarías, lo firmó el alcalde Carlos Fernando Galán, el jueves 26 de agosto y se espera que con este la estructura jerárquica de las comisarías de un vuelco, en intento por equilibrar los poderes de los y las comisarias.
La esperanza de Laura, Valentina, Jessica, Adriana y las otras madres y padres que denuncian irregularidades en comisarías de Cajicá, Medellín, Ibagué, Cali y Bucaramanga, sigue intacta, pero “el daño está hecho”. Sus hijos e hijas presentan secuelas psicológicas por estos procesos, el desgaste institucional y económico las ha revictimizado y agotado. También las ha unido para exigir reparación, al menos, en procesos con garantías procesales, ya que por cualquier error, sin duda, son los niños y niñas quienes más sufren la desidia y las malas decisiones del aparato judicial diseñado para proteger a las familias.
*Los nombres se cambiaron por solicitud de las víctimas.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Juan Camilo Parra
Conoce más