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En una tarde de discursos, el atentado a Miguel Uribe paralizó a la capital, pero no a los que hacen política. Antes del ataque, el precandidato hablaba de un tema que revive cada tanto: el porte de armas de fuego. “Yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su arma, lo pueda hacer”, dijo. Hoy sus palabras retumban en la cabeza de muchos, quienes ven esto como una opción ante el riesgo de ser víctima de un crimen.
Pero ¿es viable? ¿Estamos preparados? ¿Los discursos políticos van en línea con la realidad? Detrás de este debate, que no es nuevo, son más las voces en contra que a favor y, en especial, porque a más armas en poder de la gente es más alta la probabilidad de que aumente la violencia. Sin dicha autorización, según cifras de la Policía Nacional, este año se han registrado 300 homicidios con arma de fuego. ¿Cuál sería la cifra si no existiera restricción?
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Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Bogotá las armas de fuego históricamente han sido el medio más usado para cometer homicidios. Catalina Miranda, Coordinadora de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado de la FIP, señala que, un análisis que hizo la organización, encontró en experiencias internacionales que “cuando se flexibiliza el uso de armas de fuego, la violencia homicida incrementa”.
Hay quienes piensan que ante el aumento desmedido de violencia, se requieren acciones concretas para que el ciudadano de a pie cuente con herramientas para defenderse. Sin embargo, así como lo indicó Miranda, “ellos nunca tienen evidencias fácticas de que la política sea positiva, sino todo lo contrario”.
La opinión de Andrés Nieto, experto de seguridad y exsubsecretario de Seguridad, está en sintonía con lo que afirma Miranda y señala que flexibilizar el porte sería catastrófico, ya que, en la realidad, los delincuentes están entrenados y el ciudadano no, lo que lo pondría en desventaja. “El problema no son las armas legales, sino las armas de los delincuentes”, agregó.
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Hoy los esfuerzos están centrados en combatir las armas ilegales en las calles. El año pasado, por ejemplo, las autoridades incautaron 21.234 armas de fuego en todo el país, lo que equivale a un promedio de 1.769 al mes. Este año, entre el primero de enero y el 31 de mayo, iban 10.319, lo que equivale a 2.063 al mes. En el caso de Bogotá, el año pasado se decomisaron 1.407 armas y en los primeros cinco meses de este año van 708.
En cuanto a capturas por tráfico o porte ilegal de armas, se tiene que entre enero y mayo de este año las autoridades han capturado a 765 personas por este delito, entre ellos nueve menores de edad, 13 adolescentes y el resto adultos (52 mujeres). Durante 2024 capturaron a 1.555 personas por porte ilegal de armas, entre ellos 92 mujeres y 34 adolescentes.
Por garantizar la seguridad
Pero hay un sector que insiste en la necesidad de la medida. Como el que representa el congresista Juan Carlos Wills (Partido Conservador) y autor de un proyecto de ley, que avanza en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. “Lo que vemos es que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de todos los colombianos. Hay empresarios, comerciantes y ganaderos que no se sienten seguros en ninguna parte”.
Eso sí, aclara que la propuesta contempla estudios rigurosos para aprobar los permisos, con consideraciones como quien “tenga un nivel de riesgo comprobado y cumpla con los requisitos, pueda portar un arma, ya que el Estado ha fallado en su deber de protegerlo”.
Al preguntarle sobre el posible aumento de violencia asociado a una mayor tenencia de armas, su mirada va en contra vía de los estudios: “Quien porta un arma de forma legal no lo hace para cometer delitos. Lo que ocurrirá, más bien, es que se generará un efecto de persuasión frente a los delincuentes. Esto no significa que quien porte un arma legalmente esté exento de cometer un delito. Seguramente habrá casos aislados, pero bajo ninguna circunstancia esto incrementará la violencia en el país”.
Dilema de la defensa propia
Un arma es una herramienta cuyo uso debe tener una preparación y un entrenamiento, que no tiene la ciudadanía. En conversación con los expertos, se debe recibir una capacitación psicológica, en la que la persona tome la mejor decisión en dicho escenario, porque, incluso, la misma arma puede ser usada en contra del ciudadano que “se está defendiendo”.
“Una persona que no tiene ese entrenamiento va a disparar a matar y va a infligir un daño mayor, que después se va a convertir en un delito”, señaló Miranda. Además, se vuelve un problema mayor, al llevar los casos a la ley e intentar probar la legítima defensa, que debe responder a unos principios como el comprobar el riesgo y la proporcionalidad.
“Comprobarlo es complejo, ya que implica probar diferentes variables y en un asunto como un hurto o en un intento de homicidio es difícil”, indicó Nieto. En estos casos, comprobar que la persona no tenía la intención de accionar el arma y que como último recurso lo hizo se vuelve un reto.
Inclusive, aunque el ciudadano logre comprobar la legítima defensa, no se escaparía de un cargo por homicidio o tentativa de homicidio. Ante eso, Wills señaló que dependerá de los casos y será una cuestión netamente de los jueces de la república.
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El problema son las armas ilegales
Al respecto, El Espectador habló con el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, quien señaló que, más allá de hablar de las armas controladas, es decir, aquellas que tienen un registro y un responsable, “¿por qué no hablamos de las no controladas, las que causan la mayoría de delitos? Ahí es donde está el problema, junto con las armas traumáticas”.
Estas últimas son utilizadas por los delincuentes como estrategia, ya que, en caso de ser capturados, no se les puede imputar el delito de porte ilegal de armas. De la mano, el secretario señaló los retos que implica la normatividad vigente y la regulación a cargo del Gobierno Nacional, la cual limita las capacidades de incautación. Además, indicó la afectación operacional ante la ausencia de una normativa clara sobre las armas traumáticas, las cuales son el verdadero problema en los casos recientes.
La preocupación que expresa el secretario de Seguridad, frente a las armas ilegales en la capital y, en especial, por las armas traumáticas, la respaldan las cifras. En el inventario de armas decomisadas en Bogotá, se tiene que en 2024 incautaron 616 revólveres, 316 pistolas, 103 escopetas, 5 fusiles y 367 armas traumáticas. Este año, entre enero y mayo (2025), fueron 276 revólveres, 177 pistolas, 38 escopetas, 5 fusiles, dos lanzagranadas y 210 armas traumáticas y 2 lanzagranadas.
¿Soluciones sin armas?
Hasta el momento, las apuestas han sido estrategias reactivas. Sin embargo, se piensan alternativas centradas en la prevención del delito y la creación de oportunidades sociales. Un ejemplo es evitar el reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales, reduciendo así su base operativa. Como advierte Miranda, este es un proceso lento, porque requiere fortalecer la oferta educativa, económica y de vivienda en todo el territorio colombiano.
Mientras, se puede reforzar políticas, en palabras de Nieto: “Bogotá adolece en este momento de un plan de desarme integral que incluye el plan candado, que lo que hace es evitar que las armas se incrementen; registrar las armas o hacer constantes operativos para quitárselas a los delincuentes, y no dejar por fuera las armas de fogueo, las armas traumáticas y las armas blancas”, indicó.
“En vez de pensar en cómo alistarnos para legalizar las armas, debemos pensar qué hacer para que no exista la violencia”, recalcó Miranda. En lugar de normalizar las armas, por qué no optar por fortalecer la prevención, el control del armamento y las oportunidades sociales. Además, la coyuntura actual, puede ser un llamado a que los discursos sean fiel a la realidad. No se trata de preparar a la sociedad para armarse, sino trabajar para que nunca tenga que hacerlo.
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Por Sofía Isabel Alfonso
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